La central obrera inicia una gira nacional para presionar a los gobernadores y evitar la aprobación del proyecto oficial. El triunvirato mantendrá este martes una reunión crucial con el mandatario provincial, en medio de crecientes tensiones dentro del bloque opositor.
La Confederación General del Trabajo (CGT) lanza este martes su ofensiva territorial con el objetivo de alterar el destino de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La primera escala de esta gira tendrá lugar en Córdoba, donde el triunvirato será recibido por el gobernador Martín Llaryora. El encuentro marca el primer acercamiento formal del año entre la cúpula sindical y un mandatario provincial, en el marco de las tensionadas negociaciones por el polémico capítulo que reduce impuestos coparticipables a las empresas.
La reunión, pactada para las horas de la tarde, constituye la primera imagen pública que los líderes gremiales obtienen con un gobernador desde su reunión con Axel Kicillof en diciembre pasado. Este acto refleja la consolidación de una estrategia desplegada por los sindicalistas desde que el Ejecutivo envió el proyecto de flexibilización laboral al Congreso, una maniobra que ya logró postponer el debate de diciembre a febrero. Hasta el momento, los contactos se mantuvieron en la reserva, mediante comunicaciones telefónicas y sin registros gráficos que documentasen los intercambios.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, ha sostenido encuentros individuales con diversos jefes provinciales. No obstante, el funcionario evitó fotografiarse tanto con Llaryora como con el santafesino Maximiliano Pullaro. El Presidente mantiene un marcado enojo con este dúo fundador de Provincias Unidas. El cordobesismo cuenta con el respaldo de la senadora Alejandra Vigo. En los pasillos del Congreso circulaban versiones sobre una posible libertad de acción que el mandatario otorgaría en el recinto, una perspectiva que los dirigentes Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Jorge Sola buscarán modificar durante la jornada del martes.
El gobernador cordobés ya había enviado representantes a la cumbre contra la reforma organizada por Luis Barrionuevo en Mar del Plata. Miguel Siciliano, ministro de Gestión Institucional de Córdoba, fue uno de los invitados en esa jornada destinada a bloquear la iniciativa oficial. El pasado domingo, durante la apertura de las sesiones legislativas provinciales, se observó una cohesión de la oposición al peronismo local, con un mensaje de unidad entre Rodrigo De Loredo, Luis Juez y Gabriel Bornoroni. “Este escenario obliga al gobernador a tomar decisiones definitorias. ¿Va a confrontar abiertamente con Milei?”, se cuestionan en los círculos de Provincias Unidas.
La CGT tiene previsto convocar a su Consejo Directivo para definir las medidas de fuerza que adoptará durante la semana del 10 de febrero, fecha estimada para el tratamiento parlamentario de la reforma. Simultáneamente, un conjunto de gremios, junto con las dos Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA), movilizarán hacia la casa de gobierno cordobesa con el fin de persuadir al peronismo provincial.
“El Gobierno carece de los votos necesarios”, afirman con convicción en la máxima conducción de la central obrera, al tiempo que advierten a los gobernadores que la administración de Javier Milei incumplirá sus promesas. “No permaneceremos impasibles. Contamos con una estrategia de reserva que escalará el nivel del conflicto”, admiten confidencialmente los referentes.
“Definiremos los pasos subsiguientes. Mantenemos diálogo con los gobernadores y todos se manifiestan receptivos, admitiendo que el proyecto es un despropósito, pero necesitamos observar su postura en el momento decisivo”, reconoce uno de los triunviros.
Hasta el presente, ni Santilli ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han ofrecido contrapartidas para compensar la pérdida de recursos que afrontarán las provincias, único aspecto que concita el interés de los sectores dialoguistas. Dentro del peronismo, se trabaja para acumular votos en contra de la totalidad de la iniciativa, mientras que otras facciones evalúan acompañar en general pero rechazar específicamente el capítulo fiscal.
En su reciente participación en el festival de Cosquín, el gobernador Llaryora se mostró crítico del proyecto gubernamental y exigió “no retroceder ni un milímetro en los derechos de los trabajadores”. En esa oportunidad, también alertó sobre el riesgo de desaparición de puestos de trabajo en el sector industrial, marcando una clara distancia con los postulados oficiales.
