Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo disolvió el Iosfa y creó dos entidades nuevas, intentando poner un manto de orden sobre el colapso sanitario y financiero provocado por deudas millonarias y recortes. La oposición denuncia que heredaron una institución saneada y la llevaron a la quiebra.
El Gobierno nacional decretó hoy la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), organismo que durante la gestión de La Libertad Avanza acumuló obligaciones impagas siderales y recortó drásticamente las prestaciones a sus más de seiscientos mil afiliados en todo el territorio nacional. En su reemplazo, se crearán dos entidades autárquicas separadas: una para el personal militar y otra para las fuerzas federales de seguridad.
La decisión, oficializada a través de un decreto de necesidad y urgencia, fue presentada por las autoridades oficialistas como un «movimiento estratégico» destinado a paliar el «colapso operativo y financiero» del sistema de salud castrense. No obstante, esta narrativa oficial se enfrenta a un escenario diametralmente opuesto descrito por la oposición y los propios trabajadores: el Iosfa fue heredado con superávit en diciembre de 2023 y su rápido deterioro es atribuido directamente a la desfinanciación y a una administración caótica durante los últimos dos años.
Desde el espacio opositor, las críticas fueron inmediatas y severas. El exministro de Defensa Agustín Rossi acusó al Gobierno de destruir sistemáticamente las instituciones y recordó que dejó la obra social con números positivos. «Ellos convirtieron ese superávit en un déficit consolidado de doscientos mil millones de pesos», afirmó, tildando la medida de un intento de ocultar el fracaso con el «mismo modus operandi que con Andis: creer que con el perjo muerto se acaba la rabia». Rossi destacó la sucesión de tres administradores en dos años, todos mendocinos y designados bajo la órbita del exministro Luis Petri, lo que generó una espiral de ineficiencia y opacidad.
La gravedad de la situación financiera quedó expuesta en una auditoría interna que revela un crecimiento exponencial de la deuda. Según el documento, el pasivo escaló de 42.000 millones de pesos en marzo de 2024 a la astronómica cifra de 210.000 millones en junio del presente año. A este agujero se suma un préstamo por 40.000 millones de pesos contraído con el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, cuyo costo financiero elevará el desembolso final a 88.000 millones.
Las consecuencias humanas y sanitarias de esta gestión han sido devastadoras. Una marea de renuncias de profesionales médicos y técnicos, sumada al retiro masivo de prestadores ante la falta de pago, dejó al sistema al borde del parate. Los afiliados enfrentaron batallas kafkianas para acceder a medicamentos esenciales como insulina o drogas oncológicas, mientras desaparecían insumos básicos como prótesis y marcapasos. «Nuestras compañeras se van llorando. Es una crisis terrible», relataba meses atrás Rubén López, delegado gremial del organismo.
El desmantelamiento se completó con una oleada de despidos masivos a inicios de 2025, que afectó a ciento cincuenta trabajadores, incluso a personal idóneo y con décadas de antigüedad, en plazas sanitarias clave del país. La Asociación de Trabajadores del Estado denunció en aquel momento que la estrategia apuntaba a una privatización encubierta.
Este episodio se inscribe en un cuadro más amplio de abandono hacia las fuerzas armadas y de seguridad. Según informes periodísticos, el recorte presupuestario ha hundido en la pobreza al sesenta por ciento del Ejército, recortado el adiestramiento en un porcentaje similar y generado un éxodo histórico de efectivos. Las bajas voluntarias se han multiplicado, ya que empleos precarios en el sector privado igualan o superan los magros salarios castrenses.
La creación de las nuevas obras sociales, Osfa y Osffeseg, nace así bajo la sombra de una pregunta inevitable: si el problema fue la gestión y no la estructura, ¿cómo garantizará el Gobierno que las nuevas entidades no repitan el mismo camino de desfinanciación y caos que ellas mismas provocaron? La medida, lejos de ser un nuevo comienzo, parece el epílogo administrativo de una crisis profundamente humana y deliberadamente construida.
