El mandatario provincial Maximiliano Pullaro retrocedió en su postura y otorgó incrementos superiores al 20% luego de que efectivos rosarinos mantuvieran tomada la jefatura. La crisis dejó escenas de extrema violencia institucional con un alto mando escupido y corrido por sus propios subordinados. Gendarmería aguardó en las sombras lista para la represión, pero el acuerdo llegó a último momento. El gobierno admite que el dinero saldrá de un ajuste sobre el resto de los trabajadores estatales.
La ciudad que aprendió a convivir con la sangre narco y las balaceras anónimas vivió tres jornadas de un pulso distinto, pero igualmente crispado. Esta vez el fuego no vino del hampa sino de quienes juraron defenderla. La Policía santafesina, esa fuerza que patrulla las calles más letales del país con salarios de hambre y vehículos desvencijados, decidió plantar bandera de guerra contra sus propias autoridades. Lo que comenzó como un reclamo sordo estalló el miércoles en una asonada que puso contra las cuerdas a la Casa Gris.
Maximiliano Pullaro debió tragarse el orgullo y firmar. No hubo discurso punitivista que resistiera el cerco de los uniformados sobre la Jefatura de la URII, donde los gritos destemplados contra el jefe Luis Maldonado derivaron en agresiones físicas que avergonzarían a cualquier institución. El comisario fue recibido a escupitajos y empujones cuando osó acercarse a dialogar con la tropa encabronada, en una imagen que condensó la descomposición de una fuerza quebrada por dentro.
El mandatario provincial anunció entonces un incremento sustancial que ningún otro gremio santafesino conseguirá en el corto plazo. Los agentes operativos pasarán a percibir un piso mínimo de 1.438.835 pesos, muy por encima de los magros 960 mil que recibían hasta esta semana. La garantía de canasta básica y la revalorización de la Tarjeta Alimentaria Policial engrosaron el haber de una corporación que hasta hace horas era ninguneada por las mismas autoridades que hoy se rinden ante sus reclamos.
Pero el acuerdo tuvo condiciones explícitas. Pullaro rubricó los decretos necesarios y recién entonces calificó el levantamiento como “justo y genuino”. Sus funcionarios, en cambio, habían pasado las jornadas previas amenazando con pases a disponibilidad y exigiendo retorno inmediato al patrullaje. El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, que horas antes conminaba a los insurrectos a deponer la actitud y reincorporarse sin demoras, debió cambiar el tono y anunciar que los veinte desplazados volverían a sus puestos. La bandera blanca llegó con la certeza de que la tropa no aflojaría hasta ver los números en el boletín oficial.
El acuerdo salarial se cerró al filo de la medianoche del martes en la sede gubernamental, con tres ejes sobre el mantel: la recomposición de haberes, la revisión de sanciones disciplinarias y una vaga promesa de reforzar la contención psicológica del personal. Nada se dijo, en cambio, sobre los maltratos de superiores ni los mecanismos de corrupción interna que los propios manifestantes denunciaron durante los piquetes. Tampoco hubo espacio para abordar los vínculos oscuros entre el delito organizado y sectores de la fuerza, un cáncer que Rosario conoce bien.
El ministro de Economía Pablo Olivares se encargó de bajar el mensaje al resto de la administración provincial. El esfuerzo fiscal será direccionado y la población deberá comprender que blindar a la policía implica desguarnecer otras áreas. La advertencia llega en la antesala de la discusión paritaria con los gremios estatales, que asistirán a la negociación con la certeza de que la lapicera gubernamental se secó para ellos. Los maestros, los médicos, los administrativos, todos ellos quedan sujetos a una austeridad que con los uniformados resultó impracticable.
El gobernador intentó justificar la demora en atender un reclamo que consideró legítimo apenas consumada la rendición. Argumentó que su gestión esperaba señales de recuperación económica que nunca llegaron y que el incremento otorgado supera holgadamente los índices inflacionarios. La excusa no disimula que el conflicto se resolvió recién cuando el orden jerárquico saltó por el aire y un puñado de agentes sublevados humilló al mando sin que la superioridad pudiera hacer otra cosa que refugiarse tras los vidrios blindados.
Gendarmería Nacional aguardó en las adyacencias durante las horas más críticas. Los uniformados federales tenorden de intervenir si la situación derivaba en desmanes mayores. No hizo falta. La asonada rosarina encontró su cauce institucional sin necesidad de balas, aunque el mensaje quedó flotando en el aire húmedo del Paraná: cuando la policía se rebela, el Estado negocia. Después ajusta al resto.
Los agentes comenzaron a replegar los piquetes pasadas las primeras horas de la tarde del miércoles, una vez que la firma de Pullaro certificó que esta batalla la ganaron ellos. Las calles de Rosario recuperaron paulatinamente el patrullaje habitual, aunque persiste la sensación de que algo se resquebrajó definitivamente en la relación entre quienes gobiernan y quienes portan armas. El jefe Maldonado reapareció con el rostro endurecido, esquivando miradas. Nadie pidió disculpas por los escupitajos. En la fuerza, a partir de ahora, las cosas se dirimen de otro modo.
La paz armada tiene un costo que los santafesinos recién comienzan a dimensionar.
