El Ministerio de Capital Humano intimó a La Fraternidad y a la UTA a cumplir con las conciliaciones obligatorias vigentes, bajo amenaza de sanciones económicas y la eventual quita de la personería gremial.
En un clima de creciente tensión social y política, el Poder Ejecutivo Nacional elevó el tono de su advertencia hacia dos de los sindicatos más influyentes del sector transporte, al señalar que podrían enfrentar severas consecuencias legales si deciden plegarse al cese de actividades convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida de fuerza, programada para las próximas horas, tiene como eje central el rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso, aunque desde la cartera que conduce Sandra Pettovello advirtieron que cualquier interrupción del servicio en este contexto implicaría una violación directa de las conciliaciones obligatorias actualmente en vigor.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad, los dos gremios que nuclean a conductores de colectivos y maquinistas de trenes, fueron formalmente notificados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social acerca de la imposibilidad de llevar adelante medidas de acción directa mientras se encuentre vigente el período de conciliación. Según explicaron fuentes oficiales, el incumplimiento de esta instancia podría derivar en un proceso sancionatorio que, en su punto más extremo, tendría como desenlace la pérdida de la personería gremial.
Desde el entorno de la cúpula nacional precisaron que esa pena máxima no se aplica de manera inmediata, sino que se inicia un camino administrativo que suele extenderse en el tiempo. No obstante, dejaron claro que el Ejecutivo está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias si los sindicatos persisten en su postura de adherir al paro general impulsado por el triunvirato cegetista. En primera instancia, las organizaciones podrían enfrentar multas económicas de consideración, aunque si el conflicto se agrava, la cartera laboral podría solicitar formalmente la sanción más gravosa contemplada en la legislación vigente.
El procedimiento de conciliación obligatoria que involucra a la UTA se remonta al pasado 10 de febrero, cuando el gremio anunció medidas de fuerza en el interior del país en reclamo de mejoras salariales. En aquella oportunidad, la resolución ministerial estableció un cuarto intermedio de quince días, con efecto desde la cero hora del 11 de febrero, durante el cual las partes debían retrotraer la situación al momento previo al estallido del conflicto y garantizar la prestación habitual del servicio, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de perjuicio a los usuarios. En el caso de La Fraternidad, la conciliación se dispuso el 4 de este mes, también por un plazo de quince días, lo que implica que su vigencia se extiende más allá del 19 de febrero, fecha coincidente con la jornada de protesta convocada por la central obrera.
El comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano subraya que cualquier acción directa en este marco constituiría un incumplimiento formal de la instancia de diálogo dispuesta por la autoridad de aplicación. Las fuentes consultadas remarcaron que la adopción de medidas de fuerza en estas circunstancias implicaría una transgresión al carácter legal del procedimiento, por lo que las organizaciones sindicales deben abstenerse de implementar acciones que alteren el curso normal del transporte público.
Pese a la advertencia oficial, tanto la UTA como La Fraternidad ratificaron su decisión de sumarse al paro nacional convocado por la CGT, que dará inicio esta medianoche y se extenderá durante toda la jornada del jueves, mientras la Cámara de Diputados debate en sesión especial el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. Desde el gremio que conduce Omar Maturano anticiparon que no habrá servicio en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur ni en los servicios interurbanos, lo que afectará a miles de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en diversas regiones del país.
Por su parte, la UTA emitió un comunicado en el que justifica su adhesión a la medida de fuerza en defensa de la dignidad del trabajo y ante lo que consideran una amenaza directa a la viabilidad del sector. En ese texto, el sindicato sostiene que la convocatoria no responde a intereses sectoriales particulares, sino al reclamo más amplio de quienes ven deterioradas sus condiciones de vida producto del ajuste económico. La organización instó a los trabajadores del volante a sostener el paro como una herramienta de defensa colectiva, argumentando que la caída del salario real y el empeoramiento de las condiciones laborales justifican la medida.
En este escenario de alta conflictividad, las aguas están divididas. Mientras el Gobierno endurece su postura y amenaza con sanciones ejemplificadoras, los gremios del transporte se mantienen firmes en su decisión de acatar el paro, a pesar de los riesgos legales que ello conlleva. La jornada del jueves se presenta como un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos, con el transporte público como escenario principal de una disputa que trasciende lo salarial y se instala en el corazón del debate legislativo.
