Mientras miles de estudiantes inician el ciclo lectivo 2026, los gremios docentes y no docentes lanzan una semana de protestas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una pulseada entre el Gobierno nacional, la Justicia y las autoridades académicas por el futuro del sistema de educación superior.
El próximo lunes 16 de marzo, las aulas de las universidades públicas de todo el país volverán a abrir sus puertas para dar inicio a un nuevo ciclo lectivo, pero el regreso a clases estará lejos de la normalidad. La coincidencia del comienzo del calendario académico con una semana de protestas convocada por el Frente Sindical que nuclea a las federaciones de docentes y no docentes anticipa jornadas de tensión en los claustros. Mientras algunas casas de altos estudios y colegios preuniversitarios sufrirán paros durante toda la semana, en otras se desarrollarán movilizaciones, acciones de visibilización y diversas medidas de fuerza que prometen alterar el ritmo habitual de las actividades.
Este escenario constituye un nuevo capítulo del prolongado conflicto que atraviesa la educación superior estatal desde 2024 y que afecta directamente a más de dos millones de estudiantes que concurren a las universidades nacionales. Las organizaciones gremiales denuncian que el poder adquisitivo de los trabajadores del sector sufrió una merma cercana al cuarenta por ciento durante los dos años transcurridos de la gestión del presidente Javier Milei, al tiempo que cuestionan duramente la decisión del Poder Ejecutivo de mantener sin efecto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigen la urgente convocatoria a paritarias para discutir aumentos salariales.
Los números que manejan las entidades gremiales encuentran respaldo en las estadísticas oficiales. De acuerdo con los datos proporcionados por el sistema de Presupuesto Abierto dependiente del Ministerio de Economía, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la partida presupuestaria destinada a la educación superior experimentó una contracción del 28,9 por ciento en términos reales. Esta reducción adquiere una dimensión particularmente alarmante si se considera que los salarios del personal docente y no docente representan aproximadamente el noventa por ciento del total de los recursos que el Estado destina al sector.
La normativa cuyo cumplimiento reclaman los gremios, conocida como Ley de Financiamiento Universitario bajo el número 27.795, establece obligaciones precisas para el Estado nacional en materia educativa. Entre sus disposiciones fundamentales se encuentra la necesidad de recomponer los ingresos de profesores y trabajadores administrativos, así como las becas estudiantiles, tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023. La legislación también exige actualizaciones periódicas en los gastos de funcionamiento de las instituciones y en las partidas destinadas a hospitales universitarios, actividades científicas y desarrollo tecnológico, además de ordenar la convocatoria regular a paritarias con mecanismos de ajuste automático que eviten nuevas pérdidas del poder de compra.
Un estudio elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal de aplicar esta ley representaría apenas el 0,23 por ciento del Producto Bruto Interno, una cifra que contrasta con la resistencia del Poder Ejecutivo a implementarla. El recorrido de esta norma hasta su sanción definitiva fue particularmente tortuoso: se aprobó en octubre de 2025 después de seis votaciones legislativas, tres marchas federales que movilizaron a miles de personas en todo el país y dos vetos presidenciales, el primero de los cuales logró frenar su promulgación mientras que el segundo resultó infructuoso ante la insistencia del Congreso.
Sin embargo, la pulseada no concluyó con la sanción de la ley. El Gobierno nacional decidió suspender su aplicación mediante el mismo decreto con el que la promulgó, argumentando razones de equilibrio fiscal. Esta maniobra motivó que el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores de las universidades públicas, presentara una medida cautelar ante la Justicia para exigir su cumplimiento. En diciembre pasado, los tribunales avalaron el planteo de las autoridades académicas y ordenaron la implementación inmediata de la normativa.
La respuesta del Poder Ejecutivo no se hizo esperar. En febrero de este año, el Gobierno apeló el fallo e intentó recusar al juez Martín Cormick, magistrado a cargo de la causa, pero ese intento fue rechazado durante la semana pasada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Paralelamente, en diciembre el oficialismo había intentado derogar la ley mediante un artículo incluido en el proyecto de Presupuesto 2026, aunque no logró reunir los votos suficientes en el Parlamento para concretar ese propósito.
Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, explicó a este medio que la acción judicial promovida por el organismo continúa su curso y ya cuenta con un primer fallo favorable en lo concerniente a los salarios de docentes y no docentes, así como a las becas destinadas a los estudiantes. Lo que hoy necesitamos, enfatizó, es que el Gobierno acceda a sentarse en una mesa de negociación paritaria para comenzar a actualizar estos valores que se encuentran absolutamente deteriorados.
En paralelo a los esfuerzos judiciales por neutralizar la aplicación de la ley sancionada, a fines de febrero el Gobierno nacional presentó un proyecto alternativo que, sin derogar formalmente la norma aprobada por el Congreso, introduce modificaciones sustanciales en varios de sus puntos medulares. El anuncio de esta iniciativa se produjo luego de una reunión entre las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional y los responsables de la Secretaría de Educación, Carlos Torrendell, y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Las divergencias más notorias entre la legislación vigente y la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo se concentran en el aspecto salarial. Mientras la norma aprobada por el Parlamento establece un incremento del 51 por ciento para docentes y no docentes con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023, la propuesta oficialista ofrece un aumento del 12,3 por ciento a desembolsarse en tres cuotas durante los meses de marzo, julio y septiembre. Esta cifra resulta particularmente magra si se la compara con las proyecciones inflacionarias: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central estima una suba de precios del 26,1 por ciento para el corriente año.
El proyecto gubernamental mantiene la obligación de convocar periódicamente a paritarias, estableciendo un plazo máximo de tres meses entre cada convocatoria, pero elimina la cláusula que garantizaba la actualización mensual de los salarios conforme a la evolución de la inflación. Desde 2024, todas las recomposiciones dispuestas para el sector fueron decididas de manera unilateral por el Poder Ejecutivo y sistemáticamente rechazadas por las entidades gremiales, que las calificaron como insuficientes para recuperar el terreno perdido.
En materia de gastos de funcionamiento, la iniciativa oficial contempla actualizaciones únicamente en el caso de que la inflación supere el 14,5 por ciento, según la cifra prevista en el Presupuesto 2026, pero no reconoce la pérdida acumulada durante el ejercicio anterior. También prevé una asignación de 80.000 millones de pesos para los hospitales universitarios, aunque desestima los aumentos de partidas destinadas a becas estudiantiles, actividades de investigación científica y tareas de extensión universitaria. Aunque durante febrero circuló la versión de que la ley podría tratarse en las sesiones extraordinarias del Congreso, hasta el momento no existe una fecha definida para el debate parlamentario.
Un reclamo que persiste y se profundiza
Las federaciones que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales manifestaron su rechazo más absoluto al proyecto presentado por el Gobierno y exigen el cumplimiento íntegro de la Ley 27.795. En ese marco, anunciaron las medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que comienza un ciclo lectivo que no va a poder desarrollarse con normalidad debido a la intransigencia oficial.
La Confederación de Docentes Universitarios y la Federación de Docentes de las Universidades anunciaron paros durante toda la semana comprendida entre el 16 y el 22 de marzo. Además, la primera de estas entidades convocó a huelgas de cinco días durante las últimas semanas de marzo y abril. Por su parte, la Federación de Trabajadores Universitarios, que nuclea al personal no docente de 55 universidades públicas, confirmó un paro nacional por semana que se extenderá desde el lunes 16 de marzo hasta el jueves 23 de abril. La Federación de Docentes Universitarios adhirió a la medida de fuerza para el lunes 16 y luego impulsará otras modalidades de protesta.
Entre los rectores de las universidades nacionales existe un profundo malestar con el proyecto de reforma impulsado por el oficialismo, aunque algunos reconocen en privado que podría constituir un mal menor frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse nuevamente la derogación total de la Ley de Financiamiento Universitario, especialmente en un escenario donde la composición del Congreso resulta más favorable a los intereses del Poder Ejecutivo.
Todos queremos que el Gobierno cumpla la ley, señaló a Infobae una alta autoridad universitaria que prefirió mantener su identidad en reserva. Pero ya no podemos recurrir al Congreso como antes, porque el Ejecutivo ahora tiene los números necesarios para sostener un veto. Entonces algunos preferimos que se apruebe la modificación que propone el oficialismo, para poder al menos recuperar lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar la actualización de los gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales. Tenemos que elegir entre la nada y una opción que es injusta, pero que al menos da algo de certidumbre hacia adelante. Si no podemos garantizar el comienzo de clases, muchos estudiantes van a empezar a buscar otras opciones, y muchos profesores también, reflexionó.
Esta lectura de la situación dista de ser compartida por las organizaciones sindicales. Clara Chevalier, secretaria general de la Confederación de Docentes Universitarios, expresó a este medio que frente al aumento del 51 por ciento que debería otorgarnos el Gobierno, un 12,3 por ciento en tres cuotas no constituye un mal menor, sino una cifra que volverá a perder contra la inflación de este año. No representa ningún atenuante para el enorme malestar que tienen los trabajadores de las universidades y que surge en todas las asambleas que venimos realizando, aseguró la dirigente.
En lo que respecta a las becas estudiantiles, un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional reveló que entre 2023 y 2025 la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar se redujo en un 62,4 por ciento, mientras que el poder adquisitivo de esas asignaciones cayó un 46,5 por ciento. Para retornar a los niveles vigentes en diciembre de 2023, la inversión en este rubro debería incrementarse en un 63 por ciento.
El miércoles pasado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires volvió a reclamar a los ministerios de Capital Humano y de Economía la aplicación de la ley y ratificó la emergencia presupuestaria y salarial que afecta a la institución. Las autoridades de la casa de estudios platense también advirtieron que el presupuesto nacional para 2026 no solo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario, sino que tampoco prevé la actualización de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.
La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional, señaló la resolución aprobada por el Consejo Superior. Desde la UBA también resaltaron la situación crítica que atraviesan los seis hospitales e institutos universitarios dependientes de la universidad, que no solo brindan atención sanitaria a la población sino que cumplen un rol fundamental en la formación de profesionales de la salud.
El desgaste provocado por la prolongación del conflicto y por el impacto acumulativo de los recortes presupuestarios se percibe con claridad en el ámbito de las universidades. Desde la UBA señalan que, si bien la situación no afectó la inscripción al Ciclo Básico Común, que mantuvo unos 50.000 ingresantes, cifra similar a la del año anterior, hay facultades como la de Agronomía que perdieron el 10 por ciento de los profesores con dedicación exclusiva. Al mismo tiempo, reconocen que resulta complejo cuantificar con precisión el impacto del deterioro salarial, porque muchos profesores no renuncian formalmente sino que optan por tomarse licencias o reducir su dedicación para poder sumar otras actividades laborales que les permitan completar sus ingresos.
La mirada de los rectores sobre un sistema en riesgo
En diálogo con Infobae, varios rectores de universidades nacionales mencionaron como problemas acuciantes el aumento del pluriempleo entre los docentes, la desarticulación de cátedras y equipos de trabajo consolidados durante años, y la migración de profesionales altamente calificados hacia otros países, incluso naciones vecinas, donde los salarios resultan más competitivos. También advirtieron sobre el impacto negativo en las obras sociales universitarias, que se encuentran cada vez más desfinanciadas como consecuencia directa de la caída de los ingresos de sus afiliados. Desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano no respondieron a las consultas formuladas por este medio para conocer su posición respecto de estas problemáticas.
Se están yendo muchos docentes con dedicación simple que buscan otras alternativas laborales, explicó Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Eso va deteriorando la calidad del sistema y también genera complicaciones para los estudiantes. En vez de estar trabajando en cuestiones de calidad educativa o en desafíos como la inteligencia artificial, estamos concentrados en resolver problemas salariales, lamentó el rector pampeano.
El panorama resulta especialmente crítico en aquellas carreras cuyos profesores poseen un perfil profesional más que exclusivamente académico, es decir, aquellos que combinan la docencia con el ejercicio liberal de sus profesiones. Para este colectivo, el salario docente resulta cada vez menos atractivo en comparación con los ingresos que pueden obtener en el mercado. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica Nacional, que cuenta con treinta sedes distribuidas en trece provincias y forma profesionales en especialidades con alta demanda en el sector productivo.
Rubén Soro, rector de la UTN, aportó un dato preocupante para contextualizar la situación: Argentina finalizó los primeros dos años de la gestión de Javier Milei con el gasto público en educación superior más bajo de América Latina, según los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de la Educación Superior. Aun si se cumpliera la Ley de Financiamiento Universitario, tendríamos un gasto en educación superior por debajo del promedio regional, con la tasa de matriculación más alta de la región y un sistema universitario que constituye el centro de la producción científica y tecnológica del país, describió el rector.
En su última sesión, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba también declaró la emergencia salarial, presupuestaria y de becas estudiantiles y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. En esa misma línea se expresó el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Las autoridades de la casa de altos estudios cordobesa señalaron que el recorte del presupuesto compromete el normal funcionamiento de las instituciones y anticiparon que la universidad fortalecerá este año con fondos propios la inversión en ciencia y tecnología, tras la desarticulación de los organismos nacionales que financiaban esas actividades.
En la Universidad Nacional de La Plata, la tercera más grande del país en cantidad de estudiantes después de la UBA y la UNC, el panorama presenta similitudes preocupantes. Estamos atravesando una situación límite y de alto estrés institucional que afecta el corazón mismo de la universidad pública, afirmó a Infobae su presidente, Martín López Armengol. Salarios bajos y desactualizados, y presupuestos insuficientes para poder llevar adelante nuestras actividades con normalidad, sintetizó el rector platense.
Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, planteó que estamos en una situación angustiante para nuestros docentes, trabajadores universitarios y becarios. La Ley 27.795 está vigente y debe cumplirse, sostuvo. No se trata de un reclamo corporativo, sino de garantizar que las universidades públicas puedan seguir funcionando con normalidad, enfatizó Biasone, quien también aseguró que la falta de fondos impacta directamente en el desarrollo del calendario académico y en la planificación institucional.
En la Universidad Nacional del Sur, con sede en la ciudad bahiense, la situación adquiere ribetes especialmente dramáticos por la combinación del ajuste presupuestario con catástrofes climáticas. En diciembre de 2023, un temporal de viento dejó trece muertos en la ciudad y devastó parte del campus universitario. Cuando la institución todavía se encontraba en proceso de recuperación, la inundación de marzo de 2025 volvió a dañar severamente las instalaciones. El rector de la UNS, Daniel Vega, explicó que la universidad recibió dos partidas del Gobierno nacional para afrontar los daños: una inicial de 500 millones de pesos y otra posterior de 1.100 millones. Estamos agradecidos, dijo, pero son insuficientes: necesitamos al menos ocho veces más para recuperar la infraestructura y el equipamiento perdido.
A esta dificultad se suma el impacto de la paralización de la obra pública, que dificulta enormemente las tareas de reconstrucción. Hoy estamos en un esquema de emergencia, utilizando aulas que nos presta la Universidad Tecnológica Nacional para poder sostener las actividades académicas, explicó Vega. Además, informó que el ajuste se traduce en menos insumos para las cátedras y en una reducción de las tareas de mantenimiento edilicio. El impacto no se ve de un día para el otro, pero va generando un deterioro que se acumula con el tiempo, advirtió.
Desde la Universidad Nacional de San Juan también reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y rechazaron la modificación que impulsa el Gobierno nacional. Es una ley sancionada por el conjunto de las fuerzas políticas en el Congreso, de amplio consenso y que nos permite actuar con previsibilidad, mantener las aulas abiertas y a los chicos estudiando, afirmó el rector Tadeo Berenguer. Y agregó: Es necesario que el Gobierno vea a la educación pública como una inversión para nuestro futuro, no como un gasto.
Lo que viene en un horizonte cargado de incertidumbre
Pese a las diferencias de criterio en torno a algunas cuestiones puntuales, desde el Frente Sindical que representa a docentes y no docentes, el Consejo Interuniversitario Nacional que nuclea a los rectores y la Federación Universitaria Argentina que reúne a los centros de estudiantes aseguraron que mantienen abierto el diálogo y la coordinación de medidas ante la crítica situación presupuestaria. Desde la FUA y el Frente Sindical no descartan convocar a una cuarta marcha federal universitaria, cuya fecha podría ser el 23 de abril, justo cuando se cumplan dos años de la primera gran movilización que sacudió las calles de las principales ciudades del país.
Hasta ahora hemos logrado mantener un bloque unido de todos los actores del sistema universitario, afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario. Creo que todos tenemos la voluntad de seguir construyendo en ese marco, expresó. El Gobierno no da respuesta a la necesidad de invertir en educación, y está empujando la situación hacia un escenario de gran conflictividad, consideró el dirigente estudiantil.
Varias universidades se preparan para celebrar elecciones estudiantiles durante el primer cuatrimestre del año, entre ellas la UBA, la UNR, la UNC y la Universidad Nacional de Cuyo. También el Consejo Interuniversitario Nacional renovará sus autoridades el próximo 27 de marzo, cuando se reúna el plenario de rectores en la ciudad de Santa Rosa. Se espera que asuma la presidencia Franco Bartolacci, actual vicepresidente del organismo y rector de la UNR, quien será secundado por un rector proveniente del bloque peronista del CIN.
Después de dos años de conflicto ininterrumpido, todo indica que la disputa por el presupuesto volverá a dominar la agenda de las universidades durante 2026. En un escenario que, además de los recortes, estuvo signado por acusaciones gubernamentales de adoctrinamiento en las aulas y falta de transparencia en la gestión de los recursos, varios rectores lamentaron que el diálogo con las autoridades nacionales aún no haya podido enfocarse en políticas constructivas para pensar el futuro del sistema.
Las bajas tasas de graduación que exhiben muchas carreras, la escasa articulación con la escuela secundaria, la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la necesaria actualización de los planes de estudio, la evaluación de la calidad educativa, la urgencia de fortalecer la conexión con las demandas del sector productivo y la necesidad de profundizar los procesos de internacionalización aparecen como algunos de los desafíos pendientes que el sistema universitario deberá enfrentar una vez que logre superar la emergencia presupuestaria que hoy acapara todas las energías y preocupaciones de sus principales actores.
