Un decreto oficial disparó los salarios de ministros y secretarios hasta casi los siete millones de pesos. En simultáneo, el presupuesto universitario se derrumbó un 45%, los salarios docentes perdieron un tercio de su valor y programas clave como las becas o la extensión universitaria sobreviven con cifras testimoniales. La grieta entre quienes gobiernan y quienes sostienen la educación se profundiza bajo la lógica del ajuste.
En las oficinas del poder político, el sobre con los haberes de marzo trajo consigo una modificación sustancial que no pasó inadvertida. La publicación del Decreto 931/2025 puso en números concretos una recomposición salarial que, en los hechos, duplicó los ingresos de los más altos escalafones del Ejecutivo. En la cúspide de esa pirámide se encuentra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya remuneración trepó hasta rozar los siete millones de pesos mensuales, un salto que replica en términos similares en cada una de las carteras ministeriales, secretarías y subsecretarías. Hasta el momento del anuncio de ese incremento, un ministro percibía poco más de tres millones y medio, lo que convierte al aumento en una suba cercana al cien por ciento.
Desde el entorno oficial se esgrime la necesidad de “ordenar” la estructura de las retribuciones jerárquicas como justificación central de una medida que, sin embargo, encuentra un eco agridulce en otros rincones del Estado. Para quienes integran el colectivo docente universitario, la noticia no fue más que la confirmación de una distancia que se ensancha a ojos vista: mientras los despachos oficiales celebran una mejora en sus ingresos, las aulas enfrentan una erosión sostenida que ya lleva más de dos años de retracción ininterrumpida.
El diagnóstico que trazan las casas de altos estudios es lapidario. De acuerdo con los relevamientos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias estatales destinadas al sistema universitario público sufrieron entre 2023 y 2026 una contracción del 45,6 por ciento en términos reales. Ese número, que en abstracto puede parecer una estadística más, se traduce en vicisitudes concretas: los fondos para afrontar gastos operativos esenciales —luz, calefacción, mantenimiento edilicio, insumos mínimos de funcionamiento— representan hoy apenas el cuarenta por ciento de lo que significaban hace tres ejercicios. Las universidades continúan abiertas, pero la cuerda se tensa cada día más, dejando al desnudo la fragilidad de una estructura que ve restringida su capacidad de inversión, crecimiento y hasta de sostén cotidiano.
La pérdida de poder adquisitivo no es exclusiva de las cuentas institucionales. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los haberes del colectivo docente universitario acumularon un incremento del ciento cincuenta y ocho por ciento, una cifra que palidece frente a una inflación que en el mismo período escaló al doscientos ochenta por ciento. La diferencia arroja una merma del treinta y dos por ciento en el salario real, lo que equivale a más de siete sueldos mensuales evaporados. Para recuperar el terreno perdido, los docentes necesitarían una mejora adicional del 47,3 por ciento, un margen que hoy no asoma en ninguna negociación paritaria.
Pero el derrumbe no se agota en los salarios ni en los gastos corrientes. El ajuste descendió con particular virulencia sobre áreas que durante años funcionaron como bisagras entre la universidad y su entorno social. El presupuesto destinado a ciencia y técnica opera con apenas el treinta y ocho por ciento de los fondos que manejaba en 2023. La extensión universitaria, ese espacio que permitía vincular el conocimiento académico con las necesidades comunitarias, sobrevive con un uno por ciento de su asignación previa, una cifra que vuelve testimonial cualquier iniciativa de articulación territorial. Las becas Progresar, que para miles de estudiantes representaban la llave de acceso o permanencia en la educación superior, se ejecutan con el veintiséis por ciento de los recursos originales, lo que en términos reales implica una caída superior al noventa y cinco por ciento. A todo esto se suma el cese absoluto del financiamiento para infraestructura universitaria, una partida que, de no mediar modificaciones sustanciales, mantendrá paralizadas por tiempo indeterminado obras esenciales en múltiples campus del país.
Detrás de cada uno de esos porcentajes se esconde una historia concreta: estudiantes que ven desaparecer la beca que les garantizaba la conectividad o el transporte, investigadores que clausuran laboratorios porque no pueden afrontar los insumos más elementales, extensionistas que abandonan proyectos territoriales que durante años tejieron lazos con barrios populares o comunidades del interior. La foto de fondo es la de un sistema que, aunque sigue en pie, lo hace con menos apoyos, menos recursos y menos certezas que en cualquier otro momento de la última década.
La tensión institucional alcanzó también el terreno judicial. El gobierno nacional no ha dado cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025, una norma que establecía la garantía de un presupuesto mínimo actualizado por inflación, junto con pautas de recomposición salarial y sostenimiento de becas. En lugar de aplicar esa ley, el Ejecutivo remitió al Congreso un nuevo proyecto para “armonizar recursos” con las metas del Presupuesto 2026, que reemplaza la recomposición retroactiva prevista por aumentos escalonados del 4,1 por ciento y elimina la actualización automática por índice inflacionario. Frente a ese panorama, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo que derivó en una medida cautelar del juez federal Enrique Cormick, quien calificó la conducta del Ejecutivo de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Mientras la resolución judicial avanza en sus propios tiempos, la evidencia de una disparidad creciente se impone en los números y en las vivencias cotidianas. En un extremo de la escala, los funcionarios de mayor rango vieron engrosados sus ingresos con una suba que casi los duplicó en el lapso de pocas semanas. En el otro, las universidades públicas —sus docentes, sus investigadores, sus estudiantes, su infraestructura y sus programas sociales— afrontan un proceso de desfinanciamiento que no distingue entre áreas estratégicas y que exhibe, con crudeza, cuáles son las prioridades establecidas desde la cúpula del Estado. La grieta, en este caso, no es ideológica ni territorial: es una brecha concreta que separa los salarios de quienes gobiernan de la realidad de quienes sostienen una de las instituciones más valoradas del país.
