En una semana signada por la paralización total de actividades en las casas de altos estudios, los educadores de Filosofía y Letras convertirán la vereda de una propiedad del jefe de Gabinete en un aula abierta. La medida de fuerza nacional busca visibilizar el contraste entre la austeridad impuesta al sistema público y el patrimonio personal de un vocero oficial.
En medio de un creciente malestar que recorre los claustros académicos, la docencia universitaria argentina se apresta a inaugurar una nueva semana de medidas de fuerza tras la negativa gubernamental a acatar lo estipulado por la Ley de Financiamiento Universitario. Las acciones de reclamo se multiplicarán en distintos puntos del país, aunque toda la atención estará puesta en una jornada particular que promete convertir la vía pública en escenario de un simbólico contrapunto entre la educación pública y la fortuna privada. Este martes, educadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) brindarán una clase abierta en la calle Miró al 500, a pocos metros de la sede de Puán, justo en la vereda de un inmueble que, según se reveló en días recientes, pertenece al jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni.
La propiedad en cuestión es un departamento adquirido por el funcionario en sociedad con su cónyuge, una adquisición que, de acuerdo con las declaraciones juradas del propio Adorni, se habría concretado hace escaso tiempo. La existencia de este bien patrimonial, en apariencia legítimo, ha cobrado relevancia política al ser contrastada con la prédica oficial que insiste en la necesidad de un ajuste perpetuo del gasto público. Para los organizadores de la protesta, la elección del lugar no es un detalle menor: la Asociación de Docentes de la UBA (AGD UBA) busca plasmar en el territorio aquello que consideran una contradicción insoslayable entre el discurso de la austeridad extrema y el crecimiento patrimonial de quienes lideran la gestión estatal.
La convocatoria está prevista desde las 9.30 en la tradicional sede de Puán, desde donde estudiantes y educadores partirán en marcha hacia el domicilio del alto funcionario. Una hora más tarde, sobre el asfalto y frente a la puerta de ese edificio, se desarrollará una cátedra abierta destinada a resignificar el espacio urbano como lugar de enseñanza y denuncia. La iniciativa, enmarcada en una huelga de alcance nacional, pretende poner de manifiesto la distancia que media entre los recursos que el gobierno destina a las universidades y la capacidad de acumulación de quienes toman las decisiones de ajuste.
La medida de fuerza no se agota en esta acción simbólica. Las dos federaciones sindicales docentes de mayor representación en el ámbito universitario, la Conadu y la Conadu Histórica, confluyen en un paro total de actividades que se extenderá durante los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. A este reclamo se suman otras organizaciones gremiales nucleadas en el Frente Sindical de Universidades Nacionales, lo que otorga a la protesta un carácter transversal. Dado que el jueves y viernes posteriores son feriados, la práctica totalidad de la semana quedará sin dictado de clases en las casas de estudio superiores y también en los colegios secundarios dependientes de las universidades, como el tradicional Nacional Buenos Aires o el Pellegrini.
La modalidad elegida para la protesta es la de la abstención total de asistencia a los lugares de trabajo. En el caso puntual de la UBA, algunos sectores vienen impulsando la posibilidad de que la paralización se prolongue por tiempo indeterminado si desde el Ejecutivo no se concreta una convocatoria a paritarias que permita destrabar el conflicto salarial. La huelga también encuentra eco en otros sindicatos del ámbito educativo: el gremio de la Universidad Tecnológica adhiere a los tres días de paro, mientras que el sector no docente representado por FATUN cesará tareas el martes 31, y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) hará lo propio el martes y el miércoles.
Este nuevo estallido de conflicto tiene como trasfondo un sostenido deterioro de las condiciones en las que se desarrolla la educación superior pública. Desde la asunción de la actual administración, los salarios del sector universitario han sufrido una merma del 34 por ciento en su capacidad adquisitiva. Para ilustrar la magnitud del descalce, desde la Conadu señalaron que un educador con dedicación simple y una década de antigüedad percibió en enero una remuneración bruta de 305 mil pesos, cuando el ingreso necesario para que una familia tipo no cayera bajo la línea de pobreza superaba el millón 300 mil pesos mensuales.
El ajuste no se ha limitado a los salarios. Los fondos destinados al funcionamiento cotidiano de las universidades también han sido objeto de una reducción drástica. Un informe elaborado por Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y presentado ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), revela que desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza el presupuesto universitario perdió un 45,6 por ciento de su poder de compra. Entre los rubros más afectados se encuentra el de los gastos operativos, cuya partida experimentó un retroceso aún más pronunciado.
Aunque luego de la primera movilización federal universitaria el Gobierno nacional dispuso tres recomposiciones parciales para esa línea presupuestaria, parte de esos incrementos fueron anulados al inicio de 2025. Y si bien en marzo de ese mismo año se implementó una nueva actualización, los valores actuales distan considerablemente de los originales. Según las estimaciones de Pinazo, el poder de compra destinado al funcionamiento de las casas de estudio equivale en la actualidad apenas al 40 por ciento del que regía en enero de 2023. En términos concretos, en apenas 27 meses de gestión se ha evaporado el equivalente a nueve cuotas completas de gastos operativos.
El diagnóstico se agrava al examinar otras partidas esenciales para el sistema universitario. Los recursos para infraestructura sufrieron una quita del cien por ciento; el financiamiento destinado a ciencia y técnica en las universidades apenas alcanza hoy el 38 por ciento del presupuesto de hace dos años; las actividades de extensión universitaria se han reducido a un residual uno por ciento de su valor de 2023. A ello se suma un severo recorte en las becas Progresar: de proyectarse una inflación anual del treinta por ciento —un escenario que el propio rector calificó como conservador—, el poder adquisitivo de esas ayudas estudiantiles quedaría reducido a un exiguo tres por ciento del nivel que poseían en 2023.
Al extraer conclusiones de su trabajo, Pinazo subrayó que la restricción de fondos aplicada a las universidades no puede interpretarse como una mera consecuencia de limitaciones fiscales ineludibles. En un ejercicio comparativo, recordó que cumplir durante 2025 con lo dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario habría demandado una erogación equivalente al 0,23 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, solo en intereses generados por la nueva deuda emitida por el gobierno nacional, en un solo mes se registró un gasto equivalente a diez años completos de aplicación de esa ley.
El contraste resulta aún más elocuente al cotejar el costo del financiamiento universitario con otras decisiones fiscales que el Ejecutivo sí ha mostrado disposición a impulsar. Mientras desde el Poder Ejecutivo se argumentaba que no existían recursos para afrontar una ley que insumiría el 0,36 por ciento del PBI en 2026, al mismo tiempo se sostenía ante el Congreso la posibilidad de resignar el 0,71 por ciento de la recaudación en el marco de una reforma laboral. “En otras palabras —sintetizó el rector—, se afirma que no hay recursos para financiar una ley que cuesta 0,36% del PBI, mientras se propone una iniciativa que implica renunciar a casi el doble de ese monto en ingresos tributarios”.
En ese escenario de recursos escasos para las aulas pero aparentemente disponibles para otras prioridades fiscales, la comunidad educativa se apresta a copar las calles y, en una apuesta pedagógica cargada de simbolismo, instalar una cátedra pública en la puerta misma de un funcionario cuyo patrimonio personal se ha convertido en foco de atención. La semana que comienza encontrará así a las universidades nacionales en una encrucijada: entre la continuidad de un ajuste que ya acumula pérdidas históricas y la decisión de profundizar las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta que, hasta ahora, el gobierno se ha negado a conceder.
