El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza cualquier vinculación con la operación Furia Épica lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, denegando todos los planes de vuelo militares y restringiendo el uso de las instalaciones de Rota y Morón, en una decisión que refuerza su postura contraria a cualquier acción al margen del Derecho Internacional.
En una determinación que subraya su firme rechazo a las acciones militares unilaterales, el Ejecutivo español ha erigido un muro de soberanía en sus cielos y bases aéreas, vetando cualquier participación logística en la denominada operación Furia Épica. La medida, que implica el cierre total del espacio aéreo nacional a las aeronaves vinculadas con el ataque emprendido por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, supone una declaración de principios que trasciende lo meramente administrativo para convertirse en un posicionamiento geopolítico de primer orden.
La negativa gubernamental no solo impide el tránsito de aparatos de combate o de reabastecimiento en vuelo que colaboren en la ofensiva, sino que también extiende la prohibición a las aeronaves estadounidenses con base en terceros países aliados como el Reino Unido o Francia. Esta información, que inicialmente adelantó el diario El País, fue posteriormente corroborada desde el Ministerio de Defensa, confirmando que la restricción afecta de manera integral a las instalaciones estratégicas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), cuya utilización ha sido categóricamente denegada.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anticipado esta postura sin ambages durante su intervención en el pleno del Congreso el pasado miércoles, donde desglosó la contundencia del veto. “Hemos denegado a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para esta guerra ilegal”, declaró entonces, enfatizando que la respuesta ha sido unánime ante cada solicitud. “Todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos, incluidos los de aviones de repostaje”, subrayó el jefe del Ejecutivo, dejando clara la naturaleza integral de la negativa. El único resquicio a esta disposición, según recoge el rotativo madrileño, se circunscribe a situaciones de emergencia extrema, donde se autorizaría el tránsito o aterrizaje de la aeronave afectada por motivos de seguridad operativa.
Mientras el cerrojazo afecta de lleno a los movimientos militares, fuentes del gestor de navegación aérea Enaire precisaron a EFE que la actividad comercial permanece inalterable, garantizando la normalidad en los aeropuertos y rutas civiles. Esta distinción refleja la voluntad del Ejecutivo de aislar su discrepancia política y estratégica del día a día de la conectividad aérea ordinaria.
La decisión actual no hace sino consolidar una línea de actuación que ya se había esbozado semanas atrás. A principios de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya había avanzado que las instalaciones de uso conjunto en Rota y Morón no habían sido empleadas en ningún cometido vinculado a la operación militar desplegada por Donald Trump en territorio iraní. En aquel momento, Albares fue taxativo al afirmar que “no se van a usar las bases de soberanía española para nada que no esté dentro del convenio con EE.UU. y la Carta de Naciones Unidas”, una advertencia que se tradujo en la retirada por parte de Washington de una quincena de aeronaves desplegadas en dichos enclaves. El jefe de la diplomacia española insistió entonces en la naturaleza de estas infraestructuras, recordando que “son bases de uso conjunto pero de soberanía española”, y recalcó que el Gobierno no autorizaría su empleo para ningún propósito que careciera de encaje en la legalidad internacional.
La firmeza de la postura española ha tenido eco allende el Atlántico. El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó a mediados de marzo una propuesta del senador republicano Lindsey Graham que abogaba por el repliegue del contingente militar norteamericano no solo de las bases de Rota y Morón, sino también del resto de países de la OTAN que no estuvieran cooperando activamente en la protección del estrecho de Ormuz. Ante semejante escenario, la ministra de Defensa, Margarita Robles, salió al paso con rotundidad para expresar que no contempla un eventual abandóno estadounidense de las bases españolas, al tiempo que exigió respeto hacia la postura nacional. “Nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra”, aseveró Robles, subrayando la consistencia de un criterio que antepone el derecho internacional a las alianzas operativas.
En la misma línea, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, abordó este lunes las posibles implicaciones bilaterales del veto. Al ser cuestionado sobre si esta decisión podría tensar las relaciones con Washington, Cuerpo enmarcó la medida dentro de la coherencia de un Ejecutivo que ha decidido no participar ni contribuir a una contienda iniciada de manera “unilateral” y al margen del Derecho Internacional. Lejos de mostrar inquietud por una hipotética escalada de fricciones, el titular de Economía destacó que las empresas españolas operan en Estados Unidos en idénticas condiciones a las de sus homólogas europeas y anunció una apuesta por reforzar los lazos comerciales con la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, cuyo objetivo será facilitar el asentamiento efectivo y exitoso de las compañías españolas en territorio estadounidense.
Mientras el Gobierno español consolida su posición de rechazo a la ofensiva, la situación geopolítica continúa su curso. Trump manifestó este domingo que su Administración sostiene negociaciones con Irán “tanto directa como indirectamente”, al tiempo que aseguró que, como una “muestra de respeto”, el régimen de Teherán permitirá el paso de “20 grandes petroleros” por el estrecho de Ormuz, pese al bloqueo de facto que la República Islámica había impuesto en represalia por la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero. En este tablero de tensiones y movimientos diplomáticos, España se afirma así en su convicción de no avalar una guerra que considera ilegítima, blindando su territorio y su espacio aéreo como un bastión de legalidad internacional frente a la acción unilateral.
