La diputada nacional Mónica Frade presentó una causa penal para esclarecer si existieron irregularidades en la entrega masiva de préstamos hipotecarios a figuras cercanas al gobierno de Javier Milei, incluyendo legisladores, asesores y operadores digitales, por montos que en varios casos multiplicarían su real capacidad de repago.
En las últimas horas, el ámbito judicial se convirtió en el escenario de una nueva controversia política vinculada al manejo de los recursos estatales. La legisladora nacional Mónica Frade formalizó una denuncia con trascendencia penal que apunta directamente al corazón de la banca pública: el Banco de la Nación Argentina. El objeto del reclamo judicial no es otro que la presunta concesión irregular de préstamos hipotecarios destinados a una nómina selecta de individuos con vínculos directos con la actual administración libertaria. La presentación, ya ingresada en los tribunales, persigue que se habilite una pesquisa minuciosa para determinar si en la asignación de esos financiamientos se configuraron actos delictivos o, al menos, graves apartamientos de las normativas vigentes. Según sostiene la denunciante, el accionar descripto podría encubrir un uso vedado y privilegiado de dineros pertenecientes a la ciudadanía.
El núcleo espinoso de esta iniciativa judicial gira en torno a lo que diversos sectores observadores ya comenzaron a rotular como un verdadero “festival de créditos”. Con esa expresión aluden a la presunta distribución generosa y poco transparente de financiamiento hipotecario hacia personas que orbitan en el universo oficialista. A partir del cruzamiento de información extraída de registros accesibles al público del Banco Central, así como de pesquisas periodísticas difundidas en los últimos días, se desprende que varios de los agraciados accedieron a sumas millonarias. Lo más llamativo del caso es que esos montos, en numerosas ocasiones, no guardarían proporción razonable con sus ingresos declarados ni con su auténtica aptitud para hacer frente a las cuotas del préstamo.
El análisis pormenorizado de los datos recolectados permitió establecer que varias siluetas prominentes del elenco gubernamental habrían obtenido créditos hipotecarios en la entidad bancaria estatal. Entre los nombres que resaltan con mayor contundencia figuran los de los diputados nacionales Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Mariano Campero. A esa lista se suman el reconocido activista digital Juan Pablo Carreira, más conocido en el ecosistema de las redes sociales como JuanDoe, así como los funcionarios de la cartera de Economía Federico Furiase y Felipe Núñez. La sola presencia de estos actores en el listado de beneficiarios encendió las alarmas sobre la eventual existencia de un circuito de favorecimiento interno.
Los créditos otorgados alcanzan cifras que oscilan entre varios centenares de millones de pesos, un volumen económico difícilmente justificable cuando se examinan los perfiles patrimoniales de los receptores. El caso que más ha llamado la atención, por su carácter paradigmático, es el de un joven asesor legislativo cuyos ingresos mensuales rondan los dos millones de pesos. Pese a esa cifra, que si bien resulta elevada en términos relativos, habría logrado acceder a un préstamo hipotecario que multiplica holgadamente su verdadera capacidad crediticia, lo que despierta inevitables sospechas sobre la laxitud en los filtros de evaluación.
En este punto, la denuncia enfatiza que las disposiciones emanadas del Banco Central de la República Argentina imponen a todas las entidades financieras la obligación inexcusable de examinar con rigor y objetividad la aptitud de pago de cada postulante. Bajo ese marco regulatorio, se cuestiona con severidad que se hayan aprobado préstamos para individuos que ocupan cargos públicos de carácter transitorio o que perciben ingresos inestables, una combinación que eleva exponencialmente el peligro de incurrir en mora y que, en última instancia, podría resentir la salud financiera y la solvencia patrimonial del propio Banco Nación.
Desde la óptica legal, el texto presentado por Frade menciona un catálogo de figuras penales que podrían haber sido vulneradas. Entre ellas se destacan las negociaciones incompatibles con la función pública, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad y la administración fraudulenta. Según la argumentación esgrimida en el escrito, existiría una suerte de “colusión” silenciosa pero efectiva: por un lado, los funcionarios que solicitan los préstamos; por el otro, las autoridades bancarias que habrían relajado deliberadamente los controles. A esa mecánica perversa la denuncia la describe como una “falla de dos llaves”, donde ninguna de las partes habría actuado con la debida separación de intereses.
Para sostener la investigación, la diputada solicita un abanico de medidas probatorias de relevancia. Entre ellas, el acceso íntegro a los legajos crediticios de los beneficiarios mencionados, las actas del directorio del Banco Nación que contengan las aprobaciones de los préstamos cuestionados, y peritajes contables independientes que permitan determinar si existió un perjuicio económico efectivo para la entidad bancaria estatal. De prosperar la causa, el proceso judicial pondría bajo la lupa el funcionamiento interno de una de las instituciones financieras más emblemáticas del país y reabriría el debate, siempre candente, sobre el empleo de los recursos públicos como moneda de cambio para beneficiar a sectores políticamente alineados.
La respuesta oficial del Banco Nación
Ante la escalada mediática y judicial, el Banco Nación salió al cruce con un comunicado oficial difundido el mismo día en que se conocieron las revelaciones sobre los supuestos privilegios en la entrega de créditos a funcionarios mileístas. En su texto, la entidad defiende su gestión y destaca su liderazgo indiscutido en el mercado hipotecario argentino. Afirma que nueve de cada diez créditos hipotecarios otorgados en el país corresponden a su cartera, y que desde el lanzamiento de su línea específica ya se entregaron más de 27 mil préstamos en todo el territorio, con un marcado perfil federal.
El comunicado subraya además que esa supremacía se explica en parte por su rol como administrador de las cuentas sueldo del sector público nacional. En un esquema que garantiza la libertad de elección para los empleados estatales, más del 95 por ciento optó por permanecer operando con el Banco Nación, atraído especialmente por la solidez de su propuesta hipotecaria. La entidad presume de haber modernizado sus procesos hasta alcanzar operaciones completamente digitales que permiten escriturar en apenas treinta días, simplificando trámites y asegurando la trazabilidad en cada etapa. El cierre del mensaje institucional insiste en que el crédito está abierto a todos los argentinos, bajo reglas claras, procesos transparentes y sin excepción alguna para ningún cliente.
