El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia ante la Justicia nacional que expone un presunto entramado de financiamiento extranjero destinado a desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el letrado detalló las aristas de una maniobra que, de confirmarse, constituiría un hecho inédito en la región por su escala y coordinación.
En una presentación judicial que sacude los cimientos del ecosistema comunicacional argentino, el letrado Jorge Monastersky reveló los pormenores de una denuncia que apunta a desentrañar una presunta trama de financiamiento proveniente del extranjero con el objetivo de influir en la formación de la voluntad ciudadana. De acuerdo con el escrito entregado a la justicia nacional, un conjunto de operadores vinculados al gobierno ruso habría destinado más de 283 mil dólares para la difusión de al menos doscientas cincuenta piezas periodísticas distribuidas en veintitrés portales digitales, en una maniobra orientada a tergiversar el debate público y desestabilizar la administración de Javier Milei.
Durante una extensa conversación con el equipo del programa Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Mica Mendelevich, Monastersky describió con cautela pero sin ambages la estructura de lo que calificó como una posible intervención extranjera en la esfera pública local. El abogado señaló que la información recolectada da cuenta de maniobras que, en apariencia, serían dirigidas desde el aparato estatal ruso, valiéndose de aproximadamente dos docenas de medios de comunicación para introducir, a lo largo de un período sostenido, centenares de notas con un sesgo deliberadamente orientado a erosionar la confianza en las instituciones argentinas. No obstante, el profesional del derecho hizo hincapié en la necesidad de extremar la prudencia antes de emitir juicios generalizados, subrayando una distinción fundamental: una cosa son los propietarios de los medios, otra muy diferente los periodistas que trabajan en ellos, y una tercera, completamente aparte, aquellos operadores encubiertos que se disfrazan bajo el rótulo de la profesión periodística.
La presentación judicial fue encuadrada por Monastersky como una “averiguación de ilícito”, una figura que permite iniciar la pesquisa sin necesidad de calificar anticipadamente los hechos en un tipo penal específico. El letrado explicó que aún resta determinar si las conductas investigadas encajan en los delitos previstos por la Ley de Inteligencia Nacional —la norma 25.520— o si, por el contrario, podrían subsumirse en figuras que atentan contra el orden constitucional argentino. Lo que sí parece fuera de discusión, enfatizó, es la potencial gravedad de los hechos: la inserción coordinada de operaciones de desinformación financiadas desde el exterior puede incidir de manera directa en la formación de la voluntad del electorado, en especial durante contextos de campaña electoral, afectando así la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático. El abogado advirtió que este fenómeno no puede ser tratado como una simple dinámica comunicacional ni como una excentricidad del mercado informativo, sino como una amenaza frontal a la salud de la democracia argentina.
Uno de los aspectos que más preocupación genera en el escrito judicial es la posibilidad de que tanto periodistas como dueños de medios hayan sido engañados acerca del verdadero origen o los propósitos de los contenidos que difundieron. Monastersky insistió en que esa hipótesis debe ser dilucidada con rigor para evitar generalizaciones injustas y, sobre todo, para poder establecer responsabilidades individuales. El documento solicita al magistrado interviniente que ordene la individualización de cada conducta y que se determine si reúne los elementos típicos de algún delito contemplado en la normativa vigente, particularmente en lo atinente a actividades de inteligencia ilegal o injerencia extranjera en asuntos internos.
A lo largo de la entrevista, Gonzalo Aziz planteó una distinción que resultó central en el intercambio: la cantidad de publicaciones sospechosas acumuladas en algunos medios sugiere una operación coordinada desde las propias direcciones de esas empresas periodísticas, mientras que en otros casos podría haberse tratado de colaboraciones individuales o aisladas. Monastersky coincidió en la pertinencia de esa lectura, pero advirtió que la tarea probatoria será extremadamente compleja, sobre todo cuando se trata de trazar la línea divisoria entre una crítica legítima al gobierno y una intervención pagada desde el exterior. El letrado confió, sin embargo, en que existe abundante prueba que puede ser producida, no solo a partir de la investigación impulsada por el consorcio de periodistas que destapó el escándalo, sino también mediante las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal.
Un elemento que los conductores del programa destacaron como especialmente relevante es el hecho de que la pesquisa haya sido impulsada por un consorcio de periodistas provenientes de distintas orientaciones ideológicas. Lejos de tratarse de una iniciativa de medios afines al gobierno actual, el arco de investigadores incluye profesionales con miradas diversas, lo que para Monastersky refuerza de manera significativa la verosimilitud de la denuncia. “No estamos hablando de medios oficialistas los que están planteando que existió esta situación de infiltración informativa a pedido de Rusia para desestabilizar a Milei”, remarcó el abogado, subrayando que el consorcio es completamente pluriideológico, un hecho que resta cualquier sospecha de motivación política partidaria.
El letrado también mencionó antecedentes provenientes de la propia inteligencia nacional, que ya durante el año 2025 habrían advertido sobre maniobras similares en gestación. Esa información previa, sumada al trabajo del consorcio periodístico, lo llevó a considerar indispensable que la justicia intervenga de lleno y que la sociedad argentina pueda conocer la verdad sobre lo ocurrido. “Porque está la credibilidad de los periodistas, de los medios, pero también la necesidad de la sociedad de poder entender y valorar qué información consume”, reflexionó Monastersky, en un pasaje que sintetiza el corazón del conflicto: la confianza pública en el sistema informativo está en juego.
En cuanto a los delitos que podrían llegar a investigarse, el abogado fue preciso: lo primero que se solicitó al juzgado es que corra vista al fiscal para que impulse la acción penal. Según su análisis, la Ley de Inteligencia Nacional aparece como una de las normativas que la fiscalía deberá analizar con lupa. Pero la decisión de encuadrar la denuncia como averiguación de ilícito fue deliberada: se trata de evitar forzar tipos penales antes de que avancen las pesquisas. El objetivo prioritario, explicó Monastersky, es actuar con rapidez en la producción de medidas de prueba, especialmente aquellas que podrían desaparecer o ser adulteradas si se concede demasiado tiempo a los involucrados.
El propio abogado no dudó en calificar la magnitud del episodio como algo nunca antes visto en la República Argentina, y se animó a extender esa apreciación a toda la región. La combinación de tantos medios, tantos periodistas y tantas notas pagadas desde el exterior constituye, a su juicio, un antecedente sin parangón. De allí que la investigación judicial deba cumplir una tarea quirúrgica: separar el grano de la paja, distinguir entre el ejercicio legítimo de la crítica periodística —incluso la más dura contra un gobierno— y la desinformación por encargo que responde a un plan orquestado desde el extranjero. “Una cosa es la crítica por no estar de acuerdo con un acto de gobierno, y otra muy distinta es quien se beneficie económicamente con un plan orquestado desde el exterior”, sentenció Monastersky.
El desafío central que enfrentará la justicia, concluyó el letrado, será proteger la credibilidad de los medios argentinos y la calidad de la información que recibe la sociedad. No se trata de una discusión sobre líneas ideológicas o sobre qué medio es más creíble según su tradición o su línea editorial. El fondo de la cuestión es mucho más grave: “Acá estamos diciendo que se nos metieron adentro y nos dieron información falsa, direccionada para desestabilizar un gobierno nacional”, enfatizó Monastersky. Algo que, en sus propias palabras, resulta imposible de tolerar en este año 2026, cuando la democracia argentina enfrenta desafíos que exigen la máxima transparencia tanto en los estrados judiciales como en las redacciones de los diarios digitales.
