Organizaciones sociales marcharon en distintos puntos del territorio nacional para exigirle al Ejecutivo la continuidad del programa “Volver al Trabajo”. La administración libertaria confirmó que la prestación económica cesará este mes y será sustituida por instancias de formación privadas no remuneradas. En medio del escenario recesivo y la destrucción de puestos laborales, las principales afectadas son mujeres que sostienen comedores comunitarios y trabajadores de la economía popular. Hubo represión policial en el Puente Pueyrredón.
En una extensa jornada de movilizaciones que abarcó desde el conurbano bonaerense hasta las provincias del norte y la Patagonia, las entidades vinculadas a los sectores populares alzaron su voz de protesta frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de suprimir el programa estatal “Volver al Trabajo”. La medida, ya anunciada oficialmente, dejará sin ningún tipo de ingreso a novecientas mil personas a partir del mes próximo, dado que la administración nacional determinó que el presente período será el último en el que se otorgue la asistencia económica directa a los inscriptos en ese esquema de inclusión laboral.
El malestar social se profundiza por el contexto económico en el que se ejecuta la cancelación del beneficio: el país transita una fase de fuerte recesión, con una caída acelerada del empleo registrado y una contracción del consumo que golpea con especial crudeza a los hogares más vulnerables. Frente a ese panorama, el reemplazo anunciado por las autoridades consiste exclusivamente en la oferta de cursos de capacitación brindados por entidades privadas, los cuales no contemplan ninguna retribución monetaria para los asistentes. Esa sustitución fue calificada por los dirigentes sociales como una “burla” y un “retiro discreto del Estado” en los territorios más postergados.
Las organizaciones convocantes remarcaron que el cierre del programa afecta de manera central a las mujeres que están al frente de los comedores populares erigidos en los barrios más empobrecidos, así como a los trabajadores de la economía popular en sus más diversas expresiones. Entre los damnificados se cuentan costureras que operan en los polos textiles, cartoneros y recicladores de residuos, quinteros de la agricultura familiar, promotoras de salud que realizan seguimientos puerta a puerta y trabajadoras de guarderías comunitarias donde cientos de niños reciben el único alimento del día. Sin el sustento mensual que aportaba el plan, muchas de esas actividades corren el riesgo de extinguirse, lo que dejaría a vastos sectores sin red de contención.
La tensión alcanzó su punto más álgido durante la manifestación convocada en el Puente Pueyrredón, donde una columna de manifestantes intentó cruzar la arteria que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano. En ese lugar, las fuerzas de seguridad actuaron con métodos represivos: hubo corridas, empujones, detonaciones de gases lacrimógenos y varios detenidos. Las imágenes de los uniformados disolviendo la protesta se replicaron rápidamente en las redes sociales y alimentaron la indignación de dirigentes políticos opositores, gremialistas y organismos de derechos humanos, que exigieron explicaciones al ministerio de Seguridad.
Desde el Gobierno, en tanto, defendieron la medida argumentando que los planes sociales tradicionales fomentan la dependencia estatal y que la nueva etapa de capacitaciones privadas sin remuneración busca incentivar la “autonomía” y la “empleabilidad genuina”. Sin embargo, para los beneficiarios que en pocas semanas perderán su único ingreso, esa promesa de formación resulta abstracta frente a la urgencia del hambre y la falta de trabajo en una economía que no da señales de recuperación. La protesta, lejos de diluirse, amenaza con replicarse en las próximas jornadas mientras los comedores populares empiezan a encender sus fogones sin saber de dónde saldrán los víveres del mañana.
