El jefe de Gabinete enfrenta una investigación que desnuda un salto patrimonial de difícil justificación, con propiedades adquiridas en condiciones ventajosas, financiamientos inusuales y una catarata de testigos que desfilan ante la justicia
Con los elementos reunidos hasta el momento sobre las singulares adquisiciones inmobiliarias del funcionario y sus desplazamientos al extranjero, resulta suficiente para vislumbrar la complejidad que enfrentará para justificar la abrupta mejora en su estatus económico desde su ingreso a la administración pública de la mano del mandatario Javier Milei. Sin embargo, tal como ocurre en toda pesquisa vinculada al presunto desvío de fondos públicos hacia el patrimonio personal, el magistrado Gerardo Pollicita avanza en el esclarecimiento de cada arista y ha convocado a prestar declaración testimonial al responsable de las remodelaciones en la residencia situada en el country Indio Cuá Golf Club, adquirida bajo la titularidad de la cónyuge del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, en el penúltimo mes de 2024. A la gerencia de ese vecindario cerrado también se le requirió información sobre la modalidad de cancelación del arancel de ingreso, fijado en cinco mil dólares, además de precisar el monto de las cuotas de mantenimiento y el mecanismo mediante el cual fueron sufragadas hasta la fecha.
El contratista encargado de las mejoras en el lote 380 de Indio Cuá, Matías Tabar, perteneciente al Grupo AA, deberá comparecer ante la fiscalía el próximo 24 de abril. Las autoridades judiciales le solicitaron que aporte los presupuestos manejados, las cotizaciones recibidas, las propuestas comerciales elaboradas, los acuerdos suscritos, las órdenes de trabajo emitidas, los desembolsos vinculados a la construcción y toda la información necesaria para determinar el alcance de las tareas ejecutadas, así como la documentación que acredite los pagos percibidos, incluyendo facturas, comprobantes de pago, instrucciones de compra, certificados de avance de obra, constancias de cobro y las cuentas bancarias utilizadas para recibir sumas por las labores en cuestión. También deberá presentar planos, registro de materiales ingresados y proveedores involucrados, material fotográfico, un detalle exhaustivo de todas las personas que participaron en las obras, desde arquitectos hasta albañiles, pasando por plomeros, gasistas y todas las especialidades requeridas, además de las pólizas de seguro y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo correspondientes, junto con las constancias de ejecución y finalización de las tareas. Asimismo, tendrá la obligación de entregar todas las comunicaciones mantenidas con Adorni, su cónyuge o cualquier persona que haya actuado en representación de ellos.
El jefe de Gabinete omitió incluir esta propiedad en su declaración jurada de bienes presentada el año anterior ante la Oficina Anticorrupción. Argumentó que aún disponía de plazo para incorporarla cuando, en el corriente año, realice la actualización correspondiente. Pero según reveló el periodista Sebastián Lacunza, tampoco la consignó en la declaración jurada que presentó en marzo de 2025 ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires al postularse como candidato a primer legislador porteño por la fuerza política La Libertad Avanza, instancia en la que necesariamente debe incluir los bienes gananciales. En ese documento dio cuenta de la mitad del departamento situado en la avenida Asamblea 1132, en el barrio de Parque Chacabuco, que comparte con Angeletti, y la totalidad de una vivienda ubicada en La Plata. También detalló depósitos por un monto de cincuenta millones de pesos.
El fiscal Pollicita ya había requerido previamente ciertos datos a la administración del country Indio Cuá que aún no habían sido remitidos y que reclamó mediante un nuevo dictamen: ¿Cuál es el importe que abona la pareja Adorni-Angeletti en concepto de expensas? Según versiones que trascendieron, ascendería aproximadamente a setecientos mil pesos. Las autoridades judiciales exigen además un dato adicional para la causa: la forma en que cancelaron el arancel de ingreso al conjunto residencial, fijado en cinco mil dólares.
Transacciones bajo la lupa
En el transcurso de esta semana declaró ante el ministerio público la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en tres operaciones inmobiliarias protagonizadas por Adorni, al que visitó en siete oportunidades dentro de la sede del gobierno, la Casa Rosada. Respecto del apartamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, inscripto en noviembre de 2025, manifestó que el jefe de Gabinete tuvo la fortuna de que dos mujeres jubiladas le vendieran la propiedad y aceptaran que abonara únicamente treinta mil dólares, con el compromiso de saldar los doscientos mil restantes en noviembre del presente año, sin que mediara interés alguno. También relató que fue ella quien le presentó a otras dos mujeres, una efectivo policial retirada y otra en actividad, madre e hija, para hipotecar parte de su inmueble en Parque Chacabuco y, con el préstamo obtenido de cien mil dólares, que debería ser devuelto en veinticuatro meses, cancelar una porción de la propiedad en Indio Cuá, donde ingresó con veinte mil dólares. A las agentes de seguridad les habría restituido, hasta el momento, treinta mil dólares adicionales.
Nechevenko contó en una extensa entrevista publicada por Infobae que conoce a Adorni desde hace dos décadas, pero que nunca antes había realizado con él ninguna transacción vinculada a bienes raíces. «Se le dio todo junto», expresó la mujer. «¿Nunca les pasó que tienen necesidades diferentes?», intentó justificar, aunque el efecto fue el contrario al esperado. Insistió en que existían razones vinculadas a la seguridad personal y que tiene en venta el departamento de la avenida Asamblea. Sea como fuere, hasta el año pasado el funcionario solamente declaraba cuarenta y tres mil dólares en efectivo, por lo que le resultará complejo explicar los desembolsos que se observan a simple vista. De por sí, deben sumarse todas las expensas, los gastos de escrituración, las refacciones, también en el inmueble de Caballito, y los viajes al exterior.
Un desfile de comparecencias
Durante las próximas dos semanas continuará el desfile de testigos en la fiscalía a cargo de Pollicita. Deberá presentarse Juan Ernesto Cosentino, quien transfirió a Angeletti la vivienda de Indio Cuá. Uno de los puntos que se pretende dilucidar es el monto efectivamente abonado por Adorni por esa casa, una cifra que hasta el momento no ha sido claramente establecida.
Fueron convocadas las jubiladas Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas, quienes le vendieron a Adorni el departamento de la calle Miró en condiciones llamativas y a un valor que no parece ajustarse a los parámetros del mercado, considerando que el metro cuadrado en esa zona cuesta al menos unos dos mil quinientos dólares. También está citado Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas y, según todos los indicios, amigo de Adorni, quien fue la persona que realizó la reserva del departamento adquirido originalmente al exfutbolista Hugo Morales. Este último también declaró que se lo vendió a las mujeres por doscientos mil dólares y en muy malas condiciones, apenas tres meses antes de que ellas, a su vez, se lo transfirieran al jefe de Gabinete.
A todos estos testigos la fiscalía les solicitó que aporten toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron, percibieron, entregaron, financiaron, administraron o actuaron como intermediarios. También deberán presentar las declaraciones juradas que hayan presentado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero entre 2022 y 2025, así como facilitar el acceso al contenido de sus teléfonos celulares a los efectos de poder extraer y preservar conversaciones escritas, archivos de audio, mensajes de texto, registros de llamadas entrantes y salientes, correos electrónicos e imágenes vinculadas con el caso. Las agentes policiales que otorgaron el préstamo a Adorni, Graciela Isabel Molina de Cancio, comisaria retirada, y su hija, la oficial Victoria María Cancio, también deberán prestar testimonio. La primera le entregó ochenta y cinco mil dólares y la segunda, quince mil.
Sin resguardo alguno
Tal como informó Página/12, el magistrado Ariel Lijo levantó el secreto bancario, bursátil, financiero y fiscal de Adorni, su cónyuge y la empresa MasBe, propiedad de ella, cuyo lema empresarial es «humanizando empresas», a pedido del fiscal Pollicita. Esta decisión implica que el ministerio público accederá a la totalidad de las operaciones que hayan realizado, incluso aquellas vinculadas con criptoactivos, a lo que hayan declarado y omitido ante los organismos correspondientes, y permitirá establecer si existen alertas sobre operaciones sospechosas.
El dictamen del fiscal Pollicita explica que el objetivo es reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera de la pareja, verificar el origen, la circulación y la aplicación de los fondos involucrados, contrastar la información proveniente de las declaraciones juradas, las adquisiciones, los pasivos, los consumos y demás movimientos observados, y establecer si estos encuentran sustento en ingresos trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada.
Además, el documento indica que, en ese marco, el período que se fija desde el 1 de enero de 2022 se establece a los efectos de posibilitar una correcta reconstrucción del patrimonio de los nombrados con anterioridad al ingreso de Manuel Adorni a la función pública, así como de examinar, con la amplitud temporal necesaria, las variaciones patrimoniales registradas antes y después de ese hito. La pesquisa avanza así hacia el corazón de un misterio financiero que promete develar los mecanismos detrás de un ascenso económico que, a todas luces, desafía cualquier explicación convencional.
