La decisión oficial desactiva decenas de ensayos técnicos sobre alimentos y bebidas, desde aditivos hasta contaminantes, y abre una polémica sobre el futuro de los estándares públicos en un área crítica para la salud y el consumo.
En una movida que profundiza el redimensionamiento del sector científico-técnico estatal, el Gobierno formalizó el desmantelamiento de funciones esenciales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), afectando de lleno una de las áreas más sensibles para la ciudadanía: la vigilancia de la calidad de los alimentos y las bebidas que llegan a la mesa de los argentinos.
La medida, refrendada por el Consejo Directivo del organismo, establece la interrupción definitiva de un amplio espectro de prestaciones técnicas y baterías de análisis que, hasta ahora, funcionaban como un pilar de control independiente. Estos servicios operaban como una instancia de verificación ajena a los intereses de las empresas, brindando certidumbre tanto a los organismos reguladores como a los consumidores sobre la composición, inocuidad y propiedades de los productos industrializados.
El texto oficial dispone “la cesación de la prestación por parte del INTI de los servicios sistematizados” que figuran en un anexo detallado, y aclara que la eliminación se hará efectiva desde el momento de su publicación en el boletín oficial. Entre las herramientas que quedarán fuera del radar estatal se cuentan los análisis de aditivos, antioxidantes, edulcorantes, estabilizantes y conservantes. También desaparecerán los estudios de vida útil, los perfiles sensoriales, la medición de cafeína y la detección de contaminantes peligrosos como las micotoxinas.
El vaciamiento técnico abarca además ensayos vinculados a la textura, el color y las propiedades funcionales de los alimentos, así como el examen de compuestos específicos presentes en carnes, lácteos, aceites, gaseosas, jugos y productos ultraprocesados. Quedan igualmente sin efecto las evaluaciones sensoriales y los estudios de consumidores, herramientas que la industria utilizaba para validar sus desarrollos antes de lanzarlos al mercado. En paralelo, se suspenden los controles sobre sustancias como el aspartamo, la sucralosa o el acesulfame K, junto con determinaciones cromatográficas y de antioxidantes. En términos prácticos, una porción significativa del sistema estatal de validación técnica queda descartada.
El artículo tercero de la resolución intenta suavizar el impacto mediante un marco de transición: los convenios, órdenes de trabajo y compromisos contractuales ya vigentes deberán cumplirse hasta su finalización. Sin embargo, ese resguardo alcanza exclusivamente a los acuerdos preexistentes, sin prever continuidad para nuevas demandas. Más adelante, el artículo quinto menciona una “adecuación de la oferta tecnológica institucional”, una fórmula que en los hechos sella la retirada del organismo de áreas donde ejercía un rol histórico e insustituible.
Este episodio no es un hecho aislado, sino un eslabón más de una cadena de desarticulación que comenzó a evidenciarse en 2024. Desde entonces, se han sucedido el cierre o la mutilación de líneas de trabajo en metrología legal y calibración, la paralización de acuerdos de cooperación, la falta de fondos operativos y la imposibilidad de sostener actividades tan básicas como las visitas técnicas a plantas productivas, afectadas por la carencia de viáticos para el personal.
En el caso particular de los alimentos y las bebidas, las consecuencias exceden lo meramente productivo. El INTI se había consolidado como un referente insustituible para garantizar estándares técnicos en un mercado dominado por la asimetría informativa entre fabricantes y consumidores. La supresión de estos servicios abre un escenario donde la verificación de lo que se ingiere quedará más concentrada en actores privados o en capacidades fragmentadas del sector público, con el consiguiente riesgo para la transparencia y la seguridad alimentaria.
La propia resolución admite la necesidad de diseñar un plan de transición que contemple “la finalización ordenada de los servicios”, el “resguardo documental” y la “preservación de los registros técnicos”. También menciona la identificación de “capacidades críticas que deban ser sostenidas”, aunque no especifica cuáles son esas capacidades ni bajo qué esquema continuarían activas. Esa vaguedad alimenta las sospechas sobre un vaciamiento programado más que sobre una reestructuración planificada.
En el frente laboral, el proceso de desguace tiene un correlato inquietante. Desde la asamblea de trabajadores del INTI denunciaron la aparición de ofertas de empleo por fuera del Estado, dirigidas a captar a los técnicos del instituto para que realicen tareas idénticas a las que se han dejado de prestar. Según el comunicado interno, en semanas recientes comenzaron a llegar mensajes a los empleados desde el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y desde laboratorios privados de calibración. Esos contactos incluyen pedidos concretos para efectuar auditorías y ensayos que hasta hace muy poco formaban parte de la cartera de servicios públicos del INTI.
El punto más álgido de la denuncia radica en la naturaleza de esas propuestas. Los trabajadores señalaron que la oferta laboral se realiza de manera clandestina y que implica facturar los servicios de forma individual, lo que violaría la Ley de Ética Pública, que impone a los empleados estatales la obligación de exclusividad y confidencialidad. Calificaron la situación como una auténtica “cacería de talentos” que expone la profunda dependencia del sistema privado respecto de las capacidades técnicas forjadas durante décadas en el ámbito público.
“El INTI es el único organismo con capacidad técnica para garantizar la calidad y trazabilidad de las mediciones”, sostuvieron los trabajadores en su pronunciamiento. Y remarcaron que el verdadero valor no reside en los equipos, sino en el capital humano: “No tienen lo fundamental: a nosotros, los trabajadores del INTI, nuestra capacidad y pericia técnica”. El diagnóstico es contundente: se está ante un desplazamiento sistemático de funciones desde el Estado hacia un conjunto más reducido y menos regulado de actores privados.
El comunicado también vincula estas dinámicas con decisiones previas que delinearon el camino hacia la disolución del instituto, como el cierre del Servicio Argentino de Calibración y de la Dirección de Metrología Legal. Ambas áreas cumplían funciones críticas de control en actividades donde la medición exacta es central, desde el comercio hasta la salud. Su eliminación, sumada a aumentos de aranceles del orden del trescientos por ciento —que contribuyeron a desalentar la demanda de servicios públicos— y a la habilitación de laboratorios privados para ocupar espacios antes reservados al INTI, configura un escenario donde el vaciamiento avanza por acción y por omisión. La pregunta que queda flotando es quién velará, de ahora en más, por lo que comen y beben los argentinos.
