A horas del vencimiento del plazo para transferir las partidas destinadas a recomponer salarios y becas, el gobierno de Javier Milei presentó un Recurso Extraordinario ante la Cámara de Apelaciones. La medida no posee efecto suspensivo, por lo que el Ejecutivo continúa obligado a girar los fondos. En ese contexto, estudiantes, educadores y familias del prestigioso colegio Carlos Pellegrini protagonizaron una movilización simbólica que confluyó en una masiva protesta gremial en el centro porteño.
En una nueva muestra de tensión entre la Casa Rosada y el sistema educativo superior, el gobierno de Javier Milei ejecutó una maniobra jurídica que muchos interpretan como una estrategia desesperada para eludir compromisos ineludibles. Frente a la creciente agitación y el reclamo persistente de las casas de altos estudios para que se garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo intentó sortear sus obligaciones mediante un recurso presentado ante la Justicia. Cuando faltaban escasas horas para que finalizara el plazo estipulado para la transferencia de las partidas necesarias para actualizar los salarios docentes y no docentes, además de incrementar el valor de las becas estudiantiles, la Procuración del Tesoro de la Nación ingresó un Recurso Extraordinario ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El objetivo explícito de esta presentación fue solicitar la suspensión de los artículos 5 y 6 de la norma sancionada, una jugada que los especialistas legales califican como un intento de ganar tiempo sin resolver el fondo del conflicto.
El funcionario a cargo de esta iniciativa fue Sebastián Amerio, titular de la Procuración del Tesoro, quien argumentó, repitiendo los mismos conceptos que Milei esgrimió al momento de decretar la suspensión de la ley tras el fracaso de su veto en ambas cámaras legislativas, que el proyecto carece de una indicación precisa acerca de las fuentes de financiamiento. En su presentación, el oficialismo cuestionó abiertamente la medida cautelar dispuesta por la Cámara, que había ordenado la aplicación de los artículos en conflicto y declarado inaplicable el artículo 1 del Decreto Presidencial N° 759/2025, aquel mediante el cual el mandatario había intentado dejar sin efecto la ley. Ahora, la pelota queda en el tejado de los magistrados de segunda instancia, quienes dispondrán de un lapso de diez días hábiles para decidir si aceptan el recurso y lo elevan a la Corte Suprema. De ser así, serán los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti quienes deberán expedirse al respecto.
El mileísmo sostiene que la intervención del máximo tribunal resulta impostergable por tratarse de “una cuestión federal” y advierte que la cautelar en vigor provoca “un gravísimo e irreversible perjuicio al Estado”, ya que podría poner en riesgo el ansiado equilibrio fiscal que el Presidente tanto celebra en sus discursos públicos. Como argumento adicional, el Gobierno solicitó que, en caso de que el caso llegue a la Corte, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti sean reemplazados por tres conjueces, alegando que los actuales supremos también ejercen la docencia universitaria y, por lo tanto, tendrían un conflicto de intereses. Sin embargo, un detalle jurídico resulta clave en esta pulseada: el recurso presentado no posee carácter suspensivo, lo que implica que, mientras la Corte no se expida, la ley continúa vigente. Desde las 9:30 de la mañana del viernes, la administración central quedó legalmente compelida a efectivizar las transferencias a las universidades. Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) evalúa solicitar la imposición de una multa personal contra los funcionarios responsables por cada jornada que transcurra sin que el Ejecutivo cumpla con su responsabilidad.
Un abrazo simbólico y una marea de antorchas
Mientras se sucedían estos vaivenes administrativos y judiciales, el poder adquisitivo de los docentes y trabajadores de las universidades nacionales continuaba deteriorándose semana a semana, al mismo ritmo que las condiciones edilicias de los establecimientos educativos se tornaban más precarias. Para visibilizar este panorama desolador, los alumnos y las familias de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, una institución emblemática dependiente de la Universidad de Buenos Aires, organizaron un “abrazo simbólico al Pelle” una vez finalizadas las clases. Minutos más tarde, esa columna juvenil se sumó a la Marcha de las Antorchas convocada por el gremio Ademys, que partió desde la intersección de Corrientes y Callao con rumbo al Obelisco.
Cuando el resto de las organizaciones sindicales comenzaban a desplegar sus banderas y a encender las antorchas al caer la tarde, en medio de los teatros y las tradicionales pizzerías de la avenida Corrientes, una oleada de adolescentes irrumpió en la escena saltando y coreando consignas como “la UBA no se vende” y “el que no salta votó a Milei”. Con el entusiasmo característico de la juventud, esos estudiantes atrajeron la mirada de los transeúntes que paseaban o disfrutaban de un café en los locales comerciales. Carteles elevados entre la multitud rezaban frases como “El Pelle no se rinde” y “Salarios dignos ya”. Al costado de la joven columna, los padres acompañaban con aplausos y velas encendidas, cuidando que los chicos permanecieran unidos en el recorrido.
Juana Contreras, una estudiante de 16 años, graficó con crudeza la realidad cotidiana: “Nuestros docentes ya no pueden sostener la vida que llevan, se ven forzados a recurrir al pluriempleo. Hoy mismo una profesora se retiró quince minutos antes de finalizar su clase porque tenía que dar clases en otro colegio”. La adolescente reflexionó que “entendemos que eso no es calidad educativa. Nosotros, como pibes y adolescentes, lo que más necesitamos en este momento es poder aprender, volver a las aulas y habitar el colegio”. A su lado, un grupo de chicas arengaba a los automovilistas con el cantito de “tocá bocina si apoyas la educación”, recibiendo una respuesta inmediata y sonora de los vehículos que circulaban.
Más allá de la licuación salarial, el desfinanciamiento se expresa de manera palpable en la infraestructura edilicia. “Hay muchos techos con agujeros en las aulas. La infraestructura del Pelle no es la mejor”, admitió Juana, aunque remarcó que su mayor preocupación es la situación económica de sus profesores. “Hace más de ciento ochenta días que le deben gran parte de su salario a nuestros docentes. Perdieron un cincuenta por ciento de su poder adquisitivo. De mi colegio se fueron casi treinta docentes en menos de dos meses, cuando el año pasado fueron diecisiete. Es una vergüenza”, denunció la alumna, y enfatizó: “Lo que están haciendo es directamente incumplir una ley, es inconstitucional”.
En sintonía con este reclamo, Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, advirtió que “el problema de suspender la Ley de Financiamiento es que congela el presupuesto, lo que provoca que la universidad esté en un nivel de asfixia nunca antes visto y hace que sea muy difícil poder funcionar”. Carboni señaló que, además de los problemas salariales y de mantenimiento, las becas estudiantiles “en este momento están en treinta y cinco mil pesos. Ningún pibe con esa plata puede hacer absolutamente nada”. Para cerrar, la dirigente gremial vinculó la situación con los escándalos políticos que sacuden a los funcionarios de Milei y planteó que “en momentos donde el gobierno está golpeado, es más fácil que los reclamos puedan permear”.
La crítica situación que atraviesan los docentes no se circunscribe únicamente al ámbito universitario. Soledad Mosquera, secretaria general de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), expresó que los profesores “nos vemos obligados a trabajar tres turnos, a hacer changas por fuera” y recordó el trágico asesinato del docente Cristian Pereyra, ocurrido mientras se desempeñaba como chofer de una aplicación de viajes para poder afrontar sus gastos más elementales. Mosquera reveló además que por la mañana mantuvieron una reunión con el gobierno porteño, en la que les ofrecieron apenas un 4 por ciento de aumento a impactar en mayo, “el equivalente a menos de 35 mil pesos cuando venimos de dos meses sin actualización y la inflación del último mes superó el tres por ciento”, concluyó la dirigente, dejando en claro que la grieta entre las promesas oficiales y la realidad de las aulas se ensancha día tras día.
