La administración de Javier Milei envió al Senado una nueva remesa con tres decenas de postulantes para magistraturas, fiscalías y defensorías. La movida, que eleva a más de cien los candidatos en danza, apunta a dos cámaras clave de Comodoro Py mientras se multiplican las críticas por los perfiles elegidos y una polémica reforma que podría concentrar un poder inédito en la Casación Penal.
El Poder Ejecutivo profundizó su ofensiva sobre el entramado judicial al remitir al Senado una flamante nómina de aspirantes para desempeñarse como jueces, fiscales y defensores. Con esta reciente tanda, que supera la treintena de postulantes, la Casa Rosada acumula más de un centenar de designaciones que pretende consolidar en el corto plazo, siempre que consiga, como todo parece indicarlo, el visto bueno de la Cámara alta. Mientras tanto, el entorno del presidente Javier Milei dirige su mirada con especial interés hacia dos tribunales neurálgicos del fuero federal porteño: la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires —donde especula con tres espacios vacantes— y la Cámara Federal de Casación Penal, ámbito donde podría propiciar una acumulación de autoridad sin antecedentes en la historia reciente.
El viernes pasado, el Ejecutivo cursó a la Cámara de Senadores un nuevo listado de candidatos destinados a ocupar juzgados, fiscalías o defensorías. Dentro de ese grupo, sobresale la solicitud para que la magistrada Matilde Ballerini continúe al frente de la Sala B de la Cámara Comercial más allá de los 75 años, límite etario que la Constitución habilita a prorrogar con acuerdo parlamentario. Ballerini no es un nombre cualquiera: se trata de una de las juezas que benefició a Mauricio Macri en la causa por la quiebra del Correo Argentino. Su situación resulta análoga a la de Víctor Arturo Pesino, el camarista que rehabilitó la reforma laboral y fue distinguido con el inicio del trámite para extender su permanencia hasta los 80 años.
La última remesa no estuvo exenta de controversias, especialmente porque su artífice fue Juan Bautista Mahiques, funcionario que, en la interna despiadada de la Casa Rosada, se alinea con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde el sector liderado por el asesor estrella Santiago Caputo le reprocharon a Mahiques que estuviera impulsando a postulantes con afinidades hacia los organismos de defensa de los derechos humanos. Uno de los nombres que encendió las alarmas fue el de Ángeles Ramos, la fiscal que conduce la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), nominada como representante del Ministerio Público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico (TOPE).
El letrado libertario Alejandro Sarubbi Benítez cargó con dureza contra otros tres candidatos a defensores a través de sus redes sociales: Ana Clarisa Galán (para la Casación), Hernán Figueroa (TOPE) y María Esther Pinos (Formosa). Al parecer, su principal “pecado” habría sido estampar una firma en un documento que se pronunciaba en contra de la reducción de la edad de punibilidad. En cambio, no hubo objeciones, por ejemplo, a la designación de José Eduardo Villena como conjuez para los juzgados federales de Córdoba, un magistrado que participó de una jornada en la Legislatura porteña sobre “falsas denuncias” junto a la legisladora Lucía Montenegro.
Entre el centenar de pliegos que deberán ser escudriñados en la Comisión de Acuerdos del Senado, despierta especial atención el de Emilio Rosatti —hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema— para integrar un tribunal oral de Santa Fe. La postulación del hijo del máximo magistrado fue la chispa que detonó la última interna en el Palacio de Tribunales, conflicto que se exteriorizó con la presentación de un proyecto para reformar los concursos en el Consejo de la Magistratura. También generó comentarios el envío del expediente de Ana Juan, una funcionaria bien considerada en el ámbito de la Cámara Federal porteña, propuesta para ocupar un juzgado en Hurlingham. Juan es esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que tiene en sus manos uno de los casos más sensibles para la administración libertaria: la investigación por la criptomoneda $LIBRA.
En líneas generales, el foco del Gobierno pareció concentrarse en juzgados civiles, los tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Comercial y la Cámara en lo Penal Económico. En este último fuero, los nominados son Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, este último conocido por llevar adelante la causa sobre el envío de municiones a Bolivia. También aparecen postulaciones para fiscalías ante los TOPE y para los tribunales orales de San Martín.
La ciudad de La Plata concentró un número significativo de las nuevas designaciones. Allí se postulan dos candidatos para integrar la Cámara Federal platense: Emilio Santiago Faggi y Laureano Durán —hijo del fallecido camarista Alberto Durán. Si el Senado convalida esas dos postulaciones, todavía quedarían tres vacantes sin cubrir en ese tribunal de apelaciones. El Ejecutivo también remitió varias nominaciones para los tribunales orales de La Plata, donde los jueces titulares brillan por su ausencia. Lo paradójico del caso es que hay tres aspirantes para el TOF 3, un tribunal que todavía no está habilitado: carece de personal y de un espacio físico para funcionar. Si los candidatos logran el respaldo de la Cámara Alta, seguramente deberán subrogar en otros tribunales, estiman fuentes consultadas en la capital bonaerense.
No hubo postulaciones para el principal bastión judicial de Comodoro Py —más allá de alguna defensoría menor—, ese epicentro donde se libran las grandes batallas judiciales y donde el Gobierno sigue con lupa el destino de las causas más resonantes: la investigación por $LIBRA, el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y el análisis patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En un gesto de distensión, el ministro de Justicia decidió nuevamente postergar la implementación del sistema acusatorio hasta el 15 de febrero del año próximo, mismo plazo que regirá para el fuero penal económico.
El 31 de marzo pasado, Mahiques y su número dos, Santiago Viola, mantuvieron una reunión en la Cámara Federal de Casación Penal. En ese encuentro, del que participaron casi todos los integrantes del alto tribunal penal —con la sola excepción de Alejandro Slokar—, se debatió una iniciativa para reducir la estructura de la Casación Federal, el cuerpo que revisa las sentencias de los juicios. Según las fuentes consultadas, habría sido Daniel Petrone quien remitió la propuesta al Ministerio de Justicia días antes de aquella visita. En la reunión, Guillermo Yacobucci tomó la palabra y defendió que estaban bien como estaban. Mariano Borinsky, que integra las salas III y IV, se pronunció en idéntico sentido. Diego Barroetaveña manifestó algunas dudas, sobre todo en su condición de representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura.
Actualmente, la Cámara Federal de Casación Penal cuenta con nueve jueces, pese a que existen cuatro lugares vacantes —los que dejaron Eduardo Riggi, Liliana Catucci, Ana Figueroa y Juan Carlos Gemignani. En el Ministerio de Justicia buscan bajar el tono de la polémica señalando que hubo conversaciones, pero que no existe un proyecto oficial. Sin embargo, la propuesta de que la Casación quede integrada con nueve miembros y no con trece, como debería ser, implica una fuerte concentración del poder —léase, el manejo de las causas— en menos manos. También opera como un mecanismo para vedar el ingreso a quienes ya participaron del concurso 475 y obtuvieron una buena ubicación. Entre esos nombres que no gozan de la simpatía del Gobierno ni del establishment judicial se destacan los tres primeros en el orden de mérito: la jueza María Gabriela López Iñíguez, el juez José Michilini y el fiscal Leonel Gómez Barbella. “Hubo gente desfilando por el primer piso de Comodoro Py toda esta semana para averiguar sobre esta iniciativa. Nosotros no somos autores de las designaciones de nuestros pares”, reconoció un camarista.
Si el Gobierno quisiera avanzar con la reducción de la Casación, podría hacerlo mediante una ley. El exministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, dijo en una entrevista que la propuesta era “viable”, aunque aclaró que habría que analizar si se trataba de un proyecto integral de reforma de la justicia o simplemente de una “avivada política”. “Lo que estamos presenciando es la colonización del Poder Judicial por medio de su propia destrucción. Todos pugnan por la cobertura de vacantes, menos la Casación y la Cámara Federal”, sentenció un magistrado de Comodoro Py que observa los acontecimientos con cierto estupor.
En la Cámara Federal, donde se revisan las causas en trámite, tres jueces se encuentran en la cuerda floja. Por un lado, está la situación de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados durante el macrismo. Por otro, Martín Irurzun, que en julio próximo cumplirá 75 años y no recibe señales del Gobierno sobre la posibilidad de que se envíe su pliego para una renovación en el Senado. Al comienzo de la gestión libertaria, Bruglia y Bertuzzi tenían encaminado un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para permanecer en sus cargos. Pero las propias internas del Ejecutivo derivaron en un constante tire y afloje. Santiago Viola —a quien ambos procesaron por la operación que montó contra el juez Sebastián Casanello durante el macrismo— no tiene demasiados incentivos para apuntalar esas gestiones, según confiaron fuentes allegadas al expediente.
