El fuero Contencioso Administrativo dejó sin efecto la traba judicial que impedía la aplicación de la denominada “Modernización Laboral”, en un nuevo capítulo del litigio que enfrenta al Gobierno con la CGT. La central obrera aún conserva instancias de apelación y no se descarta una eventual intervención de la Corte Suprema.
En un giro procesal de relevancia institucional, el Poder Judicial despejó el camino para que el gobierno de Javier Milei comience a instrumentar la reforma del marco de las relaciones laborales sancionada a comienzos de año, pese a la impugnación judicial promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión, adoptada en las últimas horas por la titular del juzgado número 12 del fuero Contencioso Administrativo, dejó sin vigor la medida precautoria que el magistrado Ojeda había dictado originariamente desde el ámbito laboral. De esta forma, la administración libertaria logró remover el obstáculo jurídico que postergaba la puesta en marcha de disposiciones orientadas a flexibilizar los vínculos entre empleadores y trabajadores.
Sin embargo, este pronunciamiento no clausura la contienda judicial. La central sindical conserva la potestad de proseguir con impugnaciones dentro del mismo fuero y, en una etapa ulterior, llevar el diferendo hasta la máxima instancia del país, la Corte Suprema de Justicia, que recientemente desestimó un intento del Gobierno nacional para saltar instancias mediante un recurso extraordinario conocido como per saltum.
El expediente evidenció desde sus inicios un forcejeo competencial entre dos jurisdicciones: el fuero laboral y el Contencioso Administrativo. La CGT presentó su demanda original ante el primero de ellos —un ámbito al que Milei suele señalar como propulsor de la mal llamada “industria del juicio”—, mientras que la Casa Rosada impulsaba el traslado del expediente al Contencioso, percibido como un terreno más propicio a los intereses del poder ejecutivo de turno. Finalmente, una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo dirimió la puja y determinó que ese fuero se convirtiera en el escenario principal del litigio.
Un revés judicial que beneficia al Ejecutivo y preocupa al sindicalismo
La magistrada Macarena Marra Giménez, a cargo del juzgado 12, no solo decidió el levantamiento de la cautelar que había suspendido la vigencia de ochenta y un artículos de la reforma bautizada oficialmente como “Modernización Laboral”, sino que además conminó al fuero laboral a remitir la totalidad de las causas vinculadas con la normativa impulsada por La Libertad Avanza. Las disposiciones que permanecían en suspenso desde febrero abordaban aspectos medulares de la dinámica del trabajo, entre ellos el régimen de horas extraordinarias, el esquema indemnizatorio por despido, la organización de la jornada laboral y la transferencia de la competencia laboral a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con otras modificaciones de menor calado.
Frente a este escenario, la CGT sostuvo que la reforma implicaba, en esencia, una contracción del espectro protectorio de la Ley de Contrato de Trabajo, una ampliación desmedida de las facultades jerárquicas del empleador y un notorio deterioro de los estándares de tutela de los asalariados. La entidad gremial también alertó acerca de lo que caracterizó como una maniobra dirigida a “recortar los medios de acción colectiva y limitar el desarrollo de las reuniones sindicales”, un aspecto que suscitó especial rechazo en las filas del movimiento obrero organizado.
El antecedente de la Corte y los caminos abiertos para la CGT
Apenas una jornada antes del fallo favorable al Ejecutivo, el máximo tribunal del país había rechazado el recurso de per saltum presentado por la Procuración del Tesoro, con el cual el Gobierno buscaba que la Corte intervenga de manera directa en la disputa por la reforma laboral, evitando así el trámite ordinario en las instancias inferiores. Aquel pedido se formalizó luego de que diversas resoluciones judiciales, incluidas las provenientes del fuero laboral, pusieran en tela de juicio la validez de varios preceptos neurálgicos de la ley de Modernización Laboral. La intención del Ejecutivo era acelerar un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la norma y dejar sin efecto las cautelares que, hasta ese momento, impedían su implementación parcial. Una de esas medidas precautorias había sido impulsada precisamente por la CGT.
Con la vía del per saltum clausurada, el conflicto continuará su derrotero en los escalones judiciales ordinarios, donde la central obrera aún dispone de herramientas procesales para cuestionar el fallo de la jueza Marra Giménez. De este modo, aunque el Gobierno de Milei obtuvo un respiro transitorio que le permite comenzar a ejecutar sus planes de flexibilización laboral, la batalla judicial está lejos de alcanzar un punto final. La posibilidad de que, en un horizonte no muy lejano, el expediente llegue a la Corte Suprema sigue latente, lo que garantiza nuevos episodios en una controversia que expone las profundas tensiones entre el poder político, el movimiento sindical y el sistema judicial argentino.
