El fiscal Fernando Domínguez solicitó la indagatoria del exdiputado libertario al considerar que los fondos secuestrados en su domicilio, que el acusado justifica como honorarios por una consultoría fantasmal para una firma guatemalteca vinculada a una red delictiva señalada por la justicia estadounidense, constituyen apenas la porción visible de un entramado de operaciones sospechosas que no concuerdan con su capacidad económica declarada.
En la tranquila localidad bonaerense de Beccar, durante aquel operativo de allanamiento llevado a cabo en el mes de octubre del año precedente, los agentes encontraron una escena que, a simple vista, parecía meticulosamente diseñada para simular la normalidad de un profesional en plena labor. Sobre el escritorio de José Luis Espert descansaban documentos ordenados, expedientes y anotaciones que sugerían la actividad propia de un asesor económico, como si el exlegislador estuviera inmerso en la confección de un informe de coyuntura o un análisis de riesgo financiero. Sin embargo, tras esa fachada de aparente rutina laboral se escondía el verdadero objeto de la pesquisa: un cargamento de billetes verdes que ascendía a la cifra de doscientos mil dólares, los cuales el político guardaba sin haber declarado jamás ante las autoridades fiscales ni financieras.
La defensa de Espert no tardó en esgrimir una explicación para justificar la procedencia de ese abultado monto en efectivo. Según su relato, aquel dinero no era más que el pago correspondiente a un servicio de consultoría económica que habría brindado para la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A., una firma que, en apariencia, operaba en el rubro extractivo en el país centroamericano. No obstante, lo que en principio podría sonar como una coartada razonable para un economista de su trayectoria comenzó a resquebrajarse cuando los investigadores profundizaron en los vínculos de aquella compañía. La pesquisa reveló que dicha entidad se encuentra estrechamente ligada a la figura de Federico “Fred” Machado, un empresario cuya estructura corporativa ha sido señalada por la justicia de los Estados Unidos como parte de un esquema delictivo dedicado a la generación de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Para el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, la versión aportada por el imputado no solo resulta endeble, sino que representa la punta de un iceberg de operaciones financieras turbias que requieren ser desentrañadas en su totalidad. El representante del ministerio público sostiene con firmeza que ese capital, lejos de ser el fruto de un trabajo intelectual lícito, constituye un botín de origen espurio que habría sido inyectado en el patrimonio del exdiputado libertario con el propósito de ocultar su verdadera naturaleza. En este sentido, Domínguez ha solicitado formalmente al juez Lino Mirabelli que convoque a Espert a prestar declaración indagatoria, con la convicción de que el dinero secuestrado es apenas una muestra menor de un volumen mayor de fondos mal habidos que circularon por las cuentas del acusado.
La solidez de la hipótesis fiscal no se agota en el hallazgo puntual de los billetes en la vivienda de Beccar. El expediente acumula indicios que apuntan a un desfasaje significativo entre los ingresos declarados por Espert y su real tren de vida, así como la adquisición de bienes muebles e inmuebles que exceden con creces lo que sus finanzas oficiales permitirían sostener. Este patrón de comportamiento, que los investigadores califican como característico de las maniobras de legitimación de ganancias ilegales, ha llevado a la fiscalía a pedir medidas cautelares para congelar el patrimonio del exlegislador, el de su cónyuge y el del hijo de esta, a fin de evitar cualquier movimiento que pudiera frustrar la eventual recuperación de los activos involucrados en la causa.
En respuesta a esa solicitud, el magistrado Lino Mirabelli ya ha hecho lugar a la renovación de la medida de no innovar que pesa sobre los bienes del círculo íntimo de Espert, una decisión judicial que impide cualquier tipo de transferencia patrimonial u operación financiera mientras se desarrolla la instrucción. Sin embargo, el juez aún no se ha expedido respecto al pedido central del fiscal Domínguez, quien aguarda desde hace casi veinte días que se fije la fecha para la indagatoria del exdiputado, según han confiado fuentes cercanas al proceso a este diario. La demora genera expectativas en los ámbitos judiciales, dado que la declaración del imputado podría resultar determinante para esclarecer los intrincados hilos de una madeja financiera que, según la acusación, conecta a un dirigente político argentino con una red internacional de lavado de activos cuya sombra se extiende más allá de las fronteras nacionales.
