El extitular de la empresa satelital estatal enfrenta un procesamiento con prisión preventiva tras el hallazgo de drogas y una abultada suma de dólares en efectivo durante un allanamiento en su vivienda de Palermo. Mientras la investigación por supuestos actos de corrupción continúa en San Isidro, la Cámara Federal de San Martín determinó que el tramo vinculado a los narcóticos debe ser dirimido en la órbita de los juzgados de Comodoro Py, zanjando así un conflicto de jurisdicciones que enfrentaba a los fueros de la zona norte del conurbano con los del distrito judicial porteño.
En un fallo que adquirió relevancia en el ámbito judicial porteño, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín zanjó la puja competencial que mantenía en vilo a dos instancias judiciales, al resolver que el expediente originado a raíz del secuestro de estupefacientes en el domicilio del exfuncionario estatal Facundo Leal debe proseguir su trámite en los estrados de Comodoro Py, el tradicional centro neurálgico de la justicia federal en la Capital Federal. De esta manera, el tribunal de alzada desestimó los argumentos esgrimidos desde el juzgado de San Isidro, que pretendía retener la totalidad de la pesquisa bajo su órbita, y optó por una interpretación territorial estricta, al considerar que el lugar de aprehensión de la sustancia ilícita constituye el factor determinante para dirimir la cuestión.
El resolutivo judicial, que ya causa repercusiones en los pasillos de los tribunales, pone fin a una controversia procesal que se había desatado luego de que el magistrado a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, donde se instruye la pesquisa principal por presuntos delitos de corrupción vinculados a la administración de la empresa satelital ARSAT, reclamara para sí también la investigación derivada del operativo allanamiento efectuado en el inmueble que el procesado posee en el exclusivo barrio de Palermo. Fue precisamente en ese departamento, ubicado en plena geografía porteña, donde los agentes federales hallaron no solo una cantidad considerable de envoltorios con cocaína, sino también una cifra sideral: dos millones cuatrocientos mil dólares estadounidenses en billetes de alta denominación, ocultos en distintos compartimentos del inmueble.
La Cámara Federal de San Martín, al hacer lugar al planteo de incompetencia formulado por la defensa del imputado, subrayó que el criterio rector en materia de narcotráfico debe atender al locus delicti commissi, esto es, el espacio físico donde se consumó la conducta delictiva. En consecuencia, los camaristas sostuvieron que, dado que la totalidad de los elementos incriminatorios –tanto la droga como el dinero en efectivo– fueron incautados en el departamento sito en el barrio de Palermo, resulta forzoso que sea un juzgado federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires el que continúe con la indagatoria de ese segmento específico del proceso. De esta forma, el expediente por estupefacientes quedará radicado en los tribunales de Comodoro Py, mientras que la investigación madre por supuesta malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública seguirá su cauce en la jurisdicción de San Isidro, donde ya se acumulan numerosos testimonios y pruebas documentales.
El fallo, firmado por los jueces de la Sala I, enfatizó que la conexidad entre ambos procesos no resulta suficiente para justificar una acumulación forzada, máxime cuando la ley procesal establece pautas claras para dirimir conflictos de esta naturaleza. Los magistrados recordaron que el artículo 41 del Código Procesal Penal Federal otorga preeminencia al lugar del hecho, por encima de otras consideraciones subjetivas o administrativas, y que, en este caso, la evidencia material recolectada en el allanamiento determina de manera inequívoca la competencia territorial. De igual modo, destacaron que la división de los expedientes no afecta la debida administración de justicia, ya que ambos estrados pueden coordinarse mediante exhortos y medidas de cooperación procesal, tal como lo prevé el ordenamiento jurídico vigente.
Facundo Leal, quien ocupó la presidencia de ARSAT durante la gestión anterior, se encuentra actualmente alojado en un establecimiento penitenciario federal, luego de que el juez instructor dispusiera su prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales concretos, tales como la posibilidad de entorpecimiento de la pesquisa y un eventual peligro de fuga, habida cuenta de la cuantiosa fortuna incautada y su perfil de alto poder adquisitivo y contactos internacionales. El exfuncionario, que en su momento estuvo a cargo de la principal empresa de telecomunicaciones por satélite del país, permanece imputado por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, aunque su defensa técnica ha reiterado su inocencia y cuestionado la legalidad del procedimiento allanamiento, alegando presuntas irregularidades en la cadena de custodia y en la notificación de la orden judicial.
El nuevo escenario procesal implicará que, en los próximos días, el juzgado de San Isidro remita las piezas correspondientes al expediente de drogas al fuero de Comodoro Py, donde un magistrado de turno deberá asumir la instrucción de ese tramo y resolver, entre otras cuestiones, si mantiene o modifica la situación cautelar del detenido. Fuentes judiciales consultadas señalaron que, pese al desmembramiento de la causa, la fiscalía interviniente ya ha manifestado su intención de solicitar medidas de prueba adicionales en la Capital Federal, incluyendo pericias químicas sobre la sustancia secuestrada y análisis de los rastros financieros que podrían vincular el dinero hallado con estructuras de comercialización ilegal de estupefacientes.
Por otro lado, organismos de control y asociaciones civiles vinculadas a la transparencia pública han puesto su atención en este caso, al considerar que el cruce entre los delitos de corrupción administrativa y el narcotráfico revela una peligrosa intersección que podría implicar a otras figuras del espectro político y empresarial. Si bien hasta el momento no se han formulado cargos contra terceras personas, el volumen de efectivo incautado y la naturaleza de los vínculos que Leal mantenía en el entorno gubernamental y corporativo han encendido las alarmas en la esfera judicial, que no descarta futuras ampliaciones de la imputación.
El fallo de la Cámara Federal de San Martín, en definitiva, no solo despeja el espinoso entuerto competencial que amenazaba con paralizar la pesquisa, sino que también sienta un precedente relevante en materia de distribución de causas con múltiples aristas delictivas. La decisión, adoptada por mayoría y con un voto concurrente que abundó en consideraciones doctrinarias, refuerza el principio de que el lugar de comisión del hecho ilícito constituye el ancla jurisdiccional fundamental, incluso cuando existen conexiones temáticas que podrían sugerir una tramitación unificada. Queda ahora en manos del juzgado porteño receptor avanzar con celeridad en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la droga, mientras que el expediente matriz seguirá desandando su camino en San Isidro, en una suerte de binomio judicial que, según los especialistas, demandará un fino ejercicio de coordinación para evitar contradicciones o duplicaciones de esfuerzos.
Mientras tanto, la defensa de Leal evalúa los pasos a seguir y no descarta apelar el fallo ante instancias superiores, aunque fuentes allegadas al letrado reconocen que, por ahora, la prioridad es obtener una revisión de la prisión preventiva, que ya supera los plazos ordinarios previstos por la ley. En el plano político, el caso ha generado un visible malestar en los círculos oficialistas, que prefieren mantener un prudente silencio, a la espera de que la Justicia avance en sus determinaciones sin injerencias externas. Lo cierto es que la causa ARSAT, que alguna vez concitó el interés público por su dimensión tecnológica y estratégica, ha derivado en un laberinto judicial que, con esta nueva resolución, adquiere un perfil más nítido, aunque no por ello menos complejo, en el mapa de los grandes expedientes de corrupción y narcotráfico que tramitan en la Argentina.
