Mientras la atención pública se focaliza en el césped de Qatar, la administración de Javier Milei negocia contrarreloj la aprobación de un megapaquete que elimina el límite a la compra de campos por extranjeros, acelera desalojos y desmantela la protección de bosques quemados, en medio de acusaciones cruzadas sobre soberanía y negociados internacionales.
En el vértigo de una semana donde la euforia deportiva suele opacar cualquier otra agenda, el Poder Ejecutivo ha elegido el escenario postrimero de la semifinal mundialista para destrabar una ofensiva legislativa de vastas consecuencias sobre el patrimonio rural del país. La jornada subsiguiente al cruce entre la selección argentina y su par británica, un encuentro que ya de por sí despierta resquemores históricos y que el oficialismo convalidó sin objeciones ante la prohibición de izar enseñas alusivas a las Islas Malvinas en el recinto, será el telón de fondo para el intento de sanción del proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Se trata de un compendio de reformas que, en su núcleo, deroga los topes vigentes para la adquisición de predios rurales por parte de inversores foráneos, institucionaliza los desalojos sumarísimos y desguaza las vallas protectoras sobre los bosques autóctonos y las extensiones arrasadas por el fuego.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió al frente de la ofensiva comunicacional para justificar la iniciativa, al calificar la normativa sancionada en 2011 como una suerte de «criminalización» de las operaciones inmobiliarias internacionales. Sin embargo, sus dichos fueron contestados de manera enérgica desde el ámbito académico. Pablo Voldkin, coordinador del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires, descalificó la aseveración oficial tildándola de «barbaridad», producto de la «malicia o la ignorancia», y recordó que el texto vigente no solo permite la participación del capital foráneo, sino que aún concede un margen significativo para su expansión. En el arco político, el peronismo ya ha manifestado su determinación de erigirse como dique de contención en el Senado para frenar el capítulo de la extranjerización, en una pulseada que se define por un puñado de voluntades.
Las idas y vueltas de un dictamen cocinado a fuego lento
Tras semanas de hermetismo y tratativas en los despachos, la Casa Rosada busca viabilizar la compra irrestricta de la totalidad del territorio nacional por parte de actores foráneos. El andamiaje legal de esta embestida descansa sobre los hombros del proyecto redactado por Federico Sturzenegger, un texto que ya ha sufrido más de una docena de reescrituras. La versión que circula en estos momentos entre los legisladores de la Cámara alta, identificada con el número 14, es el fiel reflejo de una cocción legislativa que se ha extendido de manera intermitente. Fuentes del interbloque Popular confiaron a este periódico que «el articulado continúa siendo retocado en negociaciones extraoficiales, incluso después de haber egresado del plenario de comisiones», y adelantaron que la estrategia oficialista podría consistir en imponer los cambios acordados en los últimos minutos, utilizando como base el dictamen ya consensuado.
La tarde del martes fue un hervidero de especulaciones y movimientos en el recinto, con el oficialismo y la oposición enfrascados en diálogos frenéticos para cuadrar los números. Según pudo reconstruir este diario, en las filas del oficialismo los guarismos no terminaban de cerrar, y el fantasma de una nueva suspensión de la sesión se cernía sobre el ambiente. Desde la vereda de enfrente, el peronismo trabajaba a destajo para bloquear específicamente el artículo que autoriza la venta de tierras sin límites. «Contamos con 35 apoyos firmes, pero necesitamos un sufragio más para llegar al número mágico», confesó un senador opositor con acceso al conteo de votos. En efecto, en un escenario de plena asistencia, la coalición opositora requiere de 36 voluntades para hacer zozobrar las aspiraciones del Ejecutivo en este punto neurálgico.
Las falacias del relato libertario y el peligro de la concentración extrema
Detrás de la prédica que ensalza la defensa absoluta de la propiedad privada como dogma, el Gobierno nacional impulsa una redefinición profunda del régimen de tenencia de la tierra que allana el camino para que el capital especulativo ponga sus garras sobre activos de relevancia estratégica. La controversia trasciende el mero debate jurídico sobre el derecho de posesión y se incrusta en el núcleo mismo de la soberanía nacional, al exponer recursos críticos a la dinámica del mercado internacional sin ningún tipo de cortapisa.
El aspecto más lesivo del paquete es, sin duda, la eliminación de los frenos a la extranjerización. Durante su comparecencia ante la prensa, el portavoz Ravier ratificó la intención del oficialismo de «suprimir las restricciones generales que pesan sobre los extranjeros para la compra de terrenos rurales», y arremetió contra la legislación anterior al tildarla de «criminalizadora». No obstante, el análisis técnico desmiente esta caracterización. Voldkin explicó con crudeza que el verdadero propósito de la enmienda no es habilitar una actividad prohibida, sino desmontar los límites territoriales que hoy impiden una concentración aún mayor en zonas específicas. «El problema no reside en que la ley prohíba adquirir, sino en que existen departamentos, particularmente en la región cordillerana, donde la propiedad foránea ya supera el 40 o 50 por ciento de la superficie», advirtió el investigador.
De prosperar la reforma, las áreas donde se asientan yacimientos de litio, hidrocarburos, minerales críticos para la transición energética y pasos fronterizos bioceánicos quedarían a merced del capital privado internacional. Voldkin también desmontó la distinción falaz trazada por Ravier entre Estados e inversores particulares, señalando que en Argentina los adquirentes predominantes son personas físicas y jurídicas, no gobiernos extranjeros. En esa línea, subrayó que la supresión del cupo por nacionalidad beneficia de manera directa al capital estadounidense, que ya lidera el ránking de propietarios foráneos en el agro argentino, una adecuación hecha a la medida de los tecnócratas y millonarios que Milei admira. «Sin territorio, dejamos de ser un país soberano», sentenció el senador Wado de Pedro, quien añadió: «No es casualidad que quieran tratar esto en medio del Mundial; necesitan la distracción social. La única explicación para este despojo es algún negocio inconfesable del Presidente con magnates o fondos buitres».
La ofensiva contra las expropiaciones y el desalojo relámpago
El proyecto no se limita a la venta de campos, sino que opera como una tenaza sobre el poder estatal en múltiples frentes. En materia de expropiaciones, se impone un endurecimiento sin precedentes que eleva el estándar para declarar la «utilidad pública», restringiendo la capacidad del Estado para recuperar inmuebles por motivos de interés colectivo. La iniciativa exige que la indemnización compense no solo el valor venal del bien, sino también el lucro cesante que el propietario acredite haber sufrido, y posterga la toma de posesión efectiva hasta el pago total y actualizado de la suma, incluyendo intereses. Incluso las ocupaciones temporarias se ven acotadas a un plazo máximo de noventa días, lo que, en la práctica, fosiliza la herramienta expropiatoria para futuras administraciones.
El capítulo destinado a los desalojos exprés no es menos alarmante. La redacción del texto otorga a cualquier persona que invoque un derecho, aunque sea preliminar, sobre un inmueble la potestad de solicitar la restitución inmediata del predio. Un juez, con una evaluación sumaria de los elementos presentados, podría ordenar la entrega del terreno sin aguardar la sentencia firme del proceso judicial. La única concesión alcanzada tras las negociaciones, y que reviste un carácter meramente testimonial, es un plazo de gracia de diez días para aquellos hogares donde residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores sin una alternativa habitacional concreta, una suerte de prórroga mínima que apenas mitiga la crudeza de la medida.
El guiño a los incendios y la especulación inmobiliaria
En un giro que ha encendido todas las alarmas entre las organizaciones ecologistas, el paquete también reforma la Ley de Manejo del Fuego, derogando una de las cláusulas más efectivas para desincentivar los siniestros intencionales. Hasta ahora, la normativa impedía modificar el destino de los terrenos arrasados por las llamas durante un lapso de sesenta años, una herramienta impulsada por el diputado Máximo Kirchner para evitar que el fuego se convirtiera en un mecanismo perverso de valorización inmobiliaria o de ampliación de la frontera agrícola-ganadera. Con la nueva redacción, se barren esas prohibiciones, permitiendo el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o cualquier cambio en el uso del suelo apenas transcurridos treinta años del incendio. Esta flexibilización, que elimina el principal disuasivo contra la especulación sobre tierras quemadas, abre una peligrosa puerta a la depredación ambiental y al negocio de la tierra arrasada.
En definitiva, mientras el país contiene el aliento frente al esférico, la administración Milei aprovecha el compás de espera para consumar una reforma estructural que reconfigura el mapa de la propiedad y debilita los pilares de la soberanía territorial. La jornada de votación se anticipa como una batalla cruenta en el Senado, donde el peronismo se aferra a la necesidad de un voto más para evitar que la Argentina se convierta en un inmenso latifundio a cielo abierto para los capitales golondrina. El resultado es incierto, pero el objetivo del Gobierno es claro: que la pelota no deje de rodar mientras se firma la transferencia de la cancha.
