Mientras los indicadores de incumplimiento de pago en préstamos personales y tarjetas de crédito trepan a niveles no vistos en más de veinte años, la administración nacional atribuye el fenómeno a una supuesta falta de previsión de los hogares. Especialistas y economistas, no obstante, desmantelan ese argumento y señalan la caída del salario real, la destrucción de empleo formal y la desregulación financiera como los verdaderos motores de una crisis que convirtió al crédito en la última tabla de salvación para millones de argentinos.
En medio de un escenario económico donde la capacidad de pago de los hogares se derrumba y los registros de deuda impaga se disparan a cifras que no se registraban desde hace dos décadas, el portavoz del Poder Ejecutivo, Adrián Ravier, lanzó una polémica interpretación oficial que intenta desligar al Estado de la gestión de la crisis. Al ser consultado sobre el alarmante incremento de la morosidad en el sistema financiero, el funcionario sostuvo que la población debe asumir la responsabilidad de sus decisiones de consumo, afirmando que “las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos” y que no se puede “llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado”. Este enfoque, que reduce un fenómeno de magnitud estructural a una cuestión de educación o prudencia individual, generó un inmediato rechazo en el ámbito académico y financiero, donde se acusa al Gobierno de mirar hacia otro lado mientras las políticas oficiales profundizan el deterioro del bienestar ciudadano.
Lejos de ser un hecho aislado, el crecimiento exponencial de los incumplimientos en el pago de obligaciones financieras viene siendo objeto de advertencia por parte de economistas y entidades bancarias desde hace varios meses. Los datos proporcionados por el Banco Central son elocuentes y reflejan una fotografía desoladora: la mora en los préstamos personales se ubica en un preocupante 15 por ciento, mientras que los saldos impagos de las tarjetas de crédito alcanzan el 11 por ciento, posicionándose como los peores registros dentro del sistema bancario tradicional. No obstante, la situación se agrava aún más en el segmento de los proveedores no financieros y las plataformas digitales, donde la desregulación y la facilidad de acceso han multiplicado el riesgo. Allí, la morosidad escala al 26 por ciento en las billeteras virtuales, al 48 por ciento en las cadenas de electrodomésticos, y llega a un alarmante 58 por ciento en las casas de “efectivo ya”, revelando que la problemática atraviesa todos los estratos del crédito al consumo.
Frente a esta realidad, el discurso oficial insiste en desviar el foco hacia la supuesta irresponsabilidad de los tomadores de crédito. Ravier profundizó su argumentación al sostener que, en un contexto de “recuperación del crédito”, es normal que aparezca la morosidad, e incluso extendió las críticas a las propias entidades financieras, argumentando que estas habrían perdido la capacidad de evaluar adecuadamente el riesgo crediticio después de años de baja actividad. Esta narrativa, sin embargo, choca de frente con los análisis técnicos que advierten que el crédito dejó de ser una herramienta para financiar proyectos de consumo o inversión, transformándose en un mecanismo de supervivencia forzosa. En la práctica, los préstamos ya no se destinan a la compra de electrodomésticos o vacaciones, sino a cubrir gastos esenciales como la compra de alimentos, el pago de tarifas de servicios públicos o los desembolsos en salud. Lejos de reflejar un optimismo en el nivel de vida de las familias, la expansión del financiamiento expresa, en rigor, la profundización de las dificultades para afrontar la canasta básica con ingresos licuados.
Este no es el primer episodio en el que el funcionario busca eximir al Estado de los efectos colaterales de su plan de ajuste. Hace apenas unos días, Ravier generó una ola de críticas al sugerir que, frente al incremento de las tarifas de gas natural, las familias debían optar por “abrigarse” antes que encender la calefacción. Aquel consejo, que minimiza la gravedad de la pérdida del poder adquisitivo, encuentra ahora su correlato en el ámbito financiero, al sugerir que el sobreendeudamiento es un problema de falta de previsión y no una consecuencia directa de la recesión y la pérdida de empleo registrado que caracterizan a la actual gestión.
Las voces expertas consultadas por este medio sostienen una tesis diametralmente opuesta a la oficial. La economista Delfina Rossi fue contundente al señalar que el Ejecutivo insiste en responsabilizar a las familias por un problema que es inherente a la estructura económica vigente. A su juicio, el crédito funcionó durante un tiempo como un placebo frente a la crisis de ingresos y empleo, pero cuando esa crisis se torna permanente, ningún puente financiero puede sostener el endeudamiento. En la misma línea, la socióloga Luci Cavallero, de la organización Movida Ciudad, interpretó que el Gobierno se ve acorralado a hablar del endeudamiento justamente porque el crecimiento de la mora ha puesto en jaque el relato oficial que pregonaba una mejora en la vida cotidiana. Para Cavallero, atribuir el problema a una falta de educación financiera es una estrategia deliberada para ocultar el verdadero transfondo: no existe una incapacidad individual para administrar la economía doméstica, sino un problema estructural que empuja a las familias a endeudarse para poder subsistir.
El análisis de los especialistas profundiza en las causas económicas concretas. Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, explicó que el incremento de la morosidad no puede ser analizado únicamente a través del prisma de la pérdida de ingresos, sino que debe incluirse la variable de las tasas de interés. En este sentido, Burgos advirtió que, tras la desregulación financiera implementada por la administración de Javier Milei, los costos del dinero quedaron muy por encima de la inflación, haciendo impagable cualquier financiamiento a mediano plazo. Esta situación se ve agravada por la falta de respuestas del Estado, que no solo no implementa políticas de alivio, sino que bloquea sistemáticamente las iniciativas en el Congreso que buscan regular el mercado crediticio y dar una salida a los deudores.
Una de las críticas más mordaces provino de la economista Lucía Cirmi Obón, quien ironizó sobre la explicación oficial al recordar que, con la asunción de Milei, se eliminó el tope legal a los intereses punitorios de las tarjetas de crédito, al mismo tiempo que el salario mínimo perdía cerca del 40 por ciento de su poder de compra. En ese breve lapso, la morosidad de las familias pasó del 2 al 12 por ciento en los créditos bancarios y del 8 al 27 por ciento en las billeteras virtuales. “La explicación oficial implicaría creer que todos los argentinos se volvieron tontos el mismo día, justo durante los dos años de gobierno de Javier Milei”, disparó la especialista, desnudando la fragilidad del argumento gubernamental.
Por último, Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí, completó el rompecabezas al detallar los tres factores que confluyen en esta crisis. En primer lugar, señaló el descalce brutal entre las tasas de interés, que superan el 100 por ciento anual tanto en bancos como en fintechs, y la evolución de los salarios y el dólar. En segundo término, describió el fenómeno de sustitución de ingresos, donde las familias recurren al crédito para reemplazar la porción del salario que es devorada por el aumento de los gastos fijos, como tarifas y alquileres. Finalmente, alertó sobre la agresividad de las estrategias comerciales de las entidades financieras, especialmente las aplicaciones digitales, donde obtener un préstamo está al alcance de la mano con solo tener un teléfono celular, en un mercado que opera con una peligrosa falta de regulación. Chouza concluye que la suma de estos elementos no deja lugar a dudas: el récord de morosidad no es un accidente, sino el resultado de una política económica que priorizó el ajuste y la desregulación por sobre la protección del ingreso de los hogares.
