El vocero presidencial, Adrián Ravier, reinstaló desde el atril de la Casa Rosada una estadística apócrifa sobre la población estudiantil foránea en las universidades públicas, desatando una controversia que expone la contradictoria postura oficial: mientras se estigmatiza al alumno extranjero por “generar costos” al erario, el Ejecutivo impulsa sin reservas la compra de suelo patrio por parte de capitales transnacionales.
En el escenario de la comunicación gubernamental, la administración de Javier Milei ha vuelto a escenificar una suerte de taxonomía excluyente respecto al universo de los no nativos, trazando una nítida línea divisoria entre aquellos que resultan funcionales a sus intereses geopolíticos y los que, por el contrario, son señalados como una carga para las arcas públicas. Esta fragmentación de criterios quedó patente durante la última conferencia de prensa ofrecida por el vocero Adrián Ravier, quien, al ser consultado sobre la presencia de alumnado internacional en las casas de altos estudios, recurrió a una cifra que ya había sido refutada con anterioridad por las propias estadísticas oficiales, deslizando que estos individuos «generan costos» para «los pagadores de impuestos argentinos».
El funcionario, al tiempo que defendía la narrativa oficial, se enredó en un laberinto de imprecisiones cuando un periodista acreditado puso en entredicho su aseveración acerca de que «casi el 40% de los estudiantes de Medicina son extranjeros». La vacilación de Ravier, quien repitió mecánicamente «lo vamos a revisar» mientras alzaba las manos en el atril como desligándose de sus propias declaraciones, contrastó con la firmeza de sus publicaciones en la red social X, donde se siente más cómodo para calificar al país como «bananero» y reincidir en la polémica. Horas después de la conferencia, y pese al inmediato desmentido de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el portavoz redobló la apuesta adjuntando un gráfico de dudosa procedencia para insistir en el porcentaje falaz, incurriendo además en otro error conceptual al omitir que los estudiantes, sean nacionales o foráneos, contribuyen al fisco a través del IVA y otros tributos asociados al consumo diario.
Esta no es la primera incursión del oficialismo en la difusión de información errónea sobre la matrícula extranjera. En mayo pasado, en la antesala de la cuarta marcha federal universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había esgrimido números similares que ya fueron desmentidos por el propio Ministerio de Educación. Sin embargo, la persistencia en esta falacia revela una estrategia deliberada de amplificación de una narrativa antiinmigrante, que encuentra su correlato en las iniciativas del legislador bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, quien aboga por imponer aranceles tanto en las instituciones educativas como en los hospitales públicos.
Frente a la catarata de inexactitudes, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, salió al cruce con datos concretos: para el ciclo lectivo 2026, de los más de 70.000 ingresantes, aquellos con residencia temporal o transitoria apenas representan el 2,5 por ciento, y en la Facultad de Medicina ese índice se reduce al 6,1 por ciento. Incluso en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde Ravier aseguró que la proporción de extranjeros alcanza el 51%, los registros del sistema SIU Araucano indican que la cifra real, incluyendo a quienes han residido en el país desde la infancia, es del 38,5 por ciento, y desciende al 28,6 si se aísla a los que arribaron exclusivamente con fines educativos, evidenciando además una marcada deserción a medida que avanzan los años de cursada.
El costo-beneficio de la internacionalización
Especialistas consultados subrayan la miopía de un enfoque que reduce la presencia de estudiantes extranjeros a un mero gasto. Lucas Luchilo, investigador y profesor de la UBA, enfatiza que los estudios demuestran que los beneficios económicos de esta población superan ampliamente los costos, ya que su manutención en la ciudad implica un desembolso mensual que oscila entre los 700 y 1000 dólares, cifra que, al anualizarse, supera con creces el costo per cápita que demanda su formación académica. «Todos los países del mundo valoran y promueven la llegada de talento internacional porque son jóvenes con iniciativa que dinamizan la economía local», argumentó el académico, contrastando la postura argentina con la de naciones desarrolladas que incluso becan a extranjeros para sus programas de posgrado.
Esta visión pragmática choca de frente con la doble moral gubernamental que, mientras señala al estudiante foráneo como un «gratifista», exalta la llegada de capitales externos. La contradicción se materializa en el juego de espejos entre el Congreso y la Casa Rosada: mientras el vocero impulsa el arancelamiento universitario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, invoca el artículo 20 de la Constitución Nacional para fomentar sin restricciones la extranjerización de la tierra, otorgando a los inversores transnacionales los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos. Una misma carta magna, dos interpretaciones antagónicas, un mismo gobierno.
Xenofobia selectiva en tiempos de ajuste
Desde la presidencia de la UNLP, se advirtió que las críticas hacia la comunidad extranjera suelen recrudecer en contextos de fuerte restricción presupuestaria y ajuste salarial, como el actual, desviando la atención hacia un chivo expiatorio para ocultar las consecuencias del desfinanciamiento. «La cantidad no debería ser considerada un problema en sí mismo, salvo que se incurra en consideraciones racistas o xenófobas que solo cabe rechazar de plano», sentenciaron las autoridades platenses. El director del Departamento de Economía de la UBA e investigador del Conicet, Javier Curcio, coincide en que la internacionalización educativa es un activo que favorece a todos, y si bien reconoce la necesidad de debatir el financiamiento de carreras costosas, aclara que esta discusión aplica tanto a argentinos como a extranjeros, quienes, lejos de «llevarse» el conocimiento, generan valor y arraigo en el tejido social del país.
