Mientras el oficialismo confía en destrabar la norma que permitirá el desembarco irrestricto de capitales foráneos en el territorio nacional, la fractura del poder provincial en Misiones—el segundo distrito con mayor exposición fronteriza—genera un cerrojo inesperado. Con los votos aún en el aire y la amenaza de una movilización social sin precedentes, el proyecto conocido como «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» enfrenta su jornada decisiva el 6 de agosto, en un clima de tensión donde la presión callejera y los sondeos de opinión pública inclinan la balanza en contra de los planes de la Casa Rosada.
El próximo 6 de agosto, el calendario político marcará un hito que podría redefinir el mapa normativo del agro y la soberanía territorial argentina. En esa jornada, el Poder Ejecutivo intentará, por quinta ocasión consecutiva, obtener el refrendo legislativo para una iniciativa que eliminaría las barreras actuales a la adquisición de extensiones rurales por parte de sujetos y empresas de nacionalidad extranjera. Sin embargo, lejos de un escenario de certezas, la administración libertaria se adentra en un terreno pantanoso, donde la aritmética parlamentaria se vuelve esquiva y los pliegues de la política provincial complican las proyecciones oficiales.
El corazón de la incertidumbre late en la provincia de Misiones, un distrito que no solo ostenta el segundo porcentaje más elevado de tierras en manos foráneas, sino que además presenta una geografía limítrofe que es casi en su totalidad internacional, con un 90% de sus fronteras expuestas al exterior. En este contexto, la figura del gobernador Hugo Passalacqua ha emergido como un bastión inesperado para la oposición al proyecto. Passalacqua, mediante una directiva inequívoca, ha ordenado a sus representantes en el Congreso que plasmen su rechazo en el recinto, en una clara demostración de autonomía frente a los designios del poder central. No obstante, la cadena de mando legislativa se encuentra fraccionada, dado que los senadores provinciales mantienen una lealtad política que responde a la histórica figura de Carlos Rovira, el exmandatario que durante décadas tejió la trama del poder real en la tierra colorada.
Esta dualidad de liderazgos ha sumergido a los legisladores misioneros en una encerrona de carácter político e ideológico, según describen fuentes cercanas a la negociación. Desde la óptica doctrinaria, ningún representante de esa provincia albergaría simpatías por una ley que propicia el desembarco extranjero sin cortapisas; pero en el plano práctico, la obediencia debida a Rovira—quien se encuentra actualmente de vacaciones y mantiene un hermetismo absoluto sobre su postura—genera un cisma que el oficialismo no había anticipado. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el exgobernador Oscar Herrera Aguad ya ha adelantado su voto negativo, sumando una pieza más a un tablero que se torna adverso.
El espionaje político en los pasillos del Senado sugiere que los dos senadores misioneros, atrapados entre la directiva gubernamental y el paraguas protector de Rovira, podrían intentar una salida salomónica para esquivar el conflicto. Una maniobra plausible sería la de facilitar el quórum e incluso viabilizar la aprobación general de la norma, pero luego desmarcarse del capítulo específico que autoriza la compra irrestricta de tierras. De concretarse esa estrategia, el corazón mismo del paquete legislativo—aquel que más anhela el ala más liberal del gobierno—naufragaría sin remedio, dejando al Poder Ejecutivo con un triunfo pírrico. Fue precisamente este riesgo inminente el que impulsó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio el pasado 15 de julio, luego de que el fervor patriótico desatado por el triunfo deportivo frente a Inglaterra—con la bandera de Malvinas como telón de fondo—sembrara dudas entre varios senadores indecisos.
En esa misma línea, el senador misionero Martín Goerling, perteneciente al PRO, se perfila como la excepción que confirma la regla, ya que ha manifestado su respaldo incondicional al proyecto y se ha erigido como uno de los principales artífices de la embestida oficialista contra las críticas esgrimidas desde el oficialismo en el recinto. Sin embargo, su postura aislada no logra disipar la niebla que envuelve a la bancada mayoritaria.
Mientras los estrategas de Balcarce 50 intentan descifrar el enigma Rovira, el descontento social ha comenzado a tomar forma de movilización masiva. El receso parlamentario concedido a pedido de Bullrich no solo ha brindado un respiro a los legisladores, sino que ha otorgado a la oposición el tiempo necesario para articular una protesta sin precedentes frente al Congreso Nacional para el mismo día de la votación. A la convocatoria ya han adherido las dos centrales sindicales CTA, que marcharán bajo la consigna «Por la tierra y el agua», en tanto que la CGT se encuentra evaluando sumarse al reclamo, lo que podría dotar a la manifestación de un carácter de paro general en ciernes.
El arco de adhesiones se extiende más allá del sindicalismo combativo, abarcando a organizaciones sociales, colectivos ambientalistas, sectores de la Iglesia, el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires y la totalidad de los partidos de la oposición. La apuesta de estos sectores es que la presión ejercida en el asfalto logre inclinar la balanza emocional de los legisladores y quiebre los precarios apoyos con que aún cuenta el oficialismo.
En este escenario de confrontación política y social, las cifras parecen dar la razón a la ciudadanía. Un sondeo recientemente difundido por la consultora Zuban Córdoba revela un dato demoledor para las aspiraciones gubernamentales: ocho de cada diez argentinos se manifiestan a favor de sostener las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. De acuerdo con el estudio, el 77% de la población respalda que existan topes a este tipo de transacciones, mientras que apenas un 16,7% se muestra en contra. El porcentaje evidencia un consenso transversal que trasciende las grietas políticas, incluso en un contexto donde el oficialismo ha enmarcado la iniciativa como una suerte de imán para las inversiones foráneas.
Pero el paquete legislativo no se agota en la cuestión agraria. La Casa Rosada ha aprovechado el trámite parlamentario para introducir reformas sustanciales al régimen de expropiaciones, restringiendo el concepto de utilidad pública y elevando considerablemente los montos indemnizatorios. Esta modificación, que podría pasar desapercibida para el observador casual, tiene un efecto letal para el futuro: dificultará que administraciones venideras puedan recuperar activos estratégicos que hoy están siendo rematados por la gestión libertaria. Un ejemplo elocuente es el de YPF, cuya expropiación del 51% en 2012—bajo una normativa similar a la que se busca derogar—permitió al Estado retomar las riendas de la compañía e impulsar el desarrollo de Vaca Muerta, un logro que el propio gobierno actual no duda en exhibir ante organismos internacionales como el FMI.
Así, el 6 de agosto no solo definirá el destino de miles de hectáreas, sino que sentará un precedente sobre la capacidad del Estado para regular sus recursos estratégicos en un escenario de globalización desenfrenada. La incógnita sobre el posicionamiento de Rovira—que podría alinearse con la Casa Rosada, tal como lo hizo en el resonante episodio de la caída de la ley de Ficha Limpia—mantiene en vilo a todo el arco político. Por ahora, los legisladores misioneros permanecen encerrados en un laberinto de lealtades divididas, mientras el reloj avanza implacable hacia una votación que promete ser tan reñida como trascendental.
