La Mesa de Organismos de Derechos Humanos dirigió una misiva a los 72 senadores en la que exige el rechazo categórico de la iniciativa oficialista, al considerar que encubre una maniobra de entrega territorial a corporaciones transnacionales y una profundización de la vulnerabilidad soberana, apelando a la memoria histórica y al legado de lucha de Madres y Abuelas para interpelar el voto de los legisladores.
En una contundente manifestación de repudio que resuena en los pasillos del Congreso, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos ha puesto en el centro del debate político la iniciativa de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» (Expediente PE-13/26), impulsada por el Poder Ejecutivo desde marzo pasado. Mediante una carta abierta de tono histórico y vocabulario beligerante, la entidad no solo rechaza el contenido del proyecto, sino que cuestiona la esencia misma de la estrategia de gobierno del presidente Javier Milei, a quien acusa de orquestar una farsa destinada a facilitar el saqueo de los bienes comunes y la subordinación de los intereses nacionales a los designios de potencias extranjeras y grupos financieros globales.
El pronunciamiento, suscrito por organizaciones de la talla de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras, utiliza como pórtico la célebre proclama atribuida al general José de San Martín: «Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla». Con esta arenga, los firmantes buscan instalar un clima de urgencia patriótica y equiparar la discusión legislativa actual con las gestas fundacionales de la soberanía nacional. El texto advierte que la aprobación de este marco normativo no significará la llegada de inversiones beneficiosas, sino la habilitación de una puerta giratoria para la compra masiva de tierras y recursos estratégicos, lo que derivaría en un fenómeno de desintegración territorial sin precedentes y en una mayor subordinación de la economía doméstica.
La misiva, que llega en un momento de alta tensión política, desnuda la percepción de los organismos sobre el verdadero telón de fondo del proyecto. Lejos de la retórica oficial que promociona la atracción de capitales, la Mesa sostiene que el oficialismo busca, a través de este expediente, consolidar un modelo de expoliación. En este sentido, el comunicado denuncia con crudeza que existen «enormes presiones de grupos económicos extranjeros» cuyos intereses están en juego, los cuales poseen la capacidad financiera suficiente para adquirir no solo porciones de tierra, sino también las voluntades de los gobernadores provinciales y sus representantes en el Senado. La referencia al reciente caso Kueider es utilizada como un signo de alerta máximo, un siniestro presagio de cómo la influencia foránea puede doblegar la representación popular.
En el núcleo de su argumentación, los organismos apelan a la memoria histórica como un antídoto contra el olvido y la complicidad. Los firmantes enfatizan que la lucha por los Derechos Humanos, forjada en las décadas de plomo y templada en las crisis más hondas del país, como la heroica resistencia popular de diciembre de 2001, les otorga la autoridad moral para erguirse frente a lo que consideran un nuevo acecho a la soberanía. El texto hace un paralelismo explícito entre el peligro actual y las amenazas que enfrentó la nación en el pasado, afirmando que el movimiento nunca ha sido complaciente con los poderes instituidos o fácticos y que, en esta ocasión, la defensa de la Patria implica el rechazo frontal a un proyecto que profundizaría la miseria y el dolor del pueblo.
La interpelación a los 72 senadores es directa y cargada de simbolismo democrático. La Mesa les recuerda que su investidura emana del sufragio universal y que, por ende, su lealtad debe estar puesta en el mandato popular y no en las presiones de legaciones extranjeras, como la del embajador estadounidense Peter Lamelas, o en los intereses de organismos financieros internacionales encarnados en figuras como Kristalina Giorgieva. Se les exige, en consecuencia, una rebeldía activa contra los poderes concentrados, instándolos a desestimar las presiones de las corporaciones transnacionales y de los gobernadores que podrían estar actuando como correas de transmisión de intereses espurios.
El documento hace una crítica feroz al triunvirato económico del gobierno, compuesto por Javier Milei, Luis Caputo y Federico Stuzenegger, a quienes acusa de montar una farsa para esconder la verdadera naturaleza de su plan de gobierno, que ya se habría manifestado en normas previas como el Decreto 70/23, el RIGI, el Súper RIGI y la ley de Glaciares. Para los firmantes, estas herramientas legales conforman un rompecabezas normativo cuyo objetivo final es el vaciamiento del patrimonio nacional. En este contexto, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es percibida como la pieza angular que permitiría a los grupos concentrados de poder económico engrosar sus arcas a costa de la desintegración social y territorial.
Finalmente, la misiva cierra con un mensaje de claro tinte moral y escatológico, dividiendo a los legisladores en tres categorías: aquellos que ya han decidido el rechazo, a quienes se saluda; los indecisos, a quienes se conmina a reflexionar; y aquellos que han optado por el voto afirmativo, a quienes se les lanza una advertencia que estremece por su gravedad histórica. La Mesa proclama que la historia estará de su lado y que ni el olvido, ni el perdón, ni la reconciliación serán posibles con quienes faciliten lo que califican como «tamaña rapiña». La invocación del ejemplo inclaudicable de las Madres y la cifra de los 30.000 desaparecidos sirve como estandarte para subrayar que los ideales se defienden en todo tiempo y lugar, y que la actual contienda por la propiedad del territorio es, en esencia, una batalla por el alma de la Nación.
