Mientras el Ejecutivo impulsa una desregulación del mercado inmobiliario rural, un amplio espectro político se moviliza para impedir la venta de propiedades a capitales foráneos en áreas fronterizas y cercanas a infraestructura crítica, argumentando que está en juego la soberanía nacional.
En un escenario político signado por la confrontación de modelos de país, la iniciativa del gobierno de Javier Milei destinada a flexibilizar las normas que rigen la propiedad extranjera de tierras rurales ha desatado una reacción inmediata y contundente en las filas de la oposición. Contraponiéndose diametralmente a la visión desreguladora del oficialismo, un grupo de legisladores de Unión por la Patria ha presentado un proyecto de ley que no solo frena los planes del Poder Ejecutivo, sino que propone un endurecimiento significativo de las restricciones ya existentes, erigiendo un cerco legal que busca garantizar el control absoluto del territorio nacional en manos argentinas.
La propuesta legislativa, que ya comenzó a recorrer los pasillos de la Cámara de Diputados, tiene como eje central una modificación sustancial de la Ley 26.737 y el Decreto-Ley 15.385/44. El espíritu de la nueva normativa radica en establecer un «régimen de protección absoluta» que impida de manera terminante la transferencia de dominios rurales a personas físicas o jurídicas de origen extranjero, particularmente en aquellas zonas consideradas vitales para la seguridad interior y la defensa del Estado. Este movimiento en el Congreso no es aislado; por el contrario, ha generado una creciente corriente de rechazo que trasciende los límites del oficialismo, encontrando eco en diversas provincias y figuras políticas de larga trayectoria, como la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien ya ha anticipado su voto negativo al proyecto gubernamental en el Senado.
La autora de la iniciativa opositora, la diputada Agustina Propato, quien además ostenta la vicepresidencia de la Comisión de Defensa, ha sido particularmente incisiva al cuestionar los fundamentos del DNU 70/2023 y el anteproyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad» redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Para Propato y sus pares, la implementación de estas medidas equivaldría a una suerte de desterritorialización, dejando a la Nación en un estado de vulnerabilidad extrema frente a intereses foráneos en un contexto global donde las potencias mundiales avanzan en sentido inverso, resguardando celosamente sus recursos básicos. «Argentina quedaría expuesta y se pondría en grave riesgo la soberanía nacional», sostienen los fundamentos del texto, que califica la propuesta del Ejecutivo como un acto de desprendimiento patrimonial sin precedentes en la historia reciente.
La letra del proyecto opositor es particularmente minuciosa al definir las áreas vedadas para la inversión externa. Se establece una prohibición categórica para que personas extranjeras puedan ser titulares o poseedoras de inmuebles que contengan cuerpos de agua permanentes, sean ribereños de infraestructura fluvial o marítima crítica, o que simplemente estén emplazados en las zonas de seguridad de frontera, sin que exista posibilidad de excepción alguna. Conscientes de que estos enclaves constituyen el corazón estratégico para la defensa nacional, los legisladores proponen la creación de un anillo de protección de 30 kilómetros de amortiguación, una suerte de perímetro de seguridad donde regirá el principio de «conveniencia nacional» para vetar cualquier operación inmobiliaria con capitales del exterior. La argumentación es clara y apela a la sensibilidad patriótica: puertos, centrales nucleares, yacimientos de litio, gas, petróleo y acuíferos no pueden quedar bajo control indirecto de potencias extranjeras, ya que representan el sistema nervioso del país.
Profundizando en las restricciones vigentes desde la sanción de la ley en 2011, el nuevo texto mantiene el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular foráneo, pero agrega una capa adicional de rigurosidad al declarar que la adquisición de tierras rurales no será considerada como una inversión productiva, sino como la apropiación de un recurso natural no renovable. Esta definición conceptual es clave, ya que despoja a la operación de cualquier justificación económica y la enmarca en el ámbito de la seguridad pública y la defensa nacional. En esta línea, la diputada Propato ha sido enfática al denunciar que detrás de la desregulación territorial promovida por el Gobierno se esconden únicamente el afán por las megacomisiones inmobiliarias y un manifiesto desprecio por la identidad patria, sentenciando que quienes no aman el terruño no tienen la potestad moral para decidir el destino colectivo de la Nación.
El rechazo a la iniciativa oficialista no se limita a las declaraciones en el recinto. Otras voces relevantes dentro del bloque opositor, como la diputada Lorena Pokoik, han salido al cruce con igual vehemencia, subrayando que la tierra es parte esencial de la soberanía y del patrimonio inalienable del Estado. Pokoik advirtió que promover la extranjerización del territorio implica que la República resigna su capacidad de decisión sobre recursos estratégicos indispensables para su desarrollo presente y futuro, calificando la medida como un intento de rifar el porvenir del país en beneficio de intereses foráneos. La legisladora no se limitó a las palabras y convocó a la ciudadanía a una movilización masiva frente al Palacio Legislativo para el próximo jueves, cuando el Senado se apreste a tratar la norma oficial, bajo la consigna de rechazar en las calles lo que considera un entreguismo inaceptable.
En el Senado, la posición contraria al oficialismo adquiere una relevancia mayúscula, especialmente tras el pronunciamiento de la cordobesa Alejandra Vigo. Con una claridad meridiana, la senadora adelantó su voto negativo, argumentando que ningún país serio cede su territorio productivo sin restricciones. Vigo, esposa del ex gobernador Juan Schiaretti, enfatizó que la soberanía sobre los activos estratégicos no es un capricho ideológico, sino una política de Estado perdurable que sostienen incluso las economías más abiertas y desreguladas del orbe, las mismas que el gobierno nacional suele tomar como referencia para sus reformas. Al advertir que el federalismo no debe ser un escudo para fragmentar el control de los recursos naturales, la legisladora dejó en claro que el oficialismo enfrentará dificultades mayúsculas para tejer alianzas que le permitan sortear este escollo legislativo, en una muestra de que la defensa del patrimonio territorial sigue siendo un punto de encuentro para sectores políticos de trayectoria y arraigo provincial.
