Pese a la orden judicial que lo obligaba a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, la administración de Javier Milei no abonó la recomposición salarial prevista para docentes, no docentes y becarios. Los gremios universitarios preparan un nuevo plan de lucha con clases públicas y otras medidas de protesta, mientras aumenta la tensión con las casas de estudio de todo el país.
El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo luego de que venciera el plazo establecido por la Justicia para cumplir con la actualización salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de que la Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que ordenó al Estado aplicar los artículos vinculados a la recomposición de haberes y becas, el Ministerio de Capital Humano no realizó las transferencias correspondientes, profundizando el enfrentamiento con docentes, rectores y trabajadores de las universidades nacionales.
La falta de cumplimiento volvió a encender las alarmas en el ámbito académico. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, los portales institucionales mantienen visible un mensaje en el que se advierte que el Poder Ejecutivo continúa sin ejecutar la normativa aprobada por el Congreso, remarcando que la educación superior pública atraviesa una situación crítica y que el retraso en la aplicación de la ley compromete el normal funcionamiento de las instituciones.
Los rectores de las universidades nacionales señalaron que el incumplimiento oficial no resultó inesperado. Desde que la Corte Suprema confirmó la vigencia de la medida cautelar, las autoridades universitarias venían manifestando su preocupación ante la posibilidad de que el Ejecutivo demorara nuevamente la ejecución del fallo. Finalmente, el plazo expiró sin que se acreditaran los incrementos salariales retroactivos establecidos por la legislación vigente, situación que generó un fuerte malestar en toda la comunidad universitaria.
Frente a este escenario, las federaciones docentes resolvieron avanzar en la conformación de un comité de conflicto para definir un nuevo cronograma de protestas. Entre las alternativas analizadas figuran la realización de clases públicas, jornadas de visibilización, movilizaciones y otras medidas destinadas a reclamar el cumplimiento efectivo de la resolución judicial y de la ley sancionada por el Congreso. El objetivo, sostienen los gremios, es defender el poder adquisitivo de los salarios y garantizar el sostenimiento del sistema universitario público.
La disputa se desarrolla en un contexto de creciente deterioro presupuestario. Diversos informes advierten que las universidades nacionales registran una importante pérdida de recursos en términos reales y que los salarios de docentes y no docentes acumulan un fuerte retroceso frente a la inflación desde el inicio de la actual gestión. Las organizaciones sindicales aseguran que esta situación afecta el funcionamiento cotidiano de las instituciones y pone en riesgo la continuidad de actividades académicas, de investigación y de extensión.
Mientras el Gobierno sostiene su política de ajuste sobre el gasto público, el conflicto universitario vuelve a instalarse en el centro de la agenda nacional. La decisión de no ejecutar la recomposición salarial ordenada por la Justicia abre un nuevo foco de tensión institucional, ya que el incumplimiento alcanza una resolución que fue ratificada por la Corte Suprema. En ese marco, docentes, trabajadores y autoridades universitarias anticipan que intensificarán las acciones de protesta hasta que el Ejecutivo dé cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario y haga efectivas las partidas correspondientes.
