Luego de advertir que aplicaría sanciones a los prácticos navales por la medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de buques en los principales puertos del país, el Ejecutivo resolvió dejar en suspenso el decreto que modificaba la actividad y acordó iniciar una instancia de diálogo para revisar la normativa cuestionada.
La fuerte tensión que se generó entre el Gobierno nacional y los prácticos navales encontró un principio de solución luego de una intensa jornada marcada por el paro que afectó el movimiento de embarcaciones en los puertos argentinos. Tras haber advertido públicamente que aplicaría sanciones a los trabajadores por considerar que habían incumplido con la prestación de un servicio esencial, el Ejecutivo dio un giro en su postura y decidió suspender la aplicación del decreto que había desencadenado el conflicto, al tiempo que acordó conformar una mesa de diálogo para analizar la regulación de la actividad.
La decisión fue adoptada después de una reunión encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto a representantes del sector, quienes manifestaron su rechazo al decreto 690/2026 impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La norma proponía una profunda transformación del sistema de practicaje al eliminar la obligatoriedad para las empresas navieras de contratar prácticos habilitados y permitir que esas funciones pudieran ser desempeñadas por otro tipo de personal.
El anuncio oficial significó un cambio de rumbo respecto de la postura que el Gobierno había mantenido durante las primeras horas del conflicto. Como parte del entendimiento alcanzado, la aplicación del decreto quedó temporalmente suspendida mientras se desarrolla un proceso de revisión técnica y jurídica de sus alcances. Paralelamente, se resolvió constituir una mesa de trabajo integrada por funcionarios nacionales de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos con competencia en materia marítima, además de representantes de los trabajadores, con el propósito de debatir los puntos más controvertidos de la normativa y avanzar hacia una solución consensuada.
El acuerdo también permitió destrabar la medida de fuerza que había paralizado las operaciones portuarias. Los prácticos navales confirmaron que retomarán de manera inmediata las tareas de asistencia a la navegación, restableciendo así el ingreso y la salida de embarcaciones dedicadas al comercio exterior, mientras continúan las negociaciones para definir un marco regulatorio que contemple las inquietudes planteadas por el sector.
La protesta había comenzado pocas horas después de la publicación del decreto 690/2026, una disposición que generó un inmediato rechazo entre los trabajadores especializados al considerar que ponía en riesgo la seguridad de la navegación y modificaba de manera sustancial un servicio considerado estratégico para la actividad marítima. La interrupción de las tareas provocó demoras en la operatoria de los puertos y afectó el movimiento de buques con cargas destinadas tanto a la exportación como a la importación.
Antes de que se alcanzara el acuerdo, el Gobierno había endurecido su discurso. Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el Ejecutivo avanzaría con sanciones contra los aproximadamente 450 prácticos navales que participaron de la huelga. El funcionario sostuvo que el practicaje constituye un servicio esencial y remarcó que quienes lo prestan tienen la obligación de garantizar su continuidad, incluso en un escenario de conflicto gremial.
Sin embargo, la escalada de tensión dio paso a una instancia de negociación que permitió desactivar, al menos de manera provisoria, un enfrentamiento que amenazaba con profundizar el impacto sobre el comercio marítimo argentino.
Desde el sector de los prácticos insistieron en que el decreto representa una medida de extrema gravedad. El presidente del Centro de Capitanes, Jorge Tiravassi, calificó la iniciativa como «un disparate» y «una locura», además de considerarla una muestra de «torpeza» e «impericia». En declaraciones radiales, afirmó que la decisión del Ministerio de Desregulación se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por Federico Sturzenegger orientadas a modificar el funcionamiento de la Marina Mercante y recordó que el funcionario ya había promovido cambios de gran alcance a través del decreto 70.
Tiravassi también repasó la evolución histórica de la actividad y explicó que, durante muchos años, los prácticos navales trabajaron bajo relación de dependencia hasta que, en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem, un decreto modificó esa condición y los convirtió en trabajadores autónomos. Según el dirigente, esa transformación marcó el inicio del esquema laboral que permanece vigente hasta la actualidad y que ahora vuelve a quedar en el centro del debate a raíz del intento oficial de reformar el sistema de practicaje.
Con la suspensión temporal del decreto y el compromiso de ambas partes de mantener abiertas las negociaciones, el conflicto ingresó en una nueva etapa. Mientras el Gobierno busca revisar la normativa cuestionada y alcanzar consensos con los actores involucrados, el sector espera que cualquier modificación futura preserve las condiciones de seguridad que, aseguran, resultan indispensables para la navegación y el normal funcionamiento de los puertos argentinos.
