La vicepresidenta autorizó de manera excepcional que la senadora mendocina participe virtualmente de la sesión del próximo jueves debido a un embarazo de riesgo que le impide viajar. La decisión deberá ser ratificada por el pleno del Senado y adquiere especial relevancia ante el ajustado escenario legislativo que enfrenta el oficialismo para avanzar con la reforma sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y la modificación de la Ley de Tierras.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, dio un nuevo paso que profundiza su autonomía política respecto de la Casa Rosada al autorizar, de manera excepcional, que la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti pueda intervenir y emitir su voto de forma remota durante la sesión prevista para el próximo jueves. Sin embargo, la habilitación no será automática, ya que la decisión definitiva quedará en manos del pleno del Senado, cuyos integrantes deberán aprobar la medida mediante una votación al inicio del debate.
La resolución cobra una trascendencia especial porque el oficialismo enfrenta un escenario de extrema paridad en la Cámara alta. Cada voto resulta determinante para definir el futuro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que el Gobierno intentará convertir en ley por quinta vez. Además, durante la misma sesión continuará el tratamiento del capítulo referido a la extranjerización de tierras, uno de los puntos que mayores diferencias generó entre los bloques y que incluso obligó, semanas atrás, a interrumpir el debate mediante un cuarto intermedio para evitar que la propuesta naufragara.
La solicitud presentada por Fernández Sagasti estuvo fundamentada en razones médicas. La legisladora atraviesa la semana número 32 de un embarazo considerado de riesgo y posee una indicación profesional que le prohíbe realizar el extenso viaje desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires. Frente a esa situación, elevó una nota formal a Villarruel en la que dejó en claro que no buscaba una excepción para ausentarse de sus responsabilidades parlamentarias, sino precisamente lo contrario: contar con una herramienta que le permitiera continuar representando a los mendocinos sin poner en peligro su salud ni la del bebé.
En el escrito, la senadora enfatizó que el inconveniente no radica en su embarazo, sino en la imposibilidad física de recorrer más de mil kilómetros para llegar al recinto. Sostuvo que su estado no le impide cumplir con las tareas legislativas y remarcó que la tecnología ya ofrece mecanismos suficientes para garantizar la participación parlamentaria sin necesidad de presencia física. En ese sentido, argumentó que no estaba solicitando la creación de un nuevo procedimiento, sino la utilización excepcional de una modalidad que ya fue implementada y validada institucionalmente.
Fernández Sagasti recordó que durante la pandemia el Senado sesionó mediante plataformas virtuales y que ese sistema fue posteriormente avalado por la Corte Suprema de Justicia. Según expresó, la participación remota ya demostró ser técnicamente viable, jurídicamente admisible y plenamente compatible con el funcionamiento del Congreso. Para respaldar su postura citó el fallo mediante el cual el máximo tribunal convalidó las sesiones virtuales impulsadas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner al frente de la Cámara alta.
La vicepresidenta optó finalmente por una salida intermedia. En lugar de rechazar el planteo o aprobarlo de manera definitiva, decidió conceder la autorización «ad referéndum» del cuerpo legislativo. De este modo, serán los propios senadores quienes definan mediante una votación si Fernández Sagasti podrá intervenir a distancia durante el desarrollo de la sesión. La resolución encuentra sustento en el decreto que reglamentó las sesiones virtuales en 2020, normativa que contempla la posibilidad de incorporar este tipo de decisiones dentro de las cuestiones organizativas del Senado y aprobarlas por mayoría simple.
La determinación de Villarruel también posee una evidente lectura política. En medio de la creciente tensión que mantiene con el presidente Javier Milei y con distintos sectores del oficialismo, la vicepresidenta volvió a marcar una posición propia en un asunto de alta sensibilidad institucional. Su decisión adquiere todavía mayor peso si se considera que el voto de Fernández Sagasti puede resultar decisivo para frenar los cambios impulsados por el Gobierno en la Ley de Tierras, una reforma que flexibiliza las restricciones para la venta de territorios nacionales y sobre la cual la propia Villarruel expresó públicamente sus reparos.
Precisamente, el equilibrio de fuerzas en el Senado llevó al Ejecutivo a diseñar una estrategia política para evitar que la vicepresidenta tenga la posibilidad de desempatar una eventual votación. Con ese objetivo, el presidente Milei adelantó su gira oficial por Ecuador y Colombia, un movimiento que, en caso de igualdad de votos, obligaría a Villarruel a asumir temporalmente la Presidencia de la Nación y, por lo tanto, dejaría de presidir la sesión en la Cámara alta.
La situación planteada por la legisladora mendocina también abrió un debate de mayor alcance sobre las condiciones de representación política de las mujeres embarazadas y de los legisladores provenientes de provincias alejadas de la Capital Federal. Con el respaldo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernández Sagasti decidió transformar su situación personal en una discusión institucional que, según afirmó, expone una desigualdad que afecta especialmente a quienes residen en el interior del país.
«Me parece injusto que una mujer del interior tenga que elegir entre cuidar su embarazo y ejercer los derechos políticos que le otorgó la ciudadanía», manifestó la senadora al defender su planteo. En la misma línea, advirtió que, si el Senado finalmente le impidiera participar de manera remota, evaluará recurrir a la Justicia al considerar que se estaría vulnerando tanto su mandato constitucional como el derecho de la provincia de Mendoza a contar con representación plena durante una votación trascendental.
La legisladora sostuvo además que su objetivo trasciende el caso particular y busca impulsar una actualización permanente del reglamento parlamentario. La intención es que el Congreso incorpore mecanismos de participación remota para situaciones excepcionales, evitando que futuras licencias médicas, embarazos, enfermedades o impedimentos similares priven a las provincias de la representación que les corresponde.
Como antecedente internacional, Fernández Sagasti destacó que distintos parlamentos ya avanzaron en ese camino. El Parlamento Europeo incorporó formalmente la participación a distancia en determinadas circunstancias, mientras que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado de España permiten desde hace años el voto telemático en casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedades graves u otras situaciones extraordinarias.
Mientras tanto, el Senado se prepara para una jornada que promete combinar un intenso debate legislativo con una fuerte disputa política. La definición sobre la participación remota de Fernández Sagasti será el primer punto que deberán resolver los senadores antes de avanzar sobre un paquete de proyectos que podría modificar aspectos centrales de la legislación vinculada a la propiedad privada y al control sobre las tierras rurales. En un escenario donde cada banca puede inclinar el resultado, la autorización excepcional concedida por Villarruel se convirtió en una decisión con impacto institucional, jurídico y político, cuyo desenlace podría incidir directamente en una de las votaciones más ajustadas que enfrenta el Gobierno nacional.
