La administración libertaria objetó el texto impulsado por Canadá que buscaba instituir un día interamericano contra el encarcelamiento sin causa y por la liberación de presos políticos. El eje del conflicto fue la mención al emblemático lema que sintetiza la lucha por la memoria y la justicia en Argentina, lo que desató críticas de organismos de derechos humanos y especialistas.
En un giro que encendió todas las alarmas en el ámbito diplomático regional, el Gobierno argentino terminó frustrando la adopción de una declaración en la Organización de Estados Americanos (OEA) que pretendía condenar las detenciones arbitrarias y establecer una jornada interamericana dedicada a visibilizar esa práctica. Lo que en principio aparecía como un gesto simbólico sin mayores implicancias financieras ni jurídicas, se transformó en un escenario de tensión cuando la representación de Javier Milei puso el freno a la iniciativa y, de paso, desató una polémica que trasciende lo procedimental: el motivo esgrimido fue la negativa a incluir en el texto el célebre principio del «Nunca Más», pilar ético y político de la sociedad argentina tras la dictadura.
La propuesta había sido presentada por la delegada de Canadá ante la OEA, Maude Kostine, y contaba con el respaldo inicial de Brasil y Guatemala, al que luego se sumaron México, Uruguay y Antigua y Barbuda. El proyecto proponía declarar el 22 de noviembre como el Día Interamericano contra la Detención Arbitraria y por la Liberación de las Personas Detenidas por el Ejercicio o la Defensa de los Derechos Humanos, en conmemoración de la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969. Según explicó la propia diplomática canadiense, la declaración no generaba nuevas obligaciones para los Estados ni alteraba estándares vigentes; se trataba, ante todo, de un reconocimiento simbólico a las víctimas y de una reafirmación de los principios que sustentan el sistema interamericano.
La discusión avanzó sin mayores contratiempos hasta que llegó el turno de la delegación argentina. Fue entonces cuando el embajador Carlos Cherniak, un diplomático de carrera que asumió la representación luego de la salida de Sonia Cavallo, tomó la palabra y, en un tono que calificó de «constructivo», pidió postergar el debate. Cherniak, quien se identifica como radical y alfonsinista, no cuestionó abiertamente la iniciativa, pero dejó en claro que su país no estaba dispuesto a avalar el texto tal como estaba redactado. El reparo central era uno y no admitía matices: Argentina exigía eliminar la mención al «principio del Nunca Más» y reemplazarla por una fórmula más genérica, como «fortalecer las garantías de no repetición».
Esa objeción, que a primera vista podría parecer un simple ajuste de redacción, adquirió una dimensión política y simbólica de enorme calado. El «Nunca Más» no es una frase cualquiera en la historia argentina. Es el título del informe que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entregó en 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y que documentó con crudeza y rigor los crímenes del terrorismo de Estado, los centros clandestinos de detención y la suerte de miles de desaparecidos. Aquel informe marcó un antes y un después en la memoria colectiva y se convirtió en un estandarte de la lucha por la verdad y la justicia. Por eso, para vastos sectores de la sociedad, cuestionar ese lema equivale a desconocer el horror y a abrir la puerta a un revisionismo que muchos consideran inaceptable.
El bloqueo argentino no fue un episodio aislado. En la misma sintonía se alinearon las delegaciones de Estados Unidos, Paraguay y Ecuador, países que en los últimos tiempos vienen impulsando una ofensiva para acotar el alcance de los órganos de derechos humanos del sistema interamericano, como la Comisión y la Corte Interamericanas. Ese grupo de naciones, que encuentra en la administración de Milei a un aliado clave, busca limitar las facultades de esos organismos y desactivar lo que perciben como una injerencia indebida en sus asuntos internos. La negativa a consagrar el «Nunca Más» en una declaración regional se inscribe, según los analistas, en esa estrategia más amplia de deslegitimación del sistema internacional de derechos humanos.
El malestar por la postura argentina no tardó en expresarse. El sociólogo Emilio Crenzel, autor de una reconocida investigación sobre la historia política del «Nunca Más», interpretó el veto como parte de una ofensiva global de la extrema derecha contra las políticas de memoria, verdad y justicia. En sus palabras, el gobierno libertario promueve un régimen de excepción de doble filo: por un lado, protocolos represivos que cercenan el derecho a la protesta social; por otro, prerrogativas exclusivas para el gran capital. En ese marco, atacar el «Nunca Más» equivale a quebrar el consenso mayoritario de la sociedad argentina y a negar la experiencia traumática que marcó su vida democrática.
La vicepresidenta Victoria Villarruel había anticipado esta línea de acción tiempo atrás, cuando en un encuentro de Vox, antes de asumir el poder, sostuvo que el relato construido durante décadas por Madres, Abuelas y organismos de izquierda era una mentira. Esa declaración, que entonces parecía una posición extrema, hoy se materializa en la práctica diplomática de un gobierno que, aunque atraviesa tensiones internas, parece coincidir en su rechazo a los símbolos del consenso posdictatorial. Incluso el propio Javier Milei ha utilizado el eslogan «Nunca Más» en contextos banalizadores, como cuando lo empuñó en una pancarta electoral contra el kirchnerismo o cuando lo empleó para graficar la inflación acumulada desde la creación del Banco Central, equiparando de manera espuria una tragedia humanitaria con un fenómeno económico.
Más allá del revés en la OEA, otro frente de conflicto se abrió en el seno del consejo permanente con la intervención de Estados Unidos, que objetó el proceso de selección del nuevo titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH. Washington reclamó que entre los candidatos finalistas no figuran postulantes de su país, Canadá ni del Caribe, y cuestionó la falta de diversidad geográfica y jurídica. La propuesta estadounidense de citar al presidente de la CIDH para que brinde explicaciones fue leída por especialistas como una maniobra para trabar la elección y debilitar aún más a los órganos de protección de derechos humanos. Esa ofensiva, que incluyó campañas de desprestigio en redes sociales y una denuncia judicial contra la vicepresidenta de la CIDH, la jurista argentina Andrea Pochak, tuvo como uno de sus principales impulsores a Agustín Laje, director de la Fundación Faro y aliado estratégico del gobierno de Milei.
El episodio en la OEA deja al descubierto las grietas profundas que atraviesan el sistema interamericano de derechos humanos y revela, al mismo tiempo, las coordenadas ideológicas de una administración que no duda en confrontar con los consensos más arraigados de su propia historia. La negativa a suscribir el «Nunca Más» no es un detalle menor ni una cuestión de estilo: es un síntoma de un proyecto político que aspira a refundar las bases de la memoria colectiva y a desmontar, pieza por pieza, el andamiaje jurídico y simbólico que la sociedad argentina construyó para garantizar que los horrores del pasado no se repitan. Mientras la comunidad internacional observa con atención, el gobierno argentino parece dispuesto a pagar el costo diplomático de esa apuesta, convencido de que el gesto simbólico que hoy bloquea es, en realidad, el primer paso de una batalla mucho más amplia.
