El Presidente aseguró que el consultor detenido en Bolivia «ya no forma parte del espacio», pero los registros oficiales evidencian al menos diez ingresos a Balcarce 50 entre diciembre de 2023 y junio de 2024. Además, en la misma entrevista, volvió a respaldarlo al señalar a la izquierda latinoamericana sin aportar pruebas.
Apenas veinticuatro horas después de haber salido en defensa de Fernando Cerimedo ante la opinión pública, el presidente Javier Milei intentó este miércoles trazar una distancia que, sin embargo, se desdibuja con cada una de sus propias declaraciones. Lo que en un primer momento pareció un gesto de respaldo irrestricto hacia quien fuera su asesor durante la campaña presidencial se transformó, en cuestión de horas, en un intrincado ejercicio de ambigüedad política. El mandatario sostuvo ante los micrófonos de una radio porteña que Cerimedo «ya no integra el espacio libertario» y que cualquier vínculo quedó sepultado en el año 2023. Pero esa pretendida ruptura se resquebrajó de inmediato cuando, en el mismo reportaje, el Jefe de Estado sostuvo que la detención del consultor en Bolivia responde a una maniobra orquestada por «la banda de delincuentes castrochavista que opera en la región y que hace desastres».
La contradicción no pasó inadvertida para quienes siguen con atención los vaivenes del oficialismo. Si Cerimedo es un extraño, un excolaborador sin conexión con el presente gubernamental, ¿por qué razón el Presidente dedicó parte de su entrevista a cuestionar la hipótesis de la justicia boliviana y a señalar con nombre y apellido a presuntos responsables políticos detrás del proceso judicial? Milei mencionó a la diputada exlibertaria Marcela Pagano, a su pareja Franco Bindi, y a referentes del arco progresista como Evo Morales y Lula da Silva, a quienes incluyó en una suerte de confabulación regional sin ofrecer ni una sola prueba que respalde sus afirmaciones. «No descartemos que detrás de esto esté toda la runfla Pagano, Bindi, Morales, el castrochavismo, Lula», disparó el ultraderechista, para luego agregar que «tienen todos los dedos marcados en esto». Un señalamiento grueso, sin sustento fáctico, que sin embargo revela hasta qué punto el Primer Mandatario sigue dispuesto a blindar a quien supo ser su hombre de confianza en la etapa electoral.
Pero los dichos presidenciales chocan de frente con la evidencia documental. Según los registros de acceso a la sede gubernamental de Balcarce 50, Cerimedo ingresó al palacio ejecutivo en más de una decena de ocasiones entre diciembre de 2023 y junio de 2024, es decir, cuando Milei ya ostentaba la banda presidencial y la Casa Rosada funcionaba a pleno. Esas visitas no fueron encuentros fortuitos ni meras cortesías protocolares: el consultor participó además de actos y eventos oficiales junto al mandatario, lo que desmiente la versión de un alejamiento consumado en el pasado. La memoria institucional contradice la narrativa de un vínculo extinto, y deja al descubierto una estrategia de despegue que parece más orientada a contener el daño reputacional que a reflejar una realidad fáctica.
El movimiento de Milei no es nuevo en su gestión. Quienes observan la dinámica interna del espacio libertario reconocen un patrón recurrente: cuando algún integrante del círculo íntimo enfrenta escándalos o causas judiciales, el Presidente ensaya un distanciamiento público que luego se desvanece al calor de las declaraciones o de los gestos simbólicos. Cerimedo, en este sentido, ocupa un lugar particularmente sensible, porque no fue un asesor menor. El propio involucrado se jactaba en entrevistas y redes sociales de haber concebido el emblema de la motosierra durante la campaña electoral, aquel símbolo que Milei empuñó en decenas de actos para prometer un ajuste feroz contra el Estado. Esa paternidad simbólica convierte a Cerimedo en algo más que un colaborador ocasional: es parte del ADN comunicacional que llevó al líder de La Libertad Avanza a la Presidencia.
Ahora, sin embargo, la situación se ha tornado incómoda. Cerimedo permanece detenido en Bolivia, acusado por el intento de femicidio de Nadia Beller, y el cerco judicial sobre su figura amenaza con salpicar a quienes mantuvieron con él vínculos estrechos durante años. Milei, en su intento por esquivar esa sombra, optó por un doble discurso: por un lado, lo excluye del presente político; por el otro, lo defiende con vehemencia endilgando la responsabilidad a un enemigo difuso y recurrente, el «castrochavismo», al que culpabiliza de todos los males regionales. Esa operación retórica, sin embargo, no logra ocultar las fisuras de una versión oficial que los propios archivos de la Casa Rosada se encargan de contradecir.
Más allá de las palabras, lo que persiste es la imagen de un presidente que no termina de cortar el cordón umbilical con su exasesor, y que prefiere alimentar teorías conspirativas antes que asumir la incomodidad de un pasado reciente. La estrategia de desmarcarse sin despegarse del todo —defenderlo mientras se dice que ya no es parte— deja al Ejecutivo en una posición resbaladiza, donde las negaciones se vuelven inverosímiles y las acusaciones sin pruebas refuerzan la percepción de una gestión que improvisa sobre la marcha. Cerimedo, mientras tanto, sigue siendo, aunque Milei lo niegue, un espejo incómodo de los orígenes combativos y rupturistas que llevaron al libertario a la cima del poder. Y esa herencia, por más que se intente ocultar, sigue escribiéndose en los movimientos diarios de la política argentina.
