Mientras los sindicatos cortan calles y el Gobierno minimiza el drama, una investigación revela que el verdadero problema no es la morosidad, sino la personalización abusiva de las tasas de interés, que en plataformas como Mercado Pago pueden superar el 1.300% anual. El caso Galperin, los créditos UVA y la precarización del endeudamiento exponen una crisis que ningún índice oficial logra ocultar.
La postal se repite cada miércoles frente al Congreso. Jubilados que marchan, docentes que defienden la universidad pública, trabajadores que protestan por despidos. Pero en la última semana, la escena sumó un actor inesperado: las centrales sindicales argentinas, con sus banderas y sus gritos, esta vez no reclamaban por salarios ni por puestos de trabajo, sino por una deuda que ahoga a seis millones de ciudadanos. La convocatoria, masiva y visceral, puso en evidencia que el endeudamiento se ha convertido en el principal dolor de cabeza de los hogares argentinos y, de paso, en un termómetro fiel de la fragilidad económica del país.
Sin embargo, lo que parecía una simple protesta por la falta de alivio financiero es apenas la punta de un iceberg mucho más profundo. Quienes se acercaron a la movilización, en su mayoría, respondieron más a la lealtad sindical que a su propia condición de morosos, pero al consultar al azar a los manifestantes, nueve de cada diez admitieron arrastrar deudas que ya no podían sostener. La cifra no sorprendió a los especialistas, aunque sí encendió alertas sobre un fenómeno que el oficialismo se empeña en simplificar con descalificaciones.
El viernes pasado, desde la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra los deudores, acusándolos de “avivados” que compraron televisores para el Mundial sin pensar en cómo pagarlos. Para el mandatario, las tasas elevadas no son más que el reflejo de un “alto riesgo” local, y se preguntó retóricamente quién define qué es una tasa justa. Pero sus palabras chocaron con una realidad que, lejos de ser anécdota, se ha vuelto estructural.
El disparador de la polémica llegó por las redes sociales, donde una serie de tuits cuidadosamente orquestados intentaron equiparar las tasas del Banco Provincia con las de Mercado Pago, la billetera digital de Marcos Galperin. La cuenta @ConsultoraMc publicó una comparación aparentemente favorable a la fintech, y el propio dueño de Mercado Libre reposteó el mensaje con sorna, burlándose del gobernador Kicillof. La jugada tenía un doble propósito: desviar la atención y, al mismo tiempo, ocultar que Mercado Pago no aplica una tasa única, sino que la ajusta según el perfil de cada solicitante, una práctica que el sector defiende como “personalización” pero que muchos califican de discrecionalidad abusiva.
Lo que los posteos libertarios omitieron, deliberadamente, fue que el costo financiero total (CFT) de Mercado Pago puede variar entre un 76% y un asombroso 1.375% anual, dependiendo de la evaluación algorítmica que la plataforma hace de cada usuario. Esa horquilla, que convierte al crédito en un negocio fabulosamente rentable para la compañía, se sostiene sobre la capacidad de la inteligencia artificial para construir perfiles de consumo, horarios, recorridos y hábitos, incluso a partir de promociones aparentemente inofensivas, como los viajes gratis que la fintech ofreció meses atrás a cambio de pagar el boleto con su billetera.
Detrás de esa aparente generosidad se escondía, en realidad, una estrategia de recolección de datos para afinar el scoring crediticio. Cuanto más sabe la máquina sobre la vida íntima del deudor, más precisa es la tasa que le impone. Y así, mientras el usuario cree estar accediendo a un préstamo rápido y sencillo, en realidad está entregando las llaves de su privacidad a cambio de un dinero que, en muchos casos, terminará siendo una trampa mortal.
El problema, sin embargo, no se agota en la usura digital. Los datos oficiales confirman que la morosidad en los bancos tradicionales comenzó a moderarse, pero no porque las familias hayan mejorado su capacidad de pago, sino porque las entidades frenaron el otorgamiento de créditos, vendieron carteras incobrables a agencias de cobranza y refinanciaron deudas con ayuda de la banca pública, maquillando así los índices de irregularidad. Mientras tanto, en las billeteras virtuales, uno de cada tres deudores ya está en situación crítica, y en el segmento de los créditos UVA, la morosidad saltó del 1,6% en abril de 2025 al 19,1% en junio de 2026, superando incluso a las tarjetas de crédito y los préstamos personales.
Esta realidad se agrava cuando el deudor, expulsado del sistema bancario, recurre a una fintech y se topa con un CFT exorbitante, o peor aún, cuando la desesperación lo lleva a prestamistas informales, donde la tasa es infinita y el cobro se ejerce con métodos que bordean la extorsión: llamados a familiares, amenazas al empleador, visitas intimidatorias y hasta el secuestro de electrodomésticos. La precarización del endeudamiento ha creado un circuito perverso en el que cada paso hacia abajo implica un costo mayor y un riesgo más alto, hasta convertir la solvencia en un lujo y la mora en una marca indeleble que, incluso, comienza a ser requisito excluyente para conseguir empleo.
En medio de este panorama, la diputada libertaria Daiana Fernández Molero intentó un argumento tan desconcertante como revelador: sostuvo que los morosos de hoy, en lugar de acudir al prestamista de la esquina, pueden recurrir a Mercado Pago, como si eso fuera un progreso. Los periodistas de TN no ocultaron su estupor, pero la legisladora había dado en la tecla de una estrategia recurrente del mileísmo: negar la realidad haciendo incomparable lo que, en los hechos, es perfectamente comparable. Al afirmar que los deudores informales no están registrados, intentó desactivar cualquier estadística que pudiera contradecir el relato oficial, un relato que, de ahora en más, insistirá en que la morosidad bancaria está bajando y que el problema se está resolviendo por sí solo.
Pero la evidencia empírica desmiente ese optimismo forzado. El economista Carlos Rodríguez, uno de los artífices del programa económico del actual gobierno, reconoció hace apenas unos días que la única salida viable pasa por una recuperación genuina del poder adquisitivo de los deudores, algo que permitiría afrontar las cuotas sin necesidad de caer en refinanciaciones eternas o en tasas usurarias. Su diagnóstico, aunque técnico, es políticamente incómodo para un Ejecutivo que ha hecho de la austeridad y el ajuste sus banderas, y que parece mirar con desdén cualquier demanda que implique alivio para los sectores más castigados.
La movilización de esta semana, más allá de su impacto inmediato, ha logrado algo que parecía imposible: que los endeudados pierdan la vergüenza y la culpa que el propio presidente les endilgó, y que comiencen a contar su historia sin filtros. También ha obligado a medios y analistas, aunque sin autocrítica, a poner el foco en lo que debería haber sido el centro del debate desde hace meses. Porque no es menor que, durante año y medio, los gurúes económicos de ambos lados del espectro ideológico hayan ignorado el principal flagelo de las familias argentinas, mientras la crisis del endeudamiento se cocinaba a fuego lento.
Hoy, cuando los índices de morosidad se disparan y las billeteras digitales juegan un rol cada vez más protagónico en la vida financiera del país, resulta imperativo revisar los preconceptos y escuchar a quienes, desde la academia y la calle, vienen advirtiendo que la usura no es un accidente del sistema, sino su esencia misma. La solución, si es que existe, no pasará por decretos ni por campañas de prensa, sino por recuperar la dignidad del trabajo y el ingreso, y por poner un freno regulatorio a prácticas que, amparadas en la innovación, esconden la más vieja de las explotaciones.
El ruido de las calles, los cortes de ruta y los parlantes sindicales no son capricho. Son el síntoma de una sociedad que se niega a aceptar que su futuro esté hipotecado por algoritmos y tasas variables. Y aunque el Gobierno intente minimizar el clamor, la realidad se impone: uno de cada tres argentinos ya no puede pagar sus deudas, y el resto mira con temor el día en que le toque su turno.
