Las senadoras Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta encabezan las negociaciones con provincias y especialistas para actualizar el marco normativo, que incorpora enfoques en derechos humanos, infancias y privados de libertad, y establece un piso federal de garantías.
En un movimiento que busca modificar profundamente el abordaje de la salud mental en la Argentina, las senadoras del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta, pusieron en marcha esta semana el debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con una intensa ronda de diálogos tendentes a tejer consensos con las distintas fuerzas políticas y los gobiernos provinciales. La iniciativa, que ya comenzó a ser analizada en el plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General —presididas por las propias Arrascaeta y Nadia Márquez, respectivamente—, aspira a sustituir la vigente normativa con un esquema más amplio, flexible y protector, que atienda tanto las urgencias clínicas como las necesidades de contención comunitaria y familiar.
Como parte de esa estrategia de construcción colectiva, las legisladoras mantuvieron durante la jornada del lunes una serie de reuniones virtuales con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con referentes sanitarios de ocho jurisdicciones: la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy. La dinámica de trabajo se extenderá a lo largo del martes con dos nuevos encuentros consecutivos: por la mañana, participarán representantes de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones; ya por la tarde, el turno será para las autoridades de la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja. De este modo, el oficialismo procura asegurar que ninguna región del país quede al margen del debate y que las particularidades locales sean tenidas en cuenta en la redacción final.
El texto remitido por el Ejecutivo ya había sido sometido a una primera instancia de escucha activa, con la participación de más de setenta invitados convocados por ambas comisiones, entre los que se contaron especialistas en salud mental, organizaciones civiles, familiares de pacientes, asociaciones profesionales, funcionarios provinciales y trabajadores del sector. Esa instancia previa permitió relevar las principales preocupaciones del campo asistencial y de las propias familias, que, según destacó la senadora Nadia Márquez, «no encuentran respuestas en la ley actual». En sus declaraciones, la legisladora neuquina subrayó que «este debate responde a una realidad que vemos todos los días» y enfatizó la necesidad de contar con «una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone». Además, puso el acento en la precisión terminológica, al afirmar que «las palabras tienen poder porque definen», y marcó diferencias entre conceptos como consumo social, uso, abuso o adicción, al tiempo que insistió en que «estamos hablando de enfermedades, y la ley debe reflejarlo con claridad».
Entre los ejes más relevantes que propone el nuevo articulado, se destaca la inclusión, dentro del capítulo de Derechos y Garantías, de un abanico de acciones que abarcan desde la prevención y la promoción hasta el tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y la inclusión comunitaria. Esas pautas operarán como un piso mínimo de carácter federal, lo que permitirá que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires puedan dictar regulaciones más benévolas y adaptadas a sus realidades. En paralelo, el proyecto incorpora las denominadas Reglas Nelson Mandela como orientación para las políticas públicas destinadas a personas privadas de la libertad, un guiño explícito a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Otro de los puntos neurálgicos de la reforma es la vinculación entre la salud mental y el consumo problemático de sustancias, ya que la iniciativa integra este último dentro del mismo paraguas de abordaje y tratamientos, rompiendo con la histórica separación entre ambas problemáticas.
En lo que respecta a la autonomía del paciente, la ley propone habilitar la posibilidad de otorgar un consentimiento anticipado o, por el contrario, de rechazar determinadas intervenciones terapéuticas. Asimismo, se exige que la atención esté a cargo de equipos interdisciplinarios, cuya composición concreta dependerá de los recursos humanos disponibles en cada distrito, y se autoriza la teleconsulta como una herramienta válida para extender la cobertura a zonas remotas o de difícil acceso. Las internaciones, por su parte, quedarán sujetas a condiciones más rigurosas: será necesaria la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial, de los cuales uno deberá ser médico y, de ser posible, psiquiatra. La internación no voluntaria se circunscribe estrictamente a aquellos escenarios en los que exista un peligro grave e inminente para la vida o la integridad física del propio individuo o de terceros, con lo cual se busca evitar abusos y garantizar que la medida excepcional sea realmente justificada.
El articulado también pone especial énfasis en la adecuación de los tratamientos a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada persona, reconociendo la singularidad de cada caso. En materia de egresos, se estipula que la decisión de alta deberá ser comunicada con una antelación prudente al representante legal, al cónyuge, conviviente, padres, hijos u otros familiares contemplados por la normativa, con el fin de coordinar las condiciones de salida y evitar desamparos. Esos familiares, además, tendrán derecho a recibir información y orientación periódica sobre la evolución del tratamiento. En aquellos casos en que la persona no cuente con una red de apoyo familiar o ésta no esté en condiciones de asumir su cuidado, el Estado queda obligado a proveer los acompañamientos y dispositivos comunitarios necesarios para asegurar una transición segura.
El proyecto no descuida el seguimiento posterior al alta, ya que prevé medidas de acompañamiento que pueden extenderse hasta seis meses mediante tratamiento ambulatorio. Durante ese lapso, se implementará un control judicial cada treinta días, y el equipo tratante deberá informar al juez sobre la pertinencia de mantener, atenuar o suspender esas disposiciones. De esta manera, se establece un puente entre la esfera clínica y la judicial que busca resguardar la evolución del paciente sin desatender los riesgos de recaída.
Para la población infantojuvenil, el texto incorpora un artículo específico que regula el consumo problemático de sustancias, exigiendo que la atención sea brindada por equipos con formación especializada en niñez y adolescencia, y en dispositivos claramente diferenciados de los utilizados para adultos. La internación en unidades para mayores queda severamente restringida, privilegiando entornos adecuados a su etapa vital. Además, se consagran principios como la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado, la confidencialidad, el abordaje familiar y la no criminalización, y se establecen mecanismos de coordinación entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y las provincias, con el objetivo de evitar que los jóvenes queden atrapados en circuitos judiciales o asistenciales inapropiados.
En definitiva, la reforma impulsada por el oficialismo busca desplegar un andamiaje integral que, sin descuidar la urgencia clínica, coloque en el centro los derechos de las personas, el respeto por su voluntad y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar apoyos sostenidos en el tiempo. El extenso recorrido de consultas y el diálogo con las provincias anticipan un debate parlamentario de alto voltaje, pero también revelan la voluntad de construir una ley que, más allá de las grietas políticas, ofrezca respuestas concretas a millones de argentinos que padecen sufrimiento psíquico o adicciones, y a sus familias, que muchas veces navegan a la deriva en un sistema fragmentado y con recursos escasos. Las próximas semanas serán clave para definir los contornos definitivos de esta norma, que aspira a convertirse en un hito en la historia de la salud pública nacional.
