El Ejecutivo de Tierra del Fuego cuestionó la operación del petrolero «VS Promise», de bandera inglesa, en el puerto capitalino, actualmente bajo intervención nacional. Autoridades provinciales señalaron un doble discurso en materia soberana y exigieron respuestas urgentes a la Casa Rosada, al tiempo que renovaron su pedido de restitución administrativa.
El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur manifestó su más enérgico rechazo a la operatoria del buque tanque «VS Promise», de pabellón británico, en las instalaciones portuarias de Ushuaia, en un episodio que reavivó las tensiones por la soberanía en el Atlántico Sur y puso en el centro del debate la polémica intervención nacional sobre ese estratégico enclave.
La administración que conduce Gustavo Melella recordó que el puerto fueguino fue sustraído de la órbita provincial mediante una medida cuestionada por la Justicia, dispuesta desde el Gobierno central a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. En ese marco, el desembarco y abastecimiento de la nave británica fue interpretado como una provocación directa y como una muestra evidente de las inconsistencias entre el discurso oficial y las acciones concretas en materia de defensa de los intereses nacionales.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, calificó el suceso como “un hecho inédito” en diálogo con medios radiales, y precisó que el navío ya había zarpado del puerto capitalino. Dachary situó esta polémica presencia en un contexto más amplio: recordó que se produce mientras se rematan 38 hectáreas pertenecientes a la Armada Argentina, y vinculó la situación con otros antecedentes recientes que, a su juicio, configuran un patrón de debilitamiento de la postura soberana.
Entre esos antecedentes, el funcionario mencionó el paso del buque de guerra británico HMS Medway hacia Punta Arenas, en Chile, atravesando el Mar Argentino, ante lo cual la Cancillería, bajo la conducción de Pablo Quirno, solo elevó una queja formal diez días más tarde, luego del encuentro futbolístico entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial. También aludió a la instalación de un radar de capitales ingleses en territorio fueguino y a la visita que el presidente Javier Milei realizó a la provincia en 2024 junto a la entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, oportunidad en la que, según Dachary, el mandatario prometió una base militar conjunta con Washington.
Por si fuera poco, el secretario provincial subrayó que resulta inminente el inicio de tareas exploratorias con miras a la extracción de hidrocarburos en las Islas Malvinas, labor que estará a cargo de la compañía israelí Navitas, recientemente adjudicataria de un proyecto adyacente al yacimiento Sea Lion. Ese conjunto de hechos, señaló, configura un escenario de creciente vulnerabilidad y concesiones encubiertas que contrastan con la retórica oficial.
El pronunciamiento oficial del gobierno fueguino, difundido en un extenso comunicado, sostiene que resulta “inadmisible” que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de territorios que integran la provincia —incluidas las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares—, una embarcación de esa misma potencia opere en el puerto de la ciudad que, por mandato constitucional, ejerce la jurisdicción sobre esas latitudes. La nota enfatiza que el propio Gobierno nacional había justificado la intervención del puerto de Ushuaia bajo el argumento de su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses argentinos en el Atlántico Sur, pero que los hechos desmienten ahora ese razonamiento.
El texto oficial plantea una contradicción de fondo: se intervino el puerto invocando razones de soberanía, pero una vez consumada la medida, se adoptan decisiones que resultan incompatibles con la sensibilidad que exige ese territorio y, en particular, el puerto de Ushuaia, considerado un nodo geopolítico de primer orden por su ubicación austral, su proyección sobre el Atlántico Sur y su rol como puerta natural hacia la Antártida. La administración provincial advierte que ninguna decisión vinculada a ese espacio puede desentenderse de su realidad geográfica, constitucional y geopolítica, y reprocha que la defensa de los derechos soberanos no admite ambigüedades ni discursos contradictorios.
En ese sentido, el gobierno fueguino exige a la Casa Rosada que informe, de manera inmediata y pública, los criterios políticos, estratégicos y administrativos que llevaron a autorizar la operación de un buque de la potencia ocupante en el puerto capitalino. Además, reitera su pedido de cese inmediato de la intervención y la restitución plena de la administración portuaria a la provincia, sin perjuicio de las acciones judiciales ya iniciadas contra una medida que califican de ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.
El comunicado concluye con una advertencia clara: Tierra del Fuego no permanecerá pasiva frente a resoluciones unilaterales del poder central que afecten sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos de la Nación en el sur. La provincia convoca a todos los poderes públicos, a las fuerzas políticas y a la ciudadanía en su conjunto a defender el carácter estratégico del puerto de Ushuaia y a impedir que la soberanía sea reducida a una mera declaración retórica. Subraya, finalmente, que la soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a los fueguinos del control de su propio puerto estratégico para luego administrarlo de espaldas a los intereses que se invocaron para justificar su intervención.
