En menos de una hora, el primer encuentro del Consejo del Salario vital evidenció un abismo entre las propuestas gremiales y patronales. Mientras los trabajadores exigen un salario base de casi un millón de pesos, el sector privado ofrece aumentos escalonados que apenas superan el 1,8% mensual. La ruptura del diálogo y la salida de las centrales obreras dejan nuevamente al Poder Ejecutivo como único definidor del haber mínimo, en medio de una caída real del 40,8% desde la asunción de Javier Milei.
El primer capítulo de la negociación por el salario mínimo, vital y móvil en la Argentina contemporánea duró menos de lo que suele durar un café en una mesa sindical. Apenas transcurridos sesenta minutos del encuentro convocado por la Secretaría de Trabajo —a cargo de Julio Cordero y desarrollado de manera remota a través de la plataforma Zoom—, quedó en evidencia que las posiciones entre el arco gremial y la cúpula empresarial son irreconciliables. Lo que debía ser el inicio de un diálogo técnico se transformó rápidamente en un escenario de reproches mutuos, con acusaciones cruzadas y un final anticipado: las tres centrales obreras —la CGT y las dos CTA— abandonaron la sesión plenaria tras un cuarto intermedio, dejando sin quórum la deliberación y forzando una nueva intervención estatal por decreto.
El planteo patronal, sintetizado en cifras frías, provocó el estallido de los representantes sindicales. La propuesta empresarial consistía en un magro incremento del 1,8% para septiembre, seguido de ajustes mensuales del 1,7% desde octubre hasta abril de 2027. En términos concretos, eso implicaba elevar el haber actual de 372.400 pesos a 379.103 pesos en el corto plazo, para recién alcanzar los 468.000 pesos en el cuarto mes del próximo año. Ante semejante oferta, el triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo, no ocultó su indignación y calificó la cifra como una vergüenza, al tiempo que fuentes gremiales presentes en la reunión virtual aseguraron que, en ese contexto, cualquier entendimiento resultaba sencillamente inviable.
Frente a esa parquedad numérica, el sector sindical llegó al cónclave con una postura unificada y taxativa: el salario mínimo debe dar un salto inmediato a 939.000 pesos en septiembre, con una evolución posterior atada al Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central, de modo que para diciembre el piso remunerativo se ubique en 987.595 pesos. Esa cifra, que multiplica por más del doble la oferta patronal, no solo refleja la pérdida de poder adquisitivo acumulada —calculada por las entidades gremiales en un 40,8% desde que asumió el actual mandatario— sino que también expresa una estrategia de resistencia frente a lo que consideran una política deliberada de vaciamiento institucional.
Los dirigentes sindicales no ahorraron críticas hacia el Gobierno nacional, al que acusan de utilizar el Consejo del Salario como un mero trámite burocrático para luego imponer por decreto un valor que ni siquiera contempla las magras propuestas del sector privado. “Lo que hace el oficialismo es una parodia”, sentenció un líder gremial, al tiempo que denunció que, al despojar al Consejo de su capacidad resolutiva, se lo condena a ser un espacio ornamental, y la fijación del haber mínimo queda librada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, convertido así en un índice de referencia para todas las discusiones salariales del país. Ese mecanismo, advierten, se ha repetido en cada convocatoria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, y todo indica que esta vez la historia volverá a reeditarse.
La reunión virtual, además, profundizó las diferencias metodológicas. Mientras los sindicatos reclamaban la vuelta a la presencialidad y la reactivación de las comisiones internas que establece la ley —nunca conformadas—, el secretario Cordero se negó rotundamente a modificar el formato remoto. Para los representantes de los trabajadores, esa negativa no es un detalle menor, sino parte de un plan sistemático para desnaturalizar el diálogo social y soslayar la obligación legal de confeccionar una canasta de referencia que oriente el valor del salario mínimo. “Queremos que el Consejo funcione con regularidad, con todas sus comisiones, pero el Gobierno no hace cumplir la norma”, insistió un gremialista, visiblemente molesto por la falta de voluntad política para encauzar una discusión que afecta a millones de asalariados.
En ese marco de confrontación, las centrales obreras ratificaron su plan de lucha, que incluye un programa de marchas y reclamos en las próximas semanas. Si bien se había barajado una concentración frente a la Secretaría de Trabajo para la jornada de hoy, esa movilización fue finalmente desactivada, aunque los dirigentes advirtieron que en los días venideros definirán los pasos a seguir. Entre sus exigencias, además del salario mínimo, vuelven a poner sobre la mesa el regreso del salario social complementario y la reactivación del programa Volver al Trabajo, dos herramientas que consideran esenciales para amortiguar la crisis social y laboral que atraviesa el país.
El escenario, entonces, se presenta incierto y cargado de tensiones. Por un lado, los empresarios se aferran a una pauta de aumentos módicos y escalonados, argumentando seguramente la necesidad de mantener la competitividad y la estabilidad macroeconómica. Por el otro, los gremios exigen una recomposición urgente que repare el brutal deterioro del ingreso real, y no dudan en abandonar la mesa de negociación cuando consideran que sus reclamos son ninguneados. En el medio, el Gobierno —que ya ha demostrado en ocasiones anteriores su predilección por resolver estas disputas por decreto— se perfila una vez más como el árbitro final, aunque su intervención suele traducirse en ajustes que quedan muy por debajo de las expectativas sindicales y que, en la práctica, consolidan la pérdida de poder de compra de los trabajadores.
La caída del 40,8% en el salario mínimo desde la asunción de Milei no es un dato menor: es la radiografía de una política económica que, en nombre del orden fiscal y la reducción del déficit, ha postergado sistemáticamente la recomposición del ingreso de los sectores más vulnerables. Y mientras el Consejo del Salario se desangra en discusiones estériles y encuentros virtuales que terminan en un portazo, la realidad de los bolsillos populares sigue su curso descendente. Los próximos días serán clave para determinar si el diálogo social encuentra algún resquicio o si, como viene sucediendo, el salario mínimo continuará siendo moneda de cambio en una partida donde los trabajadores siempre parecen perder.
