Nadia Beller declaró ante el fiscal Franco Picardi que el consultor detenido en Bolivia le aseguró que la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad estaba canalizada por la hermana del Presidente. La testigo, que pidió protección con chaleco antibalas, entregó su teléfono a la justicia boliviana y sostuvo que allí hay conversaciones que rozan el caso ANDIS. Las defensas de los imputados ya intentan anular la declaración.
En una jornada cargada de tensión y definiciones, Nadia Beller compareció por videoconferencia desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi y dejó sembrada una sospecha que sacude los cimientos del oficialismo. La mujer, ex pareja del consultor político Fernando Cerimedo, afirmó que este le manifestó en más de una oportunidad que toda la corrupción vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad se encontraba encauzada a través de la hermana del Presidente, Karina Milei. La declaración, que se extendió por algo más de tres cuartos de hora, se produjo en el marco de la causa que investiga el direccionamiento de contratos, los sobreprecios escandalosos y el pago de coimas durante los dos primeros años de gestión libertaria.
La testigo llegó a tribunales protegida con un chaleco antibalas que ella misma solicitó. Ante la prensa que la aguardaba en un pasillo, no ocultó su inquietud: “No sé si ustedes son sicarios o son periodistas”, lanzó con ironía, antes de explicar que había pedido esa protección porque consideraba que las medidas de seguridad existentes eran insuficientes. Fue breve respecto de su testimonio: dijo que se había limitado a ratificar lo que ya había manifestado a medios argentinos y a poner a disposición el contenido de su teléfono celular, que está siendo analizado en Bolivia para extraer todo lo que resulte pertinente a la investigación.
El vínculo entre Beller y Cerimedo atraviesa el corazón de esta historia. El consultor, que fue muy cercano a los hermanos Milei, se encuentra detenido en Bolivia acusado de haber enviado a matarla. El atentado ocurrió el 17 de agosto último en la puerta del SwissHotel, adonde él la alentaba a concurrir con la promesa de recibir información sobre una supuesta denuncia contra Evo Morales. A partir de ese episodio, y en medio de una creciente desconfianza hacia su pareja, la mujer había comenzado a grabar las conversaciones que mantenían. Esos registros, según declaró, contienen referencias al caso ANDIS y a manejos espurios, y están alojados en el dispositivo que entregó a la justicia boliviana.
Según pudo reconstruir este diario del testimonio, Cerimedo le hablaba a Beller de hechos de corrupción en la agencia que describía como bochornosos y peores que otros que ya se conocían en Bolivia. Mencionaba pagos ilegales y señalaba a Karina Milei como destinataria de esos fondos. “Me dijo que la corrupción estaba canalizada por la hermana del Presidente”, sostuvo la testigo, aunque no pudo precisar montos, maniobras ni detalles concretos. Aclaró que todo lo que sabe lo conoce de manera referencial, es decir, por lo que el propio Cerimedo le relataba.
El nombre de Natalia Basil, ex esposa del consultor, apareció con fuerza en la declaración. Basil fue directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas del organismo entre abril y noviembre de 2024, y se supone que dejó el cargo en medio de diferencias con Diego Spagnuolo, el exdirector de la agencia que hoy es uno de los principales investigados y ya fue procesado como jefe de una asociación ilícita. Beller contó que Cerimedo le hablaba de ANDIS a cuento del cargo importante que había ocupado Basil, y le atribuyó dos datos relevantes: que ella habría denunciado lo que sucedía a través de un correo electrónico, y que su salida se produjo después de ese envío. Según la versión que el consultor le transmitió, Basil no habría sido cómplice, sino que su denuncia habría hecho estallar el caso. Además, le endilgó haber filtrado los famosos audios de Spagnuolo en los que se mencionaba que el tres por ciento de la facturación de medicamentos de alto costo y baja incidencia era para Karina Milei, y otro tanto para Eduardo “Lule” Menem.
La testigo también mencionó los contactos telefónicos que Cerimedo mantenía con el empresario Vicente Quintanal, a quien describió como un nexo que el operador digital seguía conservando con el Gobierno. Ambos son socios en varias firmas importantes, como la Compañía Sudamericana de Inversiones, Surlibre Inversiones y Patagonia Energy Holding, donde también aparece Basil. Esos diálogos, según Beller, se desarrollaban a través de uno de los dos celulares que Cerimedo utilizaba: un iPhone que se encuentra secuestrado y cuya clave el consultor se negó a entregar.
La declaración no estuvo exenta de disputas procesales. Las defensas de Spagnuolo y de Miguel Calvete habían solicitado participar de la audiencia, pero la fiscalía boliviana explicó que la situación de Beller revestía características particulares por haber sido víctima de un intento de femicidio, y que era necesario preservar condiciones de reserva, para lo cual habilitaban la Cámara Gesell. Picardi, por su parte, sostuvo que las partes estaban habilitadas a intervenir, pero con reglas estrictas: las defensas debían estar presentes en la sala de reuniones de la Procuración General junto a la fiscalía, y les negó el acceso a la videoconferencia. El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, consideró que la fiscalía los había excluido y pidió la nulidad absoluta. Otras defensas del caso ANDIS ya habían comenzado a plantear el mismo reclamo.
El testimonio de Beller abre una senda sobre el aspecto menos explorado de la causa: el que vincula los posibles pagos ilegales con altos funcionarios de la Casa Rosada, entre ellos Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Habrá que ver si el fiscal Picardi dispone nuevas medidas a partir de lo declarado, por ejemplo, sobre la pista del correo electrónico que habría enviado Basil, o si surgen más datos de las conversaciones grabadas. Mientras tanto, el expediente recibió este martes un respaldo significativo: la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras dieciocho personas, y dio por probada la existencia de una estructura destinada al saqueo de fondos para tratamientos de alto costo para personas con discapacidad sin cobertura médica, así como el reparto de sobreprecios millonarios que oscilaban entre el dos mil y el cuatro mil por ciento, mientras el Gobierno recortaba el presupuesto del área en nombre del déficit cero.
La causa avanza y el nombre de Karina Milei, hasta ahora apenas rozado en el expediente, empieza a ocupar un lugar central en las conversaciones que la justicia intenta descifrar.
