A días del debate parlamentario, la oposición no logra reunir los respaldos necesarios y el Ejecutivo apuesta a diluir el quórum entre acuerdos territoriales y expectativas judiciales
A menos de una semana de la jornada legislativa que busca derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el escenario político muestra un equilibrio inestable. Quienes promueven la iniciativa para anular el paquete normativo aún no consiguen la cantidad de sufragios indispensables para concretar su objetivo. Según las proyecciones más favorables a esa postura, restarían conseguir alrededor de una quincena de acompañamientos para asegurar el resultado.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo despliega una estrategia de contención en dos frentes simultáneos. Por un lado, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales para desactivar el rechazo al decreto. Por otro, deposita expectativas en una señal favorable proveniente de la Corte Suprema de Justicia. La imagen de gobernadores del norte dialogando con representantes de la Casa Rosada por acuerdos electorales reduce el espacio de acción de las bancadas opositoras.
La apuesta oficialista consiste en que el asunto adquiera notoriedad en la vía pública, tal como sucedió en agosto pasado. En aquel entonces, el gobierno debió retirar el apartado sobre extranjerización de tierras antes de que el Senado tratara la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La reciente citación del máximo tribunal a dos conjueces para abordar una presentación vinculada a su fallo sobre la Ley de Tierras representa un alivio para el oficialismo. La expectativa es que ese gesto desarme la sesión prevista para el 15 de octubre, mientras en paralelo se elabora una alternativa para vaciar el recinto.
«Estamos trabajando», contestan quienes tienen la tarea de recolectar voluntades de cara al encuentro de la semana entrante. La convocatoria opositora surgió un día después de que la Corte resolviera, a través de una sentencia que evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto, habilitar la venta de terrenos a inversores foráneos sin restricciones. Desde aquel momento, la base de apoyos derivada de ese llamamiento no experimentó variaciones significativas.
Únicamente el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, comunicó una presentación ante la justicia, y al menos tres de los cuatro legisladores que responden a su espacio anticiparon que respaldarán la anulación del DNU. Las más recientes apariciones públicas y publicaciones de Karina Milei y Diego Santilli junto a los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil permiten anticipar una postura fragmentada en el interior de Argentina Federal, el bloque que nuclea a misioneros y salteños.
El desenlace de esta pulseada depende de múltiples factores que se entrelazan: la capacidad de negociación del oficialismo con los mandatarios provinciales, la repercusión social que alcance el tema y la eventual intervención del tribunal superior. Cada uno de estos elementos podría inclinar la balanza en una u otra dirección antes del jueves 15, jornada que se presenta como decisiva para el futuro inmediato del decreto.
