Pese al malestar expresado por la administración de Donald Trump por las eventuales sanciones a empresas estadounidenses que operan en las Islas Malvinas, la Casa Rosada mantiene la iniciativa como prioridad legislativa y acepta modificaciones para conseguir dictamen la próxima semana
La determinación del Poder Ejecutivo de avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, concebido para penalizar a las compañías que explotan recursos ilegalmente en el archipiélago austral, atraviesa un escenario de creciente complejidad. Aunque la administración de Donald Trump manifestó su descontento a través del subsecretario de Estado, Christopher Landau, por las posibles represalias contra firmas de origen estadounidense, el Gobierno nacional optó por redoblar la apuesta y transmitió señales inequívocas de que sostendrá la ofensiva parlamentaria. En ese marco, y fiel a una estrategia de pragmatismo creciente, la coalición gobernante resolvió flexibilizar el texto original para facilitar su tratamiento en el recinto, según confiaron fuentes oficiales.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue el encargado de ratificar públicamente esa prioridad y de revelar los pormenores de una reunión encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, con representantes de los bloques aliados. Durante ese encuentro se acordó receptar las objeciones planteadas por los sectores dialoguistas, con el propósito de obtener dictamen en un plenario de comisiones previsto para el martes 27 o, a más tardar, el miércoles siguiente. Las principales resistencias se concentran en la arquitectura y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, así como en las disposiciones que, según legisladores de la oposición y de los propios aliados, amenazan la libertad de expresión.
El recorrido del proyecto, ideado por el asesor Santiago Caputo, dista de ser sencillo. El texto no logró despertar el entusiasmo esperado entre los diputados, ni siquiera en el presidente de la Cámara, Martín Menem, y la imposibilidad de conseguir despacho el martes anterior, sumada a la imposibilidad de llevarlo al recinto en la sesión del jueves, alimentó las versiones sobre un posible encajonamiento. A ello se sumó la nueva injerencia de la administración estadounidense, cuyo funcionario expresó su malestar por las sanciones potenciales, lo que reforzó las especulaciones sobre un repliegue oficialista. No obstante, esas versiones reactivaron a la Casa Rosada: el viernes, Caputo desmintió cualquier intención de retroceder y mantuvo un encuentro con Ibarzabal, la diputada Silvana Giudici y el secretario parlamentario, Adrián Pagán, donde se definió aceptar los cambios exigidos por los dialoguistas. Por la tarde, desde el entorno de Menem aseguraron que la intención es avanzar lo más a fondo posible.
Los libertarios reconocen que no llegarán a tratar la iniciativa antes del 18 de noviembre, fecha prevista para la discusión del Presupuesto 2027, y la suspensión de las PASO figura entre las prioridades de la agenda legislativa. En ese contexto, desde la oposición calificaron como inteligente la maniobra de juntar el tratamiento de Malvinas con el presupuesto, ya que podría asegurar el quórum necesario. El sábado, Ravier amplió los detalles a través de su cuenta en la red social X, donde informó que en la reunión de avance participaron diputados del PRO, del MID e incluso del PJ, aunque el peronismo negó haber realizado aportes. Unión por la Patria presentará un dictamen propio centrado exclusivamente en la cuestión de Malvinas, respaldando las sanciones en línea con la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas y sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero rechazando el resto del articulado. Para ese bloque, la iniciativa constituye un caballo de Troya, y habrían sugerido a Menem que lleve a la mesa política la posibilidad de votar únicamente el capítulo de sanciones y desechar los demás aspectos.
Para destrabar la discusión, el oficialismo aceptó negociar modificaciones sustanciales. Buena parte de los cambios giran en torno al artículo 111, que prevé penas de prisión para quienes, bajo financiamiento o instrucciones de actores extranjeros, intervengan en procesos destinados a alterar el funcionamiento institucional, influir en elecciones o promover campañas de desinformación. Los aliados consideran que se trata de un avasallamiento a la libertad de expresión y plantearon borrar directamente ese artículo, reescribirlo eliminando las agresiones o suprimirlo por completo. El otro gran foco de conflicto es el Consejo de Seguridad Nacional, inspirado en el modelo estadounidense, cuya creación el Gobierno justifica en la necesidad de coordinar la Defensa, la Seguridad Nacional, la Inteligencia de Estado, la Cancillería y el Ministerio de Economía. Especialistas en defensa advirtieron que el proyecto concentra de manera exacerbada el poder de decisión en el Presidente, y los dialoguistas cuestionan la delegación de facultades y la falta de controles. La Casa Rosada estaría dispuesta a aceptar la creación de una comisión bicameral que supervise al Consejo, y los aliados reclaman además una representación del Ministerio de Seguridad y un rol de consulta para los bloques, sin una silla específica, atribuyendo a aspiraciones propias de Menem la idea de sumar a las autoridades del Congreso, propuesta que Caputo resiste. Aunque circularon versiones sobre la posibilidad de sumar sillas para las distintas bancadas, la versión final aún no se conoció, y las negociaciones quedaron a cargo de Giudici y Pagán, con final abierto.
El bloque Argentina Federal, que reúne a legisladores misioneros y salteños, se encuentra dividido. Mientras los diputados de Salta se inclinan por acompañar la iniciativa oficial, el misionero Alberto Arrúa busca persuadir a sus compañeros de bancada, argumentando que el Gobierno pone un lindo nombre al proyecto y mete un montón de temas que nada tienen que ver con la soberanía. Se trata de un espacio clave, porque reúne a nueve legisladores que suelen ser decisivos en una Cámara hiperpolarizada, y su postura podría inclinar la balanza en una votación que se anticipa reñida.
