Dos decisiones judiciales sacudieron el tablero: la jueza Capuchetti ordenó preservar pruebas clave y el fiscal de Puerto Iguazú desestimó las denuncias, aunque derivó el expediente a los tribunales de Retiro para investigar posibles delitos del Ejecutivo
El caso de la salida de Flavio Bolsonaro del país con aparente colaboración del gobierno de Javier Milei sumó dos nuevos capítulos judiciales que elevaron el tono del escándalo. En el fuero federal de Comodoro Py, la jueza María Eugenia Capuchetti resolvió, a instancias de la fiscal Paloma Ochoa, resguardar las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron distintos tramos del paso del excandidato a presidente de Brasil por territorio argentino, desde el cruce fronterizo hasta las dependencias de Migraciones, la Aduana y el Aeropuerto Internacional de Iguazú, así como su posterior partida hacia Estados Unidos. En paralelo, la magistrada requirió a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad que precisaran si existían pedidos de cooperación extranjeros, alertas o algún tipo de restricción vigente sobre el senador brasileño.
En simultáneo, el fiscal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, rechazó las presentaciones que habían llegado a su despacho al concluir que, desde la perspectiva migratoria, el ingreso del legislador y su familia al país no presentaba irregularidades. No obstante, para determinar si desde el Poder Ejecutivo se cometieron delitos, remitió el expediente a los tribunales de Retiro. Pese a la magnitud que parece tener el asunto, en el juzgado de Capuchetti todavía no existe una causa penal formalmente constituida: las diligencias dispuestas son apenas «preliminares» y la fiscal Ochoa deberá evaluar si impulsa el expediente, es decir, si considera que pudieron cometerse delitos, más allá de que resulte evidente que el gobierno asistió a Bolsonaro a escapar mientras la justicia brasileña avanza con dos investigaciones comprometedoras en su contra. Establecerlo de manera tan directa no parece sencillo.
Una de esas causas en Brasil investiga evasión y lavado de activos a través de plataformas de apuestas vinculadas a su amigo y abogado Willer Tomaz, en la que ya se había dispuesto el bloqueo de 1.150 millones de dólares. En ese expediente, el juez Alexandre de Moraes le ordenó, una vez confirmado el resultado electoral, que entregara sus pasaportes brasileño y diplomático para impedirle salir del país, medida que no acató. Sin embargo, no existía un pedido de captura internacional. La otra causa también es por lavado y se relaciona con unos 10 millones de dólares atribuidos al exbanquero Daniel Vorcaro, para la película «Dark Horse» sobre su padre, Jair Bolsonaro.
Lo que debería haber ocurrido en circunstancias relativamente normales es que, en cuanto Bolsonaro pretendiera entrar a la Argentina, el gobierno consultara con las autoridades del país vecino ante la situación judicial en la que se encuentra, ampliamente conocida, y en función de ello adoptara una decisión. Pero como resulta evidente, el Poder Ejecutivo argentino decidió participar en todo el operativo para traerlo y para que viajara a Estados Unidos. Por eso no debería sorprender si el trámite migratorio se hizo de forma exprés y sin las exigencias que se aplican al común de los mortales, ni parecer tan descabellada la participación directa de Santiago Caputo con dos peculiares personajes, empleados de Yaciretá.
La Policía Federal de Brasil emitió un comunicado en el que sostiene que no hay registro de la salida de Bolsonaro del país, como si no hubiera pasado por los controles terrestres. Parece más que nada una justificación pública. La fuerza, que había alertado al juez por la posible huida, está atravesada por fuertes internas: un sector conserva nichos bolsonaristas arraigados en provincias con esa impronta, como Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Bolsonaro pasó por alguna de las dos primeras, si es que fue por tierra, o por algún atajo, que son muchos y conocidos en una frontera signada por todo tipo de tráficos. Una hipótesis adicional sostiene que llegó ahí en un avión de Tomaz.
En la justicia federal de Puerto Iguazú se habían presentado denuncias de la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, y de un grupo de abogados. Allí rige el sistema acusatorio, de modo que el fiscal Martínez solicitó una serie de informes migratorios y con eso le bastó para determinar que no había ninguna anomalía en la entrada de Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus hijas Luiza y Carolina. Cotejó además si se había violado algún canal de cooperación regional, pero lo descartó, y tampoco existía pedido de captura internacional. Este fiscal entendió que, si había decisiones políticas de por medio, no era asunto suyo, e incluso que, si se había incumplido lo establecido por el DNU 366/25, que modificó los trámites migratorios, se trataría de una irregularidad solo administrativa. Ese decreto establece el impedimento de ingreso y permanencia en la Argentina para quienes omiten informar sobre la existencia de causas judiciales. Para determinar si se violó la ley en algún otro aspecto, el fiscal misionero envió el resto de la causa a la jueza Capuchetti, por ejemplo para dilucidar si hubo un uso ilegal de la estructura y los fondos del Estado. Su decisión, de todos modos, puede ser evaluada por un fiscal de revisión.
Pagano no tardó en reaccionar en la red social X: «Desde el Gobierno nacional están apretando a la justicia y a los funcionarios de Misiones para que no salgan a la luz las pruebas (fotos y videos) que involucran a funcionarios del Ejecutivo apoyando la fuga de Bolsonaro. Por eso, como imaginé que esto iba a pasar, les aviso algo: la denuncia también la radiqué en los tribunales federales de Brasil». La legisladora afirma que recibió llamados en los que le relataban presiones sobre efectivos policiales involucrados en la custodia de Bolsonaro hasta que despegó, dentro del aeropuerto y en otros lugares donde estuvo Caputo, como un café y el sitio donde durmió.
Las dos primeras denuncias que llegaron a Comodoro Py fueron presentadas por Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, y por el diputado socialista Esteban Paulón. Fueron acumuladas en el juzgado de Capuchetti y en la fiscalía de Ochoa. Esta última, ya en la noche del miércoles, requirió una lista de medidas preliminares para luego definir si existen razones para impulsar una causa penal. En la mañana del jueves, Capuchetti ordenó algunas, no todas, y lo hizo a su estilo, con ciertas vaguedades en la formulación. Quienes la conocen solo recordaban que a principios de este año impulsó el archivo de la causa contra Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili, entre otros, por el acuerdo con el FMI de 57.100 millones de dólares durante el gobierno de Macri. Lo hizo sincronizado con el retiro de la querella del Gobierno y tuvo la causa más de ocho años abierta. Habrá que ver qué hace finalmente con esta investigación sobre la huida de Bolsonaro y qué plantea la fiscalía. Los denunciantes, que apuntaron al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor Santiago Caputo, para empezar, señalaron distintos tipos de posibles delitos: encubrimiento, tráfico de personas, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y facilitación de la permanencia ilegal.
Por lo pronto, Capuchetti solicitó a la Cancillería que informara si antes del paso de Bolsonaro por el país, el 27 de octubre, recibió o cursó comunicaciones, requerimientos o solicitudes de cooperación de autoridades extranjeras vinculadas con su situación judicial o migratoria. A la Dirección Nacional de Migraciones le pidió que detallara los procedimientos de control migratorio aplicados en ambos movimientos, con especial referencia a la documentación exigible y las verificaciones efectivamente realizadas, y que precisara si antes del ingreso recibió alguna alerta o restricción migratoria, prohibición de egreso del territorio brasileño o requerimiento judicial. También ordenó preservar los registros fílmicos de las cámaras de Migraciones en el paso fronterizo entre las 18 y las 23:30 del 27 de octubre de 2026, las filmaciones de ARCA en el Aeropuerto Internacional de Iguazú y los registros de escáner entre las 21 del 27 y la 1 del 28 de octubre. A Gendarmería le requirió las grabaciones del paso fronterizo «Tancredo Neves» del 27 de octubre entre las 18 y las 23:30, y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria le pidió resguardar los registros fílmicos del aeropuerto hasta la 1 de la madrugada del 28. A la empresa Aeropuertos Argentina le solicitó las imágenes donde se observe el ingreso de Bolsonaro y su familia al aeropuerto y el abordaje de tripulantes, pilotos y pasajeros, así como del equipaje ingresado al vuelo de la aeronave Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, que habría despegado ese día a las 23:30 con destino a Guayaquil, Ecuador. El avión privado pertenece a la empresa Baires Fly, que según las denuncias también apareció implicada en otras causas judiciales, como las maniobras de lavado de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Es posible que los organismos estatales respondan que no había alertas, llamados de atención, pedidos de captura, impedimentos ni solicitudes de colaboración internacional. Luego habrá que ver si se analizan las imágenes, donde deberían aparecer los vehículos oficiales utilizados, como la camioneta con chapa diplomática que trasladó a Bolsonaro al aeropuerto, y la presencia de personas vinculadas al Gobierno. En ese caso, qué valor se le otorga a todo eso. Más allá de las figuras penales, no caben dudas de que la administración libertaria ayudó a Bolsonaro a escapar para eludir las investigaciones judiciales en su país y que lo hizo en coordinación con Estados Unidos. Sería clave saber si los Bolsonaro pasaron por el escáner para ver qué llevaban o si hubo una revisión del avión, algo que puede ocurrir con vuelos que se realizan a altas horas de la noche. Mucho más importante sería conocer qué dice el acta de esa revisión, si es que existe.
