La Cámara revisará el caso de Alexia Abaigar y otros cuatro detenidos tras una serie de allanamientos cuestionados. Organismos de derechos humanos denuncian persecución política y exageración en las imputaciones.
La Cámara Federal de San Martín se encuentra ante un caso de alto impacto político y social, al tener que evaluar las detenciones realizadas tras una serie de allanamientos llevados a cabo con un despliegue mediático inusual. Las intervenciones, ordenadas por la jueza Sandra Arroyo Salgado y ejecutadas por la Policía Federal bajo las directivas de la ministra Patricia Bullrich, respondieron a un pedido del diputado José Luis Espert.
Entre los detenidos se encuentra Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, quien ya cumple nueve días en prisión. A pesar de los reclamos de su defensa, la magistrada rechazó su excarcelación, una decisión que ahora será revisada por los camaristas. Se espera que el próximo lunes se defina su situación, mientras organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria han presentado recursos para intervenir en la causa, cuestionando tanto el exceso en los procedimientos como la criminalización de expresiones políticas.
Junto a Abaigar, otras cuatro personas —tres de ellas mujeres— permanecen privadas de su libertad desde el miércoles. Las acusaciones giran en torno a la colocación de un cartel ofensivo frente a la vivienda de Espert y al arrojado de excremento en la vereda. Sin embargo, lo que más llama la atención es la desproporción de las imputaciones: se les atribuyen delitos como «integrar una agrupación destinada a imponer ideas por la fuerza», «amenazas coactivas agravadas» y «actos discriminatorios». El primero de estos cargos conlleva una pena de hasta ocho años de prisión, lo que ha generado críticas por considerarse una interpretación excesiva de hechos que, en esencia, corresponderían a protestas simbólicas.
La sombra de la persecución política
El caso ha despertado fuertes reacciones en el ámbito político. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció en sus redes sociales que Argentina vive «una deriva autoritaria» bajo el gobierno de Javier Milei, calificando las detenciones como parte de un «terrorismo de Estado de baja intensidad». Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof vinculó estos arrestos con la «persecución política» que, según él, también sufrió Fernández de Kirchner, y exigió la liberación inmediata de los detenidos.
Las críticas también apuntan hacia el diputado Espert, quien ha sido señalado por su retórica agresiva contra opositores, incluyendo consignas como «cárcel o bala». El CELS recordó en su presentación que los hechos investigados ocurrieron días después de que el legislador insultara públicamente a Florencia Kirchner en un evento universitario, lo que generó repudio entre los presentes.
Preocupación por la salud de los detenidos
Uno de los aspectos más urgentes es el estado de salud de Alexia Abaigar, quien padece una enfermedad pulmonar autoinmune que requiere tratamiento especializado y condiciones higiénicas adecuadas. El Servicio Penitenciario Federal admitió que no puede garantizarle un entorno seguro si inicia una terapia inmunosupresora, por lo que recomendó evaluar su traslado a un ámbito extramuros. La Procuración Penitenciaria respaldó este pedido con informes médicos, solicitando al menos su prisión domiciliaria.
Su defensa, integrada por los abogados Daniel Llermanos y Adrián Albor, argumentó que no existen motivos válidos para mantenerla detenida, destacando su arraigo y la ausencia de antecedentes. Además, cuestionaron la fundamentación de los «peligros procesales» esgrimidos por la jueza, señalando que no hay pruebas de que su condición de funcionaria obstaculice la investigación.
Definiciones judiciales en camino
Mientras tanto, los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral tendrán la última palabra sobre las apelaciones presentadas. Su decisión no solo afectará el destino de Abaigar, sino que también sentará un precedente sobre el tratamiento judicial de manifestaciones políticas.
El caso ha expuesto tensiones profundas en el sistema judicial y político, con acusaciones de persecución ideológica y un uso selectivo de la ley. Lo que comenzó como una protesta callejera ahora se ha convertido en un litigio que pone en debate los límites entre la libertad de expresión y el poder punitivo del Estado.
