Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, se inició el proceso de licitación para transferir las operaciones de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La adjudicación se concretaría antes de que finalice el año.
El Gobierno nacional puso en marcha formalmente el proceso de reprivatización de los complejos hidroeléctricos de la región del Comahue, tras publicar este miércoles la Resolución 1200/2025 en el Boletín Oficial. La normativa establece los lineamientos para la licitación pública nacional e internacional de las sociedades operadoras de las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyas concesiones —originadas en la década de 1990— vencieron el año pasado y habían sido prorrogadas de manera temporaria.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia de transformación del Estado, que también incluye la aceleración de la venta de otras empresas públicas, como Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). En este caso, la tasación del paquete accionario estará a cargo de un banco público, tal como ocurrió en otros procesos de enajenación patrimonial impulsados por la actual administración.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar todas las etapas del proceso, que incluye la elaboración de pliegos, la recepción de ofertas y la posterior adjudicación. Según se informó, el plazo para realizar consultas vence el 13 de octubre, mientras que la presentación formal de ofertas deberá concretarse antes del 23 del mismo mes. El objetivo oficial es definir a los nuevos concesionarios antes de fin de año, cuando expira la prórroga vigente para los actuales operadores.
Cabe destacar que, según fuentes del Ministerio de Economía, el proceso contó con el aval de los gobiernos de Neuquén y Río Negro, provincias en las cuales se ubican los embalses. “Los nuevos contratos incorporan modificaciones solicitadas por las jurisdicciones que atienden demandas históricas de los últimos 30 años”, señalaron desde la cartera que conduce Luis Caputo.
Una de las novedades más significativas de la futura concesión es que los adjudicatarios podrán comercializar libremente un porcentaje creciente de la energía generada, ya sea en el mercado a término o en el mercado spot, lo que implica un cambio estructural en el modelo de gestión vigente hasta ahora.
La decisión de no fijar un precio mínimo para la recepción de ofertas —es decir, realizar una licitación “sin base”— refleja la intención gubernamental de agilizar el proceso y priorizar la asignación de los activos en tiempo récord. De este modo, el Ejecutivo avanza en su objetivo de reducir la presencia estatal en la generación de energía y transfiere al sector privado el comando de uno de los sistemas hidroeléctricos más importantes del país.
