En una causa por presuntas coimas, la Justicia investiga la fuga de un empresario clave. La pesquisa avanza sobre el entramado familiar dueño de Droguería Suizo Argentina y su vínculo con el poder, mientras se analizan celulares y documentación secuestrada que podrían develar el mecanismo de corrupción.
El caso por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) adquirió un nuevo y significativo giro este domingo, cuando el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria por el delito de encubrimiento a Ariel De Vincentis, el responsable de Seguridad del barrio privado Nordelta. El magistrado sospecha que el empleado habría facilitado la evasión de la Policía de Jonathan Simón Kovalivker, uno de los principales accionistas y presidente de la droguería Suizo Argentina, quien permanece prófugo de la Justicia.
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, se desató a raíz de las denuncias realizadas en una serie de audios filtrados por el ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde alegaba la existencia de maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la comercialización de medicamentos. Tras allanamientos simultáneos en más de diez domicilios realizados el pasado viernes, las autoridades incautaron una voluminosa prueba material: teléfonos celulares, documentación sensible y sobres con importantes sumas de dinero en efectivo.
El núcleo empresarial bajo la lupa es marcadamente familiar. Eduardo Jorge Kovalivker, patriarca del clan, controla el 64,5% de Suizo Argentina, mientras que su hijo Jonathan Simón, el prófugo, posee poco más del 21% y la presidencia. Emmanuel Kovalivker, otro de los hijos, aunque accionista minoritario, tiene un rol activo en la gestión y fue interceptado por la Policía mientras intentaba partir en su vehículo portando 266 mil dólares y 7 millones de pesos, dinero que fue secuestrado junto a su pasaporte. El peso político de la familia se forjó, según las investigaciones, a través de una estrecha amistad con el expresidente Mauricio Macri, con quien Jonathan mantiene un trato habitual, compartiendo partidos de pádel y almuerzos.
El próximo paso crucial para los investigadores consistirá en el minucioso peritaje de los dispositivos electrónicos incautados, una tarea que se anticipa compleja y que podría demandar tiempo extra. El objetivo es doble: recuperar los audios originales de la denuncia y hallar información que corrobore los supuestos acuerdos ilícitos entre la droguería y funcionarios. Hasta el momento, solo Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, colaboró facilitando la clave de su teléfono. Los equipos de Spagnuolo y Emmanuel Kovalivker, este último con un modelo de alta tecnología, aún resisten el desbloqueo.
Paralelamente, otro equipo se abocará al análisis de la documentación secuestrada, tanto en la sede de la ANDIS como en las propiedades de los implicados, en busca de evidencias que tracen una línea clara entre la empresa y el Estado. Una de las hipótesis centrales es que se habría favorecido a Suizo Argentina mediante compras estatales de medicamentos. Otra línea de pesquisa apunta a un supuesto acuerdo por el cual la empresa extorsionaba a sus proveedores, exigiéndoles un incremento en el monto de los sobornos, una maniobra que, según los audios de Spagnuolo, contaba con la anuencia de Eduardo “Lule” Menem.
Mientras se aguarda la definición de la carátula legal definitiva de la causa y la consecuente formulación de cargos, la situación procesal de cada investigado —incluyendo si Spagnuolo será considerado testigo o partícipe— permanece sujeta a las pruebas que surjan de las pericias. La búsqueda de Jonathan Kovalivker, el eslabón perdido y presunto cerebro de la operación, se intensifica, luego de que lograra eludir el allanamiento en su vivienda de Nordelta, en un episodio que ahora involucra a su jefe de seguridad.
