Mientras uno de sus principales accionistas permanece detenido por una causa por enriquecimiento ilícito, datos oficiales revelan que la firma obtuvo contratos por más de $100.000 millones con las carteras de Salud, Defensa y Seguridad de la Nación.
La Droguería Suizo Argentina se erige como una de las principales proveedoras del Estado nacional, habiendo firmado contratos millonarios con tres ministerios clave. La información, de carácter público y accesible a través del portal oficial de compras estatales, detalla que las transacciones superan los cien mil millones de pesos, acumulados desde el inicio de la actual gestión de gobierno.
Este dato cobra una dimensión crítica a la luz de los recientes allanamientos ordenados por la justicia, que culminaron con la captura de Emanuel Kovalivker, uno de los accionistas de la compañía. La detención se produjo en el marco de la investigación por los audios difundidos por el ex titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), Diego Spagnuolo, y encontró al empresario en posesión de importantes sumas en divisas extranjeras y un pasaporte.
Según se desprende de los registros, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, realizó una adquisición de guantes para el Hospital Naval Buenos Aires por un valor que ronda los 105 millones de pesos. Por su parte, la cartera de Seguridad, liderada por Patricia Bullrich, formalizó dos compras de envergadura. La primera, destinada a la Policía Federal Argentina, consistió en medicamentos de alto costo por un monto total de 1.680 millones de pesos. La segunda, para abastecer los botiquines de la División Farmacia de la misma fuerza, involucró fármacos para el control de VIH por un valor de 301 millones de pesos.
La coincidencia temporal entre la escala de las adjudicaciones y la pesquisa por presuntas irregularidades en la anterior administración de la ANLIS, donde la firma también habría tenido una participación relevante, genera un cruce de interrogantes sobre los mecanismos de contratación y control del Estado. La situación coloca bajo la lupa los procesos de compra pública de insumos médicos, un sector tradicionalmente sensible por los volúmenes de dinero que moviliza.
