Relatos de abogados y imputados esbozan un método judicial de presión y coacción para obtener declaraciones. Denuncian que los testigos clave fueron sometidos a condiciones inhumanas y a la amenaza de prisión para que firmaran versiones preescritas.
El Método del Arrepentimiento: Firmar o la Cárcel
Una serie de testimonios provenientes del corazón de la denominada causa Cuadernos comienza a delinear un patrón de actuación que pone en tela de juicio la legalidad de las declaraciones de los llamados “arrepentidos”. Lejos de surgir de una voluntad espontánea de colaborar, las acusaciones señalan que estos testimonios fueron el producto de una sofisticada maquinaria de extorsión y presión psicológica al interior del sistema judicial.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio visibilidad pública a este debate al rescatar la entrevista al abogado Roberto Herrera, defensor de Víctor Manzanares, el contador de la familia Kirchner. Herrera describió con crudeza el calvario de su cliente: treinta días recluido en una celda de la Policía Federal, aislado por completo, con un reflector encendido las veinticuatro horas que le impedía dormir y sin noción del día o la noche. “Sólo faltó que le hicieran el submarino”, ironizó Fernández, en una alusión directa a los métodos de tortura de la última dictadura.
Este relato encuentra un eco perturbador en otros casos. El defensor que inicialmente representaría a Oscar Centeno, el chofer cuya anotación en cuadernos dio origen a la causa, reveló una maniobra idéntica. Sorprendido por las casi trescientas páginas de la declaración, el letrado interrogó a Centeno sobre la maratónica sesión. La respuesta del imputado fue contundente: el encuentro con el fiscal Carlos Stornelli no duró más de veinte minutos. “Me trajeron la declaración y yo tenía que firmar. Si no, me mandaban a una cárcel”, confesó. La supuesta bitácora de la corrupción contenía, incluso, palabras que el propio Centeno desconocía, según admitió ante su abogado.
La presión no se limitaba a testigos de menor rango. El conocido empresario Aldo Roggio, a través de un escrito judicial, detalló cómo el entonces juez Claudio Bonadío torció su voluntad. Luego de haber acordado su situación con el fiscal Stornelli, Roggio fue citado a una audiencia de homologación. Sin embargo, Bonadío introdujo preguntas ajenas al acuerdo, interrogándolo sobre supuestos retornos por subsidios. Acto seguido, durante un cuarto intermedio, el magistrado le advirtió: “el que avisa no traiciona”. El mensaje era claro: o incorporaba la versión de las coimas a su declaración o sería encarcelado en el acto. Sus defensores sostienen que Roggio, compelido por el “temor cierto a perder su libertad”, accedió a narrar hechos extraños a su caso.
La estrategia, según los relatos que se multiplican, era simple y efectiva. Se presentaba a los imputados con una disyuntiva brutal: firmar la declaración preparada de antemano y poder dormir esa noche con su familia, o negarse y ser trasladado inmediatamente a una celda común. La jugada era tan notoria que el propio fiscal Stornelli llegó a popularizar una frase que resonaba como una advertencia en los pasillos de los tribunales: “quedan pocas sortijas”.
Desde su espacio político, Cristina Fernández de Kirchner ha sintetizado estas denuncias en una contundente acusación. Afirma que Stornelli “es el que escribió el guión que se está leyendo en este circo”, y lo señala como el responsable de “extorsionar y llegar a torturar” a los acusados para obtener los testimonios deseados. Para la expresidenta, la reapertura acelerada de la causa Cuadernos carece de fundamento judicial y responde a una lógica pura de distracción mediática: “Si no hay pan, que haya circo”. Estos testimonios, ahora en la esfera pública, plantean una pregunta incómoda sobre los límites de la justicia y la verdadera naturaleza de las pruebas en uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años.
