Un referente histórico de los excombatientes acusa al Presidente de traicionar la causa soberana al adoptar la narrativa del «deseo» de los isleños, favorecer adquisiciones militares estratégicamente dependientes y allanar el camino para la explotación de recursos naturales en manos foráneas.
Un profundo malestar recorre las filas de los veteranos de la guerra del Atlántico Sur. En declaraciones formuladas a este medio, Ernesto Alonso, máxima autoridad del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas con sede en La Plata, lanzó una crítica severa contra la actual administración nacional, a la que acusa de apartarse de los principios constitucionales y plegarse a la agenda del Foreign Office británico. Las afirmaciones surgieron tras la difusión de un duro comunicado institucional que califica al presidente Javier Milei de incurrir en una traición patria, equiparando su postura con la del ya fallecido dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.
Según Alonso, la reciente declaración oficial que condiciona la recuperación de las islas al beneplácito de sus habitantes introduce un actor ilegítimo en la disputa de soberanía. Esta perspectiva, sostiene, reproduce punto por punto la estrategia diplomática diseñada por el Reino Unido hace una década, la cual busca otorgar estatus de parte a la población implantada. El dirigente enfatiza que se manipula el concepto de autodeterminación de los pueblos, reconocido por las Naciones Unidas, para aplicarlo a una comunidad transplantada por un acto de fuerza colonial en 1833, que jurídicamente constituye una «población implantada» y no un pueblo originario con derecho a tal determinación.
Respecto al argumento oficial que justifica un próximo viaje presidencial a Londres como una gestión para desbloquear la compra de material bélico, Alonso lo desmenuza y revela un triple interés subyacente. En primer lugar, advierte sobre una consolidación de la sumisión geopolítica. Adquirir armamento a Estados Unidos o a países de la OTAN, aliados estratégicos de Gran Bretaña, colocaría al país en una situación de extrema vulnerabilidad, repitiendo la trágica experiencia de 1982 cuando se interrumpió el suministro de misiles franceses durante el conflicto. «Optar por aviones F-16 o blindados norteamericanos, existiendo alternativas regionales como la brasileña, o elegir barcazas israelíes cuando el Astillero Río Santiago posee desarrollos propios, no hace más que profundizar esa dependencia», aseguró.
En segundo término, el excombatiente aludió a los opacos mecanismos que suelen rodear las transacciones de defensa, sugiriendo la existencia de sobreprecios, comisiones y retornos ilícitos que beneficiarían a una red de intermediarios y funcionarios. Sin ofrecer pruebas concretas, mencionó en este esquema a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su cónyuge y a un dirigente de la cámara de comercio con Israel.
Finalmente, Alonso se refirió a lo que denominó la «batalla cultural», una narrativa que, según él, busca reivindicar a las Fuerzas Armadas a través de estas adquisiciones, mientras se las desfinancia recortando herramientas legales como el Fondo Nacional para la Defensa y se mantiene a su personal con remuneraciones ínfimas, en un contexto que ha derivado en tragedias personales.
Alonso estableció un polémico paralelismo histórico. Recordó que, pese a su retórica nacionalista, la aventura militar de 1982 resultó funcional a los intereses imperiales, permitiendo al Reino Unido expandir su presencia militar en el Atlántico Sur y proyectarse hacia la Antártida. «La ebriedad de Galtieri era irrelevante; lo central era que trabajaba contra la soberanía. De igual modo, importa poco cuán excéntrico sea Milei; lo importante es que les hace los mandados a los ingleses», sentenció con crudeza.
El dirigente fue contundente al recordar el texto constitucional. Subrayó que la Carta Magna, en su cláusula transitoria primera, consagra la recuperación de las islas como un objetivo «permanente e irrenunciable», obligando a respetar el modo de vida de los habitantes, pero no sus deseos. «Argentina respeta sus derechos, no sus anhelos. Ellos son el producto de una usurpación; por lo tanto, no son titulares del derecho a la autodeterminación», explicó, tildando de «humo» sin validez jurídica iniciativas como el plebiscito organizado por las autoridades coloniales.
Desde una perspectiva estratégica, Alonso alertó sobre la transformación que observa en el archipiélago. Destacó las enormes inversiones británicas en infraestructura portuaria y vial, claramente desproporcionadas para una pequeña comunidad ovina, lo que delata, a su juicio, una preparación para la explotación hidrocarburística y una postura anticipada al eventual fin del Tratado Antártico. Confirmó, además, un cambio demográfico acelerado, con una creciente inmigración de chilenos, filipinos y otros nacionalidades que reducen la proporción de los llamados «kelpers» de generaciones recientes.
El petróleo de clase mundial existente en la plataforma marítima argentina, afirmó, requeriría para su explotación rentable de una refinería continental. «El peor y más humillante escenario posible», vaticinó con amargura, «es que este gobierno termine habilitando esa refinería en nuestro propio territorio, coronando el saqueo». Su reflexión final pintó un cuadro desolador: «Argentina hoy está muy barata. Con un par de valijas de dólares se compran legisladores y se da vuelta la historia». Una advertencia cargada de desilusión y temor por el futuro de la reivindicación soberana.
