La Casa Rosada y sus aliados intentaron capitalizar la concesión de una apelación para instalar la vigencia del esquema represivo. Sin embargo, expertos y la propia resolución judicial son contundentes: la norma fue declarada nula por inconstitucional y esa situación no se modifica hasta que la Cámara se expida.
En un nuevo episodio de interpretación singular, la administración libertaria transformó un mero trámite procedimental en un supuesto aval político. Tras la concesión de un recurso de apelación contra el fallo que anuló el protocolo antipiquetes, desde el Gobierno salieron a festejar una victoria que, en los hechos jurídicos, no existe. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su predecesora, Patricia Bullrich, lideraron una cruzada comunicacional para instalar que el polémico esquema represivo mantiene su validez. “La Justicia nos dio la razón”, proclamó Monteoliva. No obstante, especialistas consultados por este diario fueron categóricos: lo que rige en este momento es la sentencia del juez Martín Cormick, que declaró la nulidad absoluta del protocolo por legislar vía administrativa y vulnerar garantías constitucionales. La admisión de la apelación no suspende ni borra ese dictamen, por lo que, hasta que la Cámara Nacional se pronuncie, el instrumento carece de efecto legal.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resumió la estrategia oficial en las redes sociales: “El protocolo antipiquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin”. La primera plana gubernamental salió así a promover un ficticio respaldo judicial a un reglamento ministeriales diseñado a fines de 2023 para reprimir la protesta social, avanzando sobre derechos fundamentales y usurpando atribuciones del Poder Legislativo. Bullrich, ahora senadora, añadió su celebración antes incluso de que se presentara formalmente la apelación, atacando al magistrado interviniente: “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre falla contra el Gobierno”.
Los analistas coinciden en que este movimiento busca relanzar una agenda punitivista y recuperar centralidad política en la antesala del debate por la reforma del Código Penal, tras un período de sesiones extraordinarias con escasos logros legislativos. El protocolo, presentado junto con el DNU de desregulación y la Ley Bases, funcionó desde el inicio como un símbolo de la profunda redefinición del marco de derechos impulsada por el oficialismo y como una prueba de los límites de la aceptación social frente a un giro represivo.
Organizaciones de derechos humanos habían alertado desde un principio que el argumento del “orden del tránsito” operaba como un mero pretexto para ampliar desproporcionadamente el accionar policial. Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció que se utilizó como “un paraguas para desplegar operativos violentos” y evitar manifestaciones frente al Congreso.
La resolución judicial que ahora es apelada fue contundente. El juez Cormick hizo lugar al amparo colectivo del CELS y fundamentó la nulidad en que el Ministerio de Seguridad carece de competencia para definir conductas delictivas, una facultad que la Constitución Nacional reserva exclusivamente al Congreso. La decisión fue celebrada como un “precedente de enorme relevancia institucional” por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que subrayó la reafirmación de que la gestión del orden público en contextos de protesta debe guiarse por el respeto a las garantías constitucionales y el uso excepcional de la fuerza.
Las repercusiones no se hicieron esperar. Víctimas de la represión aplicada bajo este protocolo, como Matías Aufieri –abogado que perdió un ojo por un disparo policial–, advirtieron que el esquema “impuso una intervención federal ilegal” y actuó “por encima de cualquier control judicial”. Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó que siempre sostuvo la inconstitucionalidad del instrumento y sugirió que, si el Gobierno está tan convencido de su validez, recurra directamente a la Corte Suprema.
Mientras el oficialismo insiste en su triunfalismo, las fuentes legales consultadas son claras: si la administración decide aplicar el protocolo durante este interín, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad, a sabiendas de que existe una sentencia firme que lo anuló. La pulseada, por ahora, se traslada a la Cámara de Apelaciones, pero el festejo gubernamental parece más un intento desesperado por ocultar la derrota legal y la parálisis legislativa que un reflejo de la realidad jurídica.
