Con el reclamo histórico por ingresos y medicamentos como bandera, y nuevas causas como el desmantelamiento del Plan de Cardiopatías Congénitas, una multitud conformada por adultos mayores, personas con discapacidad y organizaciones sociales mantuvo viva la cita semanal frente al Parlamento, en un acto de resistencia que suma voces frente a un panorama que definen como desesperante.
El primer miércoles del año encontró, una vez más, a la Plaza de los Dos Congresos tomada por una protesta que se niega a extinguirse. Lejos de amainar con el receso estival, la movilización semanal de los jubilados regresó con su persistente vigilia, tejiendo un nuevo capítulo en su extensa lucha por una vejez digna. Bajo un sol que pronto se eclipsó tras un manto de nubes, la columna se nutrió de las habituales banderas y chalecos identificatorios, del acompañamiento de colectivos de personas con discapacidad y de organizaciones gremiales, y hasta de un ritmo festivo impuesto por hinchas con bombos y trompetas, en un contrapunto musical que no logra opacar la gravedad de los motivos del encuentro.
La manifestación transcurrió con una tensa calma, custodiada por un amplio operativo de la Policía Federal que, en esta ocasión, permitió el desarrollo de la tradicional vuelta a la plaza sin mayores interferencias. Entre la multitud, Silvia Gabai, con su chaleco naranja, encarnaba la doble batalla de millones: la de ser jubilada y persona con discapacidad. «Castigada por este gobierno por ambos lados», como ella misma afirma, lleva «muchísimos años» en esta cita callejera, convencida de que la victoria sólo se conquista en el espacio público. Su testimonio refleja un drama colectivo agudizado: pensiones que, incluso superando la mínima de 419 mil pesos, resultan insuficientes para cubrir la alimentación y la creciente carga de medicamentos.
El reclamo central, que se ha intensificado durante la gestión del presidente Javier Milei, apunta directamente al acceso a la salud. La eliminación por parte del PAMI, en diciembre pasado, de la cobertura total de los fármacos y la casi inaccesibilidad para obtener turnos, han agregado un estrato adicional de angustia a la ya crítica situación económica. «Este es un gobierno liberticida, mentiroso y fascista que nos quita todos los derechos», exclamó con crudeza Eda Beitia, de Jubilados Clasistas, sintetizando el ánimo de profundo descontento que recorre la plaza.
Como suele ocurrir en estas concentraciones, el micrófono se abre para ampliar el eco de otras luchas entrelazadas. Natalia Miranda, madre de León, un niño de 10 años con síndrome de Marfan y una cardiopatía congénita, tomó la palabra para dar voz a un nuevo frente de desmantelamiento. Relató cómo la Ley 27.713, que creó el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, garantizaba hasta hace poco tratamientos, operaciones a tiempo y traslados seguros para familias de todo el país. Hoy, ese plan yace desarticulado. «Funciona como un piloto automático que va de cadena en cadena», denunció Natalia, mientras su hijo, con una remera de Maradona, la acompañaba. La saturación de los hospitales de referencia y el «efecto dominó» que deja a las provincias en la intemperie, pintan un panorama desolador para quienes dependen de una atención oportuna.
Al tradicional repudio a las políticas económicas y previsionales, se sumó en esta jornada el rechazo a la intervención estadounidense en Venezuela, recordando que la protesta local se enmarca también en una solidaridad internacionalista. Así, entre consignas históricas y emergentes, bajo un cielo que finalmente se cubrió por completo, la ronda de los miércoles demostró, una vez más, que es más que una marcha: es un termómetro social, un espacio de contención y un testimonio persistente de que, para miles, el descanso sigue siendo un privilegio inalcanzable. La lucha, lejos de amainar, se ramifica y profundiza, mostrando que la calle sigue siendo el último refugio para quienes sienten que sus derechos se desvanecen.
