Una presentación multipartidaria en la Cámara Baja busca esclarecer la finalidad y el financiamiento de las últimas treinta incursiones al exterior del jefe de Estado, en medio de sospechas sobre el uso de recursos públicos para encuentros ideológicos y eventos privados que habrían generado millonarias ganancias a organizaciones vinculadas a la derecha internacional.
En las últimas horas, un frente integrado por trece legisladores nacionales ingresó un pedido de informes destinado a desentrañar los pormenores de las recientes excursiones internacionales del primer mandatario. La iniciativa, que lleva las firmas de representantes de distintos bloques opositores, cuestiona duramente el destino de los fondos estatales empleados en desplazamientos que, a criterio de los firmantes, parecen responder más a afinidades partidarias y compromisos ideológicos que a los lineamientos tradicionales de la política exterior argentina.
Los parlamentarios sostienen en el documento que la gestión de los vínculos externos debería ajustarse a principios de razonabilidad, eficiencia en la utilización de los recursos y una clara finalidad pública. Sin embargo, advierten que una porción significativa de las actividades desarrolladas en el exterior por el Presidente se aparta de dichos parámetros, derivando en convocatorias de corte ideológico o encuentros con organizaciones afines al espacio político que conduce, donde el interés personal del funcionario parecería primar por sobre las necesidades de la Nación.
La presentación cobra relevancia si se considera la intensidad de la agenda internacional del jefe de Estado en los últimos días. En el transcurso de una sola semana, el mandatario participó en un foro económico desarrollado en la capital española, donde ofició como orador central en un evento organizado por dos firmas con domicilio fiscal en Andorra, una jurisdicción considerada paraíso fiscal. A esa intervención le siguió, sin solución de continuidad, un viaje hacia Budapest para sumarse a una cumbre de organizaciones conservadoras alineadas al expresidente estadounidense Donald Trump, con quien mantiene una fluida relación política.
Los legisladores pusieron la lupa en los mecanismos de financiamiento de estas giras, señalando una serie de irregularidades que podrían constituir ilícitos. En el caso del foro madrileño, la venta de entradas alcanzó los dos mil quinientos euros por persona, lo que evidencia, según la denuncia, que terceros lucraron con la presencia del jefe de Estado argentino. Ante esa situación, los diputados plantean un dilema jurídico: si el erario público sufragó los costos del desplazamiento, se habrían destinado fondos ilegales para una actividad de tinte partidario; en cambio, si los organizadores privados asumieron los gastos, la operación podría encuadrarse en una dádiva ilegal, asimilable a un cohecho.
El detalle de los desembolsos vinculados a esa travesía resulta particularmente llamativo. El mandatario se hospedó en la suite presidencial de un hotel de la cadena Hyatt Regency Hesperia, cuyo valor por noche ascendía a cinco mil doscientos euros. A ello se suman los costos de alojamiento del resto de la comitiva, que incluyó a la hermana del Presidente, al canciller, a personal de ceremonial y a los responsables de la custodia. Pero el rubro más abultado corresponde al traslado en la aeronave presidencial, cuyo funcionamiento para un solo viaje oscila entre los trescientos mil y los quinientos mil dólares, dependiendo de factores como las escalas técnicas y el tiempo de estacionamiento en pistas extranjeras.
La presentación fue impulsada por el diputado Nicolás Trotta, perteneciente a Unión por la Patria, y contó con la adhesión del jefe de ese bloque, Germán Martínez, además del radical Nicolás Massot, de Encuentro Federal, Carlos Castagneto y otros nueve legisladores de distintas fuerzas opositoras. En sus fundamentos, los congresistas remarcaron la necesidad de determinar la naturaleza exacta de cada uno de estos desplazamientos, especialmente en un contexto doméstico signado por el desfinanciamiento educativo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el aumento de la desocupación y el cierre de numerosas empresas. Sostienen que, bajo esas circunstancias, cualquier excursión oficial debería cumplir, como mínimo, con objetivos institucionales claramente definidos y susceptibles de ser evaluados en términos de resultados concretos para el país.
El análisis de los antecedentes refuerza las sospechas de los legisladores. Según relevaron, en más de la mitad de las aproximadamente treinta incursiones internacionales realizadas en los últimos dos años, el Presidente no mantuvo encuentros bilaterales con los jefes de Estado de los países anfitriones. Tal es el caso de sus apariciones en eventos organizados por la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) en distintas ciudades estadounidenses, en su intervención en foros derechistas en España, o cuando recibió distinciones por parte de instituciones privadas como la comunidad judía ortodoxa en Miami o el Instituto Juan de Mariana en Madrid. Incluso en los quince viajes a Estados Unidos desde que asumió el cargo, solamente en seis oportunidades se registraron encuentros formales con Donald Trump, dos de los cuales fueron calificados por los denunciantes como fugaces cruces en el marco de actos privados.
La cuestión de los viajes presidenciales con fines partidarios ha generado extensos debates en el ámbito internacional, aunque existe un consenso generalizado respecto a que los gastos derivados de actividades proselitistas deben ser afrontados por los propios partidos políticos. En Estados Unidos, la normativa establece que cuando un mandatario se desplaza a un evento de su fuerza, la organización partidaria debe reintegrar al Estado un monto equivalente al costo de pasajes en primera clase para todos los miembros de la comitiva, incluidos los custodios. No obstante, el elevado costo operativo del Air Force One, que ronda los doscientos mil dólares por hora, determina que esos reembolsos nunca cubran la totalidad del gasto, aunque en la práctica los partidos terminan desembolsando sumas millonarias para aliviar la carga fiscal.
El caso del actual presidente estadounidense resulta paradigmático en este sentido. Trump enfrenta denuncias por el uso habitual de sus propiedades privadas para la realización de eventos oficiales, como la reciente cumbre de líderes latinoamericanos celebrada en un complejo de su propiedad en Doral, donde también participó Milei. En esas ocasiones, se ha cuestionado que los alojamientos para jefes de Estado y sus custodios se facturan a precios superiores a los que se ofrecen al público general, bajo el argumento de que la realización de un evento impide la comercialización de otras habitaciones. Cuando la actividad es de naturaleza partidaria, la factura se dirige al partido, pero en cualquier caso el Estado termina siendo el perjudicado.
En la misma línea se inscribe la utilización del hotel que el magnate posee en Washington, el cual, según documentación periodística, pasó de registrar pérdidas a generar sustanciosas ganancias una vez que su propietario llegó a la Casa Blanca, debido a la cantidad de eventos gubernamentales que allí se realizan. En otras naciones existen legislaciones similares que, si bien no logran recuperar la totalidad de los gastos cuando un presidente participa en actividades de su fuerza política, al menos establecen un mecanismo de facturación a los partidos para que asuman una parte de los costos.
Los parlamentarios argentinos advierten, además, un patrón recurrente en la mayoría de las travesías del jefe de Estado: la generación de ganancias para actores privados o para organizaciones sin vínculo con la administración pública. En la CPAC realizada en Mar-a-Lago, el acceso tenía un valor que oscilaba entre los cinco mil y los veinticinco mil dólares por persona; en la edición de Washington, los pases más económicos se comercializaron a cuatrocientos dólares; y en la cumbre que este fin de semana se desarrolla en Hungría, el precio ronda los trescientos dólares. En abril del año pasado, una comunidad judía ortodoxa de Miami distinguió al Presidente con un galardón denominado Embajador Internacional de la Luz, un reconocimiento de escasa trayectoria que no había sido otorgado antes a ningún otro jefe de Estado. Para acceder a la mesa principal de esa ceremonia, los interesados debían abonar diez mil dólares.
La organización del foro económico madrileño, según reveló una investigación periodística, estuvo a cargo de dos empresas radicadas en Andorra. Los responsables del evento aclararon que el mandatario argentino no percibió honorario alguno por su disertación, lo que, según los denunciantes, no hace más que confirmar que se utilizó la investidura presidencial para facilitar un negocio rentable a terceros. La misma lógica se aplicaría a las restantes participaciones en eventos pagos organizados por entidades privadas, ya sea la CPAC o la agrupación religiosa que lo distinguió en Miami.
En la columna de los egresos, en cambio, todo indica que los costos son soportados de manera mayoritaria o total por el Estado argentino. El Poder Ejecutivo no ha informado hasta el momento que alguna de las organizaciones mencionadas haya afrontado parte de los gastos, ni ha detallado cómo ni en qué magnitud se habrían producido eventuales ingresos para las arcas públicas. Los legisladores sostienen que, incluso en el hipotético caso de que existieran tales reintegros, se estaría frente a una situación de ilegalidad, dado que organizaciones particulares estarían costeando traslados y alojamientos de lujo para el Presidente, una situación que califican como una dádiva inaceptable.
Por todo ello, el pedido de informes exige un detalle pormenorizado de cada viaje, discriminando todos los costos involucrados y las fuentes de financiamiento. Además, los diputados anticiparon que presentarán un pedido de acceso a la información pública para que la Secretaría General de la Presidencia remita el listado completo de los desplazamientos internacionales efectuados, con indicación de los destinos, fechas exactas, duración y carácter de cada uno (oficial, privado o mixto). En particular, requieren que se identifiquen aquellos viajes vinculados a conferencias, cumbres ideológicas, premiaciones o reuniones con referentes políticos afines, así como la existencia o no de una agenda oficial de Estado durante esas travesías.
Los firmantes subrayan que el reclamo no se limita a una cuestión de austeridad fiscal en un momento en que el país atraviesa un ajuste demoledor. Sostienen que los elementos reunidos justifican una investigación de índole penal, en virtud de que podrían configurarse delitos de acción pública. En su argumentación, los diputados vincularon este escándalo con otras aristas controversiales de la gestión libertaria, como el episodio vinculado a la criptomoneda Libra, las denuncias por irregularidades en el área de Discapacidad o la súbita aparición de bienes de alta gama —relojes, automóviles, propiedades en countries— que han ido salpicando el día a día del oficialismo. Para los legisladores, las travesías presidenciales de lujo constituyen una pieza más de un entramado que requiere ser esclarecido en su totalidad.
