Mientras las negociaciones por los cargos estratégicos se intensifican tras el receso, el bloque gobernante concentra sus fuerzas en la conquista de dos bastiones legislativos clave. El objetivo es consolidar una barrera de contención que permita aislar los expedientes más explosivos, desde la controversia por la criptomoneda $LIBRA hasta el manejo de los servicios de inteligencia y las recientes polémicas que salpican al entorno del jefe de Gabinete.
En el intrincado tablero del poder legislativo, ha comenzado a definirse una nueva partida que tendrá implicancias directas en la gobernabilidad futura. La Libertad Avanza ha desplegado sus fichas con una estrategia clara: no dejar librados al azar los destinos de las comisiones que, por su naturaleza, se convertirán en el epicentro de las tormentas políticas. El foco de atención se posa en dos ámbitos parlamentarios considerados estratégicos, verdaderos botines de guerra cuya posesión podría significar la diferencia entre la exposición permanente o la administración controlada de las controversias que acechan al Poder Ejecutivo.
Mientras se ultiman los detalles de las integraciones de los distintos cuerpos legislativos —con 18 bancas repartidas en la Cámara baja y 9 en el Senado durante los últimos movimientos—, la cúpula libertaria ha puesto toda la carne en el asador para asegurarse el dominio absoluto de la Comisión de Juicio Político en Diputados y la Bicameral de Inteligencia. Estas dos mesas de trabajo, según anticipan las proyecciones, se convertirán en el cuello de botella por donde deberán pasar algunos de los expedientes más espinosos que enfrenta la administración nacional. Entre ellos se destacan las denuncias vinculadas al escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, la supervisión de los fondos y operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), así como las eventuales pesquisas relacionadas con la difusión de imágenes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en instalaciones aeroportuarias de San Fernando, un episodio que desató una serie de especulaciones sobre filtraciones en los ámbitos de seguridad.
La estrategia oficialista no es fruto de la casualidad, sino de una reciente memoria institucional aún fresca. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha puesto especial celo en evitar la repetición de un episodio que casi le arrebata el control de una de estas comisiones en el pasado. El antecedente de la diputada Marcela Pagano, quien intentó hacerse con la presidencia de la Comisión de Juicio Político apoyada por sectores opositores y sin el visto bueno de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, funciona como una advertencia constante. Para conjurar cualquier riesgo de desvío, la idea es no dejar margen a las sorpresas: se busca que el mando de ese cuerpo recaiga en un operador de confianza plena, un leal que garantice que los tiempos y los dictámenes se alineen con los intereses del Ejecutivo.
Todo indica que el nombre designado para cumplir ese rol de contención es el del legislador Gabriel Bornoroni, un aliado incondicional cuya fidelidad ha sido probada en las votaciones más álgidas. La conformación formal de esta comisión, que se estima quede oficializada después del receso por Semana Santa, se perfila como el primer gran test de la capacidad del oficialismo para blindar a sus funcionarios ante eventuales pedidos de juicio político.
Simultáneamente, en el otro flanco considerado sensible, la Bicameral de Inteligencia, la jugada se inclina hacia un dirigente con mayor peso político específico. En esa esfera, vinculada a la supervisión de los organismos de información y seguridad, los planes del oficialismo apuntan a poner al frente al actual presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. La maniobra no solo busca sumar un aliado de peso en un área que requiere manejo de información reservada, sino también consolidar una alianza legislativa que amplíe el paraguas de protección sobre los expedientes vinculados a la actividad de la SIDE.
Lo cierto es que ambas comisiones, más allá de sus atribuciones formales, representan un potencial dolor de cabeza para el Gobierno si quedan en manos de facciones díscolas o de la oposición dura. Por ello, la premisa que guía las negociaciones de las últimas horas es la de sumar una abrumadora cantidad de integrantes afines en estos cuerpos, garantizando así que cualquier iniciativa que busque investigar a fondo los escándalos en danza pueda ser diluida, entorpecida en su tratamiento o directamente archivada antes de alcanzar el recinto. En este contexto, la pulseada por las presidencias no es otra cosa que la antesala de una batalla mayor: la definición de quién tendrá la llave que abre las puertas de los expedientes más incómodos para el poder.
