El organismo rector de las casas de altos estudios advirtió que la comunidad educativa volverá a inundar las calles del país durante la primera quincena del quinto mes del año, en caso de que la administración de Javier Milei continúe sin acatar la normativa de financiamiento sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia. La amenaza de protesta surge a escasas horas de que expire el plazo judicial que obliga al Ejecutivo nacional a transferir más de dos billones y medio de pesos a las cincuenta y seis universidades estatales.
El máximo órgano que aglutina a las instituciones universitarias públicas de la Argentina lanzó una severa advertencia al oficialismo: si el gobierno de Javier Milei no se aviene a respetar la Ley de Financiamiento Universitario, convocará a una nueva y multitudinaria marcha de alcance nacional en los primeros quince días de mayo. La confirmación de esta medida de fuerza colectiva se conoce en un momento crítico, cuando el reloj judicial marca las horas finales del plazo otorgado al Estado Nacional para enviar los recursos comprometidos a las distintas sedes académicas. De acuerdo con información proporcionada por voceros oficiales al medio El Destape, la administración libertaria presentará un recurso extraordinario federal con el objetivo de eludir el pago de la deuda acumulada con el sistema universitario.
En un comunicado de tono enfático, el Consejo Universitario Nacional (CIN) explicitó las condiciones que desencadenarían la protesta: la falta de respuestas concretas, el menoscabo a una ley aprobada por las dos cámaras legislativas y la desobediencia a un fallo judicial que exige su inmediata instrumentación. Ante ese escenario, la entidad anticipó que volverá a interpelar a la sociedad argentina para que se exprese masivamente en defensa de la educación, la universidad pública y la actividad científica del país. Esta será la cuarta Marcha Federal Universitaria, después de la jornada de septiembre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial y terminó ratificando la norma.
El pronunciamiento del organismo que nuclea a las universidades nacionales se produce cuando este viernes vence el mandato judicial que obliga al Ejecutivo a girar 2,5 billones de pesos a las cincuenta y seis casas de estudio dependientes del Estado central. El texto del CIN apeló a una retórica patriótica y emocional: recordó que la nación es su universidad pública, que sus integrantes son hijos e hijas de una patria que supo forjar una herramienta de movilidad social ascendente sin parangón en el mundo, un espacio que alberga la esperanza y materializa los anhelos de miles de jóvenes, familias y de la sociedad entera.
El fallo judicial ignorado y las consecuencias del incumplimiento
Para las autoridades universitarias, la ausencia de vigencia efectiva de esta ley está llevando a las instituciones académicas y a la ciencia nacional a un estado de agonía. En todos los órdenes, advirtieron, se está operando a medio gas, con todas las dificultades que ello conlleva. Sin embargo, el punto más crítico señalado por el comunicado es el salarial: sin retribuciones dignas para docentes y personal no docente no puede existir una universidad de excelencia, por lo que resulta impostergable resolver la angustiante e injusta situación de los trabajadores educativos, así como actualizar los programas de becas destinados a los estudiantes.
En ese contexto, el CIN puso de relieve el reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, emitido apenas dos semanas atrás, que dispuso al Estado Nacional garantizar la cabal aplicación de la ley y asegurar los recursos presupuestarios previstos para el normal funcionamiento del sistema universitario público. Pero, a pesar de contar con una norma sancionada por el Poder Legislativo y con una resolución judicial que ordena su acatamiento, las universidades denunciaron que el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas brillan por su ausencia.
Ante esta situación de flagrante desacato, el organismo rector ya notificó al Poder Judicial sobre el incumplimiento y remitió una carta documento a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para exigir la convocatoria urgente a la mesa paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos quinto y sexto de la Ley de Financiamiento Universitario. La pelota, ahora, está en el tejado del Ejecutivo y de los tribunales, mientras las calles se preparan para una nueva oleada de protestas si la justicia y la ley siguen siendo ignoradas.
